Desde el día que asumió, se sabía que la heterodoxa coalición de gobierno que construyó con éxito el ahora canciller Yair Lapid, y que conduce desde la oficina de primer ministro Naftali Bennett, no la iba a tener fácil. El primer desafío era, ni más ni menos, mantenerse en el poder. Sobre todo teniendo en cuenta que la oposición, con Bibi Netanyahu a la cabeza, no iba a perder la oportunidad de hacer tambalear a la alianza gobernante exhibiendo sus inconsistencias ideológicas.
En este contexto, y después de dos meses en el poder, se puede decir que la coalición está resistiendo bastante bien la embestida de una feroz oposición. El gran éxito del gobierno hasta ahora fue haber aprobado el presupuesto. Cuando lo confirme el Parlamento, será el primero desde 2019, e irá destinado a reforzar el sistema sanitario y reactivar la economía tras la pandemia.
El pragmatismo está guiando las decisiones y esa estrategia está siendo útil para estabilizar el gobierno e intentar afianzarlo para cuando llegue el momento de encarar los enormes desafíos que están latentes.
Por ejemplo, es una incógnita saber qué harán los socios en el gobierno cuando la administración Biden les pida que se sienten con los palestinos. ¿Podrán Meretz y los pro-colonos en el Gobierno ponerse de acuerdo? Porque todos saben que la sola idea de retomar alguna negociación implica pensar en qué concesiones este gobierno estaría dispuesto a darles a la dirigencia palestina. O qué dirán cuando EE.UU. les avise que retoma el acuerdo sobre el desarrollo nuclear de Irán.
Pero recordemos que, al asumir hace dos meses, Bennett apeló a la reconciliación de los israelíes. Era consciente de que los gravísimos incidentes entre árabes y judíos israelíes registrados en mayo eran una herida mal cerrada que puede reabrirse en cualquier momento. Por eso, no debería pasar desapercibida una noticia de la semana pasada que puede volver a tensionar la convivencia en Jerusalén Este. Sobre todo porque ya lo hizo justo antes de que se desencadene la última guerra con Hamas.
Lo que debía ser una decisión para finalizar una disputa que ya se extiende por más de tres décadas, terminó en fracaso y abre un panorama muy oscuro en la relación entre judíos y palestinos en Israel. La semana pasada se conoció que los palestinos amenazados con el desalojo en el disputado barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental rechazaron una propuesta de la Corte Suprema de Justicia de Israel para intentar evitar «durante décadas» el desalojo de familias palestinas de sus casas en ese barrio.
La propuesta estipula que se adjudique a un miembro de cada familia un «alquiler protegido» de por vida en su propia propiedad a cambio de pagar un alquiler anual de 465 dólares. «Esta es la solución práctica», dijo Yitzhak Amit, uno de los miembros de la Corte Suprema. «La recomendamos precisamente porque no se quiere echar a nadie de su casa. Este compromiso nos dará un respiro durante muchos años hasta que se regule adecuadamente el terreno o haya paz», dijo en declaraciones a la prensa.
De aceptar esta decisión, las cuatro familias palestinas involucradas en la disputa legal podrían permanecer en sus viviendas en Sheikh Jarrah, si reconocen que la tierra en la que están ubicadas pertenece a una organización de colonos judíos que adquirió su propiedad. Esto dejaría un precedente para el resto de los palestinos que reclaman.
“Inquilinos protegidos”
Según el plan de la Corte, los palestinos, que según la ley deben desalojar esas casas, permanecerían como «inquilinos protegidos» que no pueden ser desalojados en el futuro mientras paguen el alquiler a la organización judía propietaria de la tierra. Este era el status quo que rigió hasta la década de 1980.
Los miembros de estas familias denunciaron presiones para llegar a un acuerdo y no quieren pagarles alquiler a los colonos israelíes. Sin embargo, el abogado de las familias, si bien rechazó los reclamos de los israelíes sobre las propiedades, dijo que esperaba que aún se pudiera llegar a un acuerdo. El letrado señaló que el principal objetivo de las familias palestinas es mantener y asegurar su presencia en sus casas.
La situación de los palestinos en Sheikh Jarrah fue el detonante en mayo de las manifestaciones de cientos de palestinos que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad israelíes. Generó mucho impacto en la prensa internacional que los incidentes se hayan producido dentro de la mezquita de Al Aqsa. Esos hechos calentaron la calle palestina, dentro y fuera de Israel, tras lo cual Hamas se apropió de sus reivindicaciones y no dudó en lanzar ataques sobre las ciudades israelíes.
Queda claro entonces que lo que ocurra con los palestinos y esas viviendas no pasará desapercibido. Por eso, y teniendo en cuenta los antecedentes, habrá que estar atentos a cómo evolucione este conflicto. Las autoridades israelíes no se cansan de repetir que se trata de una disputa netamente jurídica sobre la propiedad privada en la que el gobierno no tiene nada que hacer.
Volver a subestimar esta situación y dejar que la resuelvan los Tribunales, después de todo lo que pasó hace solo tres meses, podría ser un gravísimo error de la flamante coalición de gobierno. Más que nunca se necesita de la política para que esta situación no genere otro capítulo de violencia que nunca se sabe cómo puede terminar.
