Al derogar Néstor Kirchner el decreto que impedía la extradición de los militares y civiles complicados con los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, deja a la intemperie a los imputados por los jueces españoles, franceses y alemanes y abre la posibilidad para su juzgamiento en el exterior.
La jurisdicción de los jueces extranjeros todavía está vigente porque la Corte Penal Internacional todavía no funciona totalmente ante la resistencia norteamericana que quiere impedir que se extradite a sus propios criminales, como es el caso del ex ministro e ideólogo del presidente Richard Nixon, el doctor Henry Kissinger, reclamado por la justicia europea.
Kirchner ha cumplido, nuevamente, con la palabra empeñada. Derogó el decreto delarruísta, pergeñado y apoyado por su ministro Eduardo Jaunarena y por Ricardo López Murphy. Resulta ridículo que López Murphy ahora recuerde la cuestión de la “soberanía” argentina cuando durante el menemismo y el gobierno de la Alianza se consolidó el sistema de factoría que nos hizo perder la soberanía política y económica. López Murphy apoya todas las formas jurídicas y procesales que impiden juzgar a los criminales del Proceso.
El presidente Kirchner se resistió a cambiar ahora la Ley de extradición para moderar algunos de sus aspectos, por ejemplo, cambiar la parte que conmina de manera tajante a los jueces a detener a los imputados por jueces extranjeros, y buscar otra redacción nueva que relativizara esa obligación y los dejara a los magistrados argentinos con un marco más amplio para actuar, es decir cambiar el texto actual por un “podrían” detenerlos, sin ser ello obligatorio.
El Juez Rodolfo Canicoba Corral ha sido diligente en el cumplimiento del pedido de la Justicia española, principalmente del magistrado Baltazar Garzón.
La Obediencia Debida peor que Hitler
La Ley de Obediencia Debida, arrancada al ex presidente Raúl Alfonsín por la fuerza de dos levantamientos militares sublevados, es realmente una ley infame, ilegal, inconstitucional y contraviene toda la legislación penal argentina y extranjera. Es peor que la otra Ley de Punto Final, que también es inconstitucional.
Pocos recuerdan que Hitler, en los primeros años de gobierno, quiso reformar el Código Militar prusiano de 1870, modelo de la pretendida justicia castrense y destinado a juzgar con espíritu corporativo a los militares, en aquel caso, alemanes.
El Código Militar de 1870 no contenía mención alguna a la “obediencia ciega”, porque de eso se trata, no es “obediencia debida” sino “obediencia ciega” para justificar crímenes o delitos al margen de los hechos bélicos. Sobre el sentido de la “obediencia ciega” se han referido juristas como Luis Jiménez de Azúa, Sebastián Soler, Ricardo Núñez, entre muchos otros.
Ahora, cuando los militares y sus apoyos civiles obligaron a dictar esas leyes ignominiosas -Punto Final y Obediencia Debida-, ante el temor de que se los lleven a jurisdicciones en el extranjero, intentan la derogación de las mismas para que sean ahora juzgados en la Argentina. Los militares piensan que aquí podrán presionar a los jueces y para ello tienen a muchos civiles, políticos, periodistas y otros afines al régimen videlista.
La doble moral
Vico diría que es el ‘corsi e ricorsi’ de la historia. Los diarios económicos, los amigos de la dictadura y algunos abogados defensores de criminales de lesa humanidad, hablan de la “soberanía” argentina. No tienen vergüenza, cuando fueron ellos los que impusieron esas leyes con la complicidad de la clase política, especialmente los legisladores que las votaron.
Incluso muchos alfonsinistras, que eran el “progresismo” de la época, hablaron del “sentido común” y “racionalidad” utilizados por Alfonsín.
Hay otros dos temas. López Murphy y todos los neoliberales, como Domingo Cavallo, María Julia Alsogaray, Dromi y otros, cuando apoyaron o redactaron los contratos de enajenación de las empresas públicas, pactaron la jurisdicción y la actuación de los jueces extranjeros. Es decir que hay una doble moral, una doble utilización de los institutos jurídicos.
El otro tema es que los jueces extranjeros reclaman a los imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, torturas y otras vejaciones y delitos cometidos contra españoles, franceses o alemanes. Los muertos argentinos quedan fuera de la jurisdicción extranjera. Lo cual es muy injusto.
Pero lo único cierto es que los imputados están acorralados. Serán juzgados en el extranjero o en la Argentina si se derogan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Es posible que ocurra como con el tirano chileno, Augusto Pinochet, pero los últimos años de vida de los criminales -como Alfredo Astiz- no será de total impunidad. No los van a salvar de las causas judiciales ni Roberth Potash, Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, Ambito Financiero, Radio 10 y Canal 9, entre otros panegiristas de la dictadura.
