Cumpliendo con sus anuncios previos, el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto que prohibía extraditar a ex militares acusados en otros países por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983) argentina, al tiempo que se producían las detenciones provisorias ordenadas durante la víspera por el magistrado Rodolfo Canicoba Corral de 45 militares y un civil por requerimientos de la justicia española.
Justicia para las víctimas
Mientras abogados de los militares requeridos desfilan por los tribunales y algunos se presentaban voluntariamente y quedaban detenidos en las respectivas sedes de las fuerzas a las que pertenecían o en Gendarmería, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, y los ministros de Seguridad y Justicia y de Relaciones Exteriores, Gustavo Béliz y Rafael Bielsa, respectivamente, anunciaron la derogación del decreto que impedía las extradiciones, firmado por el presidente radical Fernando de la Rúa, a finales de 1999.
Explicaron que lo anterior significa que el Ejecutivo no interferirá en las decisiones de la justicia en estos casos, para que ésta resuelva las solicitudes paso por paso.
«El Presidente ha tomado la decisión para dejar que la justicia desarrolle su actividad y pueda hacerlo con la mayor independencia. Al gobierno lo que le preocupa es que se garantice que esta serie de pasos se deben dar en el terreno judicial» dijo Béliz.
Es decir, se ratifica la independencia de la justicia y se anulan los privilegios para algunos sectores, como los militares.
El decreto de De la Rúa significaba que el tema de las extradiciones dejaba de ser una cuestión exclusivamente judicial y el Ejecutivo podía rechazar cualquier pedido, sin dar intervención a los jueces, con base en el principio de la «territorialidad».
Esto suponía que si el delito había sido cometido en Argentina, debía ser juzgado en el país, y de hecho era otro paso a la impunidad, tal como se impuso mediante las leyes de Obediencia Debida (1985) y Punto Final (1987).
Dada esta concreta imposibilidad por alcanzar la justicia a escala local, los familiares de las víctimas de la dictadura recurrieron a tribunales extranjeros cuando varios países -como Italia, Francia y España- resultaban también afectados por la desaparición y el asesinato de ciudadanos de ese origen durante el gobierno militar.
Esos crímenes de lesa humanidad habían quedado impunes como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia, que ahora el presidente Kirchner ha anulado, si bien advierte que ésta es una decisión de la Corte Suprema.
Canicoba Corral
Canicoba Corral -quien ordenara la detención de 45 militares y un civil después que Interpol le girara la orden de su par español Baltasar Garzón- anunció a la prensa local e internacional que no era aplicable la eximición de prisión solicitada por algunos abogados de los militares requeridos y que los mayores de 70 años pueden ser mantenidos bajo arresto domiciliario.
Agregó que se ha pedido a las distintas fuerzas militares las detenciones.
Algunos militares se presentaron voluntariamente.
Canicoba Corral confirmó que sabe que algunos militares pueden estar fuera del país, pero que la orden de detención contra ellos es de carácter internacional y deben ser arrestados en cualquier lugar donde se encuentren.
El magistrado explicó también que existe un largo proceso a partir de este momento y que el juez Garzón tiene unos 40 días para enviar el exhorto de extradición, previo paso por la justicia española y los organismos oficiales que actúan en estas circunstancias.
El juez recordó que la justicia deberá ahora trabajar en cada caso específico y que la anulación del decreto que establecía un rechazo automático a la extradición dejaba las puertas abiertas a los jueces.
Lo cierto es que ni el propio juez en lo criminal y correccional Rodolfo Canicoba Corral tiene seguridades sobre si finalmente los 46 extraditables de Argentina, finalmente, cruzarán el Atlántico e irán a parar al banquillo de la Audiencia Nacional.
“La última palabra la tiene el gobierno”, dijo en una entrevista concedida en su despacho de los tribunales porteños.
Mientras corre la cuenta regresiva para las extradiciones Canicoba Corral marcó su posición: “Preferiría que los militares sean juzgados en mi país”. Al fin y al cabo, él también quiso traer extraditados y juzgar a varios dictadores latinoamericanos, e incluso se atrevió a molestar al Departamento de Estado de Estados Unidos.
En declaraciones hechas al periódico español “El Mundo”, el juez argentino respondió así a los interrogantes del medio:
¿Por qué ordenó las detenciones pedidas por Garzón?
Los jueces tenemos la obligación de proceder al arresto preventivo por la Ley de Cooperación Internacional, aunque después, cuando lleguen los pedidos de extradición, el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se va a expedir sobre cada caso en particular. Yo supongo que si el gobierno derogó el decreto que rechazaba automáticamente cualquier petición de extradición sobre hechos ocurridos en Argentina, va a remitir los exhortos a este juzgado.
¿Van a seguir detenidos o les va a otorgar la libertad condicional?
Hay un convenio de cooperación judicial con el Reino de España. Y ese tratado establece que el juez puede otorgar la libertad siempre que pueda asegurar que el personaje no se va a fugar. Así que, en su momento, yo valoraré la posibilidad de conceder arrestos domiciliarios u otro tipo de detención.
¿Al final, quién tendrá la última palabra: usted o el gobierno?
De acuerdo a la Ley de Cooperación Internacional, la última palabra la tiene el Gobierno a través del Ministerio de Exteriores.Tiene la potestad de no conceder la extradición, no obstante se haya decidido así en la Justicia.
¿Y cómo influiría si son anuladas las leyes de impunidad?
Habría una influencia indirecta, porque esas leyes inciden en los juicios que hay en Argentina, no influyen sobre cada petición de extradición en particular. La ley también establece la potestad del imputado de optar entre ser juzgado en el país o ser extraditado. En ese caso, si el proceso se va a hacer aquí y las leyes se derogan, serían juzgados en el país.
De hecho, usted ya ha procesado, con arresto domiciliario, al ex dictador Videla…
En efecto, el procesamiento ha sido por el Plan Cóndor, que según se consideró y confirmó la Cámara Federal, era una asociación ilícita que operaba en todo el Cono Sur en los años ´70 y ´80 a través de los militares que en ese momento detentaban los gobiernos de los distintos países.
Pero entonces, ¿Videla nunca sería extraditado a España?
Tanto él como otros militares que están procesados y deben enfrentar una eventual condena, tendrían que finalizar todo acá para que después se pueda hacer efectiva, si así se decide, la extradición.
¿Usted se adhiere a la teoría de la competencia de la Justicia Universal para perseguir los delitos de lesa humanidad?
Ya ni siquiera es un tema si yo lo comparto o no. Es ley, es Constitución Nacional. Con lo cual, poco importa mi posición personal porque como juez estoy obligado por las normas. Son tratados que suscribió nuestro país y que someten a la jurisdicción internacional todos los delitos de lesa humanidad que no puedan ser juzgados en sus países de origen. Por eso, cuando se habla de principio de territorialidad que está en el Código Penal y tiene rango de ley, mucha gente olvida que este principio ha sufrido muchas restricciones.
Algunos dicen que Garzón comete injerencia en la Justicia argentina
El está invocando normas que son ley también en Argentina. La jurisdicción internacional es ley aquí. Habrá que analizar caso por caso, y se verá si corresponde la extradición. Pero ya le digo: no es que sea un disparate legal ni muchísimo menos. Tiene sustento legal. Recuerde que son varios los jueces, no solamente Garzón, los que están haciendo estos requerimientos. También hay jueces franceses y alemanes e italianos.
Al igual que Garzón, fracasó al intentar sentar en el banquillo al dictador chileno Augusto Pinochet.
Pedí las extradiciones de los ex dictadores Augusto Pinochet, de Chile, Hugo Bánzer, de Bolivia, y Alfredo Stroessner, de Paraguay, así como de algunos militares de Uruguay. En aquel auto de procesamiento sobre el Plan Cóndor se consideró que había una asociación ilícita para cometer delitos de desaparición forzada de personas, inclusive en otros países. Es decir los militares se llevaban, al margen de la ley, a los argentinos refugiados en otros países.
¿También quiso extraditar a Henry Kissinger?
En verdad mandé un exhorto internacional a Estados Unidos para que fuera interrogado el que era el Secretario de Estado porque, de acuerdo con la información que había en la causa, esa persona era un testigo calificado y tenía mucha información sobre cómo funcionaba el Plan Cóndor.
Su grado de conocimiento del Plan Cóndor era alto. En el expediente hay documentación que comprobaba que el Departamento de Estado norteamericano conocía muy bien el Plan Cóndor. Nos faltó saber qué grado de aprobación tenía, pero Washington nunca contestó mis exhortos.
Una brecha ante la impunidad
Entre la estrategia del “paso a paso” del Presidente Kirchner aparecen con más fuerza, ahora, los tramos de su discurso -en la cena del 9 de julio- donde reclamó a las Fuerzas Armadas que cada uno se haga cargo “de lo que hizo”. Esto abrió una brecha en la política de impunidad.
Si la derogación del decreto delarruísta de impunidad, de 1999, sirve para que los militares genocidas sean juzgados -aún en Madrid o París-, sería positivo.
Madres de Plaza de Mayo
Las Madres de Plaza de Mayo, línea Hebe de Bonafini, emitió un comunicado expresando las siguientes ideas:
“Dos noticias invadieron nuestros corazones y nuestras cabezas: el Presidente Kirchner derogó el decreto de De La Rúa que impedía las extradiciones y la detención de Astiz.
Sería bueno que en este país hubiera habido jueces que castigaran y condenaran con todo el peso de la ley a los genocidas. Pero por lo menos, que sea donde fuere, se los condene.
En 1977, Astiz se infiltró en la Asociación Madres de Plaza de Mayo como una rata. Hizo un trabajo de inteligencia que le permitió identificar a nuestras tres mejores Madres, a las que más sabían: Azucena Villaflor de De Vicenti, que venía de una familia peronista y luchadora; Esther Balestrino de Careaga, que llegó a la Argentina huyendo de la dictadura paraguaya; y a Mary Ponce, que estaba integrada a la Iglesia del Tercer Mundo.
El 8 de diciembre de 1977, en la Iglesia de Santa Cruz, secuestraron a Esther y a Mary, diciendo que era un operativo por drogas. Y luego, el 10 de diciembre de ese mismo año, en la Av. Mitre en Avellaneda, cuando iba a comprar el periódico con la solicitada, fue secuestrada Azucena Villaflor. La llevaron en un Ford Falcon verde, arrastrándola por varias cuadras, hasta que lograron finalmente introducirla en el auto.
Ya en la Escuela de Mecánica de la Armada, las torturaron y las asesinaron.
Dicen, tirándolas al río.
Eso es Astiz: asesino, genocida y torturador. Está detenido. Esperemos que le llegue la prisión por toda la vida.
Las Madres de Plaza de Mayo esperamos también que los corruptos jueces menemistas no invaliden este gesto de dignidad del Presidente ni destruyan esta esperanza de justicia para toda la humanidad”.
Abuelas de Plaza de Mayo
También las Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer su posición.
“Las Abuelas de la Plaza de Mayo han celebrado -dicen- la decisión del presidente argentino, Néstor Kirchner, de derogar el decreto que prohibía la extradición a terceros países de los represores acusados de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura argentina (1976-1983).
“Celebramos la decisión del Presidente Kirchner. Ese decreto no correspondía, no tenía razón de ser, sobre todo cuando nuestro país tiene firmados tratados de extradición con otros países” señalaron las Abuelas.
