El llamado del Parlamento israelí para que el gobierno de Ariel Sharón exija la extradición de militares argentinos implicados en violaciones de Derechos Humanos de judíos o israelíes para su juzgamiento en Israel, junto con una lista de 99 militares argentinos cuya entrada se prohibió en Israel, causó un serio revuelo en las cancillerías de Buenos Aires y Jerusalem.
Llamados telefónicos, averiguaciones, email y fax, fueron parte de los sistemas de comunicación utilizados por las partes para averiguar -desde Buenos Aires- , hasta dónde llegará Israel con este tema.
Mientras que, en Israel, la Cancillería intentaba explicar por qué la extradiciones solicitadas no son posibles de exigir dado que entre ambos países no existen tratados de extradición.
Pinjas Avivi, quien en su función de Subsecretario de la Cancillería para América latina, encabezó la Comisión innterministerial de investigación del tema, comentó: “La falta de acuerdos de extradición nos impide exigirle ese cumplimiento a la Argentina. Es por ello que optamos por la prohibición de entrada de 99 militares argentinos a Israel, a la par de abogar por el juzgamiento de los criminales en el lugar de los crímenes”.
El 12 de agosto, en el marco del diálogo estratégico entre Argentina e Israel, Avivi habrá de presentar oficialmente, a las autoridades argentinas, el informe de la Comisión, una de cuyas conclusiones es exigir al gobierno argentino la apertura de las fosas anónimas, con la intención de identificar a los muertos y ofrecerles una sepultura digna a cada uno de ellos.
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