En medio de una ola de noticias llegadas desde México, España y el mundo, acerca de la posibilidad de extradiciones de militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad, el plenario del Parlamento israelí analizó el informe que presentara semanas atrás la Comisión interministerial de estudio del tema de los casi 2.000 desaparecidos judíos durante la Dictadura Militar en la Argentina, una de cuyas recomendaciones ya fue implementada -prohibiendo la entrada de 99 militares argentinos -ver la nómina en nuestra edición anterior- encabezados por el por el reciente dimitido General Brinzoni-.
Tanto en la investigación realizada por la Comisión, como en la redacción del informe final, participaron altos funcionarios de la Cancillería y el ministerio de Justicia israelí, representantes de los familiares de las víctimas residentes en Argentina e Israel e investigadores académicos.
Durante tres años la Comisión recabó testimonios de víctimas y familiares de las mismas, tanto por escrito como en audiencias públicas realizadas en Israel y en una visita que hicieran a la Argentina, en septiembre de 2001.
El informe de la Comisión describe acciones de salvataje -a perseguidos durante ese período- por parte de Israel e instituciones judías, pero deja en claro que podría haberse hecho mucho más, de no haber sido por trabas de diferentes tipos.
La sesión
El primero de los oradores fue el jefe de la bancada oficialista, Guidon Saar, cuyo tío fue un detenido desaparecido -en la Argentina- que Israel sí lograra liberar. Saar apoyó las conclusiones de la Comisión y agregó un llamado al gobierno argentino para que permita la apertura de tumbas anónimas, la identificación de los restos, posibilitando una sepultura digna para los muertos. “Triste es hablar de un tema como este, bajo la sensación que Israel fracasó en el resguardo de sus hermanos judíos en la Argentina, concluyó Saar.
Quien elevó el tono de la sesión fue el diputado Iosi Sarid, del Frente de Izquierda Meretz, quien ya en 1976 denunció el silencio israelí frente a la violación de los Derechos Humanos bajo la dictadura en la Argentina, encontrando -ayer y hoy- la razón del silenciamiento en el deseo de mantener buenas relaciones, buenos negocios y entre ellos la ininterrumpida venta de armas a la dictadura.
Sarid acusó del silenciamiento a los gobiernos israelíes, a los diputados -que aceptaron no tratar el tema por supuestas “cuestiones de seguridad”- y a los medios de comunicación israelíes que callaron cuando no debían.
Sarid reveló que en los archivos la Cancillería y el Ministerio de Defensa hay pruebas que niegan la versión acerca de la “ignorancia” respecto los hechos, “pruebas que se trataron de ocultar para no molestar a las ‘buenas relaciones’, y entre ellas la venta de armas”.
Sarid propuso seguir el camino de España y exigir la extradición de militares argentinos para su juzgamiento en Israel, una propuesta que el ministro Guidon Ezra -en el pasado subjefe de los servicios de seguridad (Shabak)- consideró digna de ser adoptada.
Finalmente, la decisión del plenario fue unánime, y al llamado a extradición se sumó la solicitud al gobierno argentino de apertura de fosas (ver aparte), mientras que en el terreno interno se decidió que el tema de las violaciones de Derechos Humanos en general y durante la dictadura miliar argentina en particular, se convertirían en temas de estudio en el sistema educativo israelí.
Efraim Zadoff, historiador israelí de origen argentino y representante en la Comisión de los familiares de las víctimas residentes en la Argentina, comentó a Nueva Sión que “es importante que por primera vez, a raíz de nuestro informe -cuya conclusión principal es que Israel podría haber hecho más por la aparición con vida de desaparecidos- la Kneset hable abiertamente de la responsabilidad israelí en la tragedia”.
