En estas épocas de nuevo gobierno tanto en Estados Unidos como en Israel, de pandemia y de reconfiguraciones políticas dentro y fuera de Medio Oriente, nadie se hubiera atrevido a pensar hace algunas semanas que la decisión tomada por una marca estadounidense de helado podía convertirse en la principal noticia en lo que refiere a la actualidad en Israel y Palestina. Menos aún en la misma semana en la que salieron noticias -que recibieron relativamente poca atención en Latinoamérica- sobre el alcance de la herramienta de cibervigilancia israelí Pegasus al servicio de gobiernos autoritarios en todo el mundo. Sin embargo, así fue: cuando el pasado 19 de julio, la empresa Ben & Jerry’s anunció que “es inconsistente con nuestros valores que el helado Ben & Jerry’s sea vendido en Territorio Palestino Ocupado (TPO)” y que reemplazaría el acuerdo vigente con el concesionario israelí que se ocupa de fabricar y distribuir el helado en la zona, la condena dentro del liderazgo israelí y entre las comunidades judías fue rápida y fulminante.
Empecemos con un poco de historia: Ben & Jerry’s es una empresa de helados fundada en 1978 por dos amigos
judíos neoyorquinos, Ben Cohen y Jerry Greenfield, que pasó de una pequeña heladería en el estado de Vermont a una marca global que incluye 615 locales y la distribución de millones de pintas de helados a través de supermercados y otros establecimientos. Desde sus primeros años, la marca se hizo conocida por su apoyo a diferentes causas progresistas (incluyendo donaciones generosas y declaraciones a favor de campañas educativas, ambientales, por los derechos de la comunidad afroamericana, por la recepción de refugiados y más). Aunque la empresa se vendió a la multinacional británica Unilever en el año 2000, Cohen y Greenfield se ocuparon de acordar un arreglo inusual, a través del cual la marca de helados retiene al día de hoy un consejo independiente, compuesto por activistas sociales, encargado de llevar adelante la misión social de la empresa.Desde 2012, la empresa recibió diferentes tipos de reclamos de organizaciones de la sociedad civil, instándola a ser consecuente con su misión social y dejar de vender helados en los territorios ocupados. Esta presión se intensificó luego de la reciente escalada de violencia de mayo. Finalmente, el 19 de julio, la empresa anunció que finalizaría la distribución del helado en los territorios palestinos ocupados por considerar esto “inconsistente con nuestros valores” y que, aunque mantendría la venta de helados en Israel, será necesario modificar el contrato que mantiene hasta fines de 2022 con la empresa local que tiene la licencia para fabricar y distribuir Ben & Jerry’s en la zona.
Lo simbólico y lo político
La decisión de la empresa tiene, en principio, poco impacto económico, dado que la fabricación del helado se realiza en Beer Tuvia – dentro del territorio reconocido internacionalmente de Israel -, sus dos heladerías locales también están fuera de disputa y las ventas en Cisjordania no superan más del 2% de los ingresos anuales que recibe su concesionario. Sin embargo, el impacto político de la declaración de la empresa fue rápido y contundente y puede implicar mayores consecuencias: el movimiento BDS (la campaña internacional a favor del boicot, desinversión y sanciones a Israel) fue rápida en declarar la medida como una victoria de su propio activismo, a pesar de que, a diferencia de las premisas de la campaña, Ben & Jerry’s siempre declaró que no dejaría de trabajar dentro de Israel. En el otro campo de las respuestas, el flamante presidente de Israel, Itzjak Hertzog, afirmó que la decisión de la heladería era parte de “una nueva forma de terrorismo”, mientras que el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores y futuro Primer Ministro bajo los términos del acuerdo de coalición gubernamental, Yair Lapid, la calificó como “una deshornosa capitulación ante el antisemitismo”. En este sentido, 89 miembros del Parlamento israelí (es decir, 3/4 de los parlamentarios) firmaron un comunicado oponiéndose a las “acción vergonzosa…de boicotear la venta de productos en Judea y Samaria”, advirtiendo además que la medida iría en contra de la Ley de Prohibición en la Venta de Productos en Israel. Esta petición fue firmada por casi todos los parlamentarios de derecha y, cabe destacar, por cinco de los siete representantes laboristas (las excepciones fueron Merav Mijaeli, la titular del partido, e Ibtisam Maraana, la única parlamentaria árabe de la lista). Un representante de Meretz, el ex militar Yair Golan, también firmó la carta, aunque rápidamente anunció vía Twitter que la carta no reflejaba su postura y que pedía la remoción de su nombre de la lista.
En el espíritu de la carta parlamentaria y de buena parte de las reacciones, yace una misma estrategia discursiva: la igualación de los asentamientos judíos en Cisjordania con las localidades ubicadas en el territorio reconocido de Israel, aquel ubicado en las fronteras israelíes existentes previas a la guerra de 1967. Esto ocurre a pesar de que reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas y opiniones de entidades internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han declarado que su existencia constituye un impedimento a la paz y una violación al derecho internacional, que prohíbe la transferencia de población civil e intentos de cambio al status permanente en territorio ocupado mediante guerra.
Asimismo, una opinión emitida de forma unánime por los jueces de la Corte Internacional de Justicia en 2004 declaró que los asentamientos violan derechos humanos básicos de los palestinos, incluyendo la libertad de movimiento y el acceso al trabajo, la salud y la educación, imponiendo un régimen legal e institucional diferenciado entre la población judía israelí y los palestinos de Cisjordania que Human Rights Watch declaró recientemente que constituye un sistema de apartheid. Este tipo de anomalía jurídica, justificada inicialmente como una urgencia y como una medida temporal, ha ido negándose progresiva y sutilmente al interior de Israel, donde los mapas del territorio nacional suelen presentar la totalidad de Cisjordania como territorio israelí.
Aunque una serie de argumentos legales han sido esbozados desde Israel para argumentar que los asentamientos no contradicen la Convención de Ginebra o algún otro de los pilares del derecho internacional de guerra, ninguna de estas piruetas discursivas consigue negar que la actividad de colonización en Cisjordania se desprende de una política unilateral de “hechos consumados” que distintos gobiernos israelíes han perseguido desde 1967, en un esfuerzo por reducir el alcance del reclamo palestino a la autodeterminación, con graves consecuencias sobre las posibilidades de éxito de una solución basada en dos Estados. Tampoco es discutible, salvo para quienes han comprado una realidad paralela sobre la vida en Cisjordania, que la existencia y expansión de los asentamientos afecta seria y negativamente las condiciones de vida de los palestinos, contribuyendo de esa forma la radicalización y la perpetuación del conflicto.
Ben & Jerry’s no decidió boicotear Israel, sino los asentamientos. El borramiento de toda diferencia entre los asentamientos y localidades israelíes en conformidad con el derecho internacional, como Tel Aviv o Haifa, implica una anexión en los hechos de los asentamientos al territorio israelí y un paso más hacia la consolidación de Israel como un estado que desconoce el derecho internacional.
Tres anotaciones sobre la reacción
Tres consecuencias relevantes se desprenden del análisis de la reacción exagerada sobre la decisión de Ben & Jerry’s: en primer lugar, como hace años, la postura de la derecha anexionista, o al menos favorable al mantenimiento del statu quo, es presentada como el interés nacional israelí, o incluso como la opinión universal al interior del pueblo judío, negando la legitimidad de las opiniones contrarias sobre la realidad de los asentamientos y el fin de la ocupación. La paradoja de esta reacción es que, al negar la diferencia entre un boicot a los asentamientos y un boicot a Israel, dirigentes como Lapid, Bennet y Hertzog cometen el mismo tipo de igualación que tantos critican sobre el movimiento BDS cuando propone boicotear todo lo que provenga de Israel. Para ofrecer una postura distinta, 92 figuras públicas de la academia, el periodismo y la cultura israelí, entre otras disciplinas, firmaron un breve comunicado afirmando: “Les escribimos para que sepan que en Israel hay otras opiniones. Gracias por su compromiso con los derechos palestinos”. Es interesante observar que la carta cuenta con firmas de ex parlamentarios – entre ellos, dos ex titulares de Meretz, Zehava Galon y Jaim Oron – y ningún miembro actual del parlamento. Tal vez es una señal de tiempos que cambian, o muestra del miedo que tienen los políticos progresistas actuales en Israel de tomar alguna medida que se entienda obra en contra de lo construido como “interés nacional”.
En segundo lugar, por más que no sea sorprendente, no deja de ser digno de destacar el uso de las acusaciones de antisemitismo para criticar la decisión de Ben & Jerry’s. La decisión de una empresa de boicotear los asentamientos no es antijudía, como su decisión previa de apoyar el movimiento Black Lives Matter no es antiblanca, por más que algunos judíos y algunos blancos se consideren directamente atacados por la decisión. Como la historia de Juancito y el lobo, la seriedad con la que estas acusaciones serán manejadas dependerá directamente de que no sean utilizadas fortuitamente para cualquier decisión con la que no estemos de acuerdo.
El Estado de Israel, en particular, debería tomar precauciones al gritar “antisemitismo” ante cualqueir decisión que se enfrente a su circunstancial política gubernamental, considerando el impacto que esto puede tener sobre comunidades judías diaspóricas, para las cuales el antisemitismo se constituye en una amenaza real. Si a partir de ahora será tratada como antisemita toda entidad que trate de forma diferenciada el territorio israelí de un territorio como Cisjordania, que el propio gobierno israelí reconoce es disputado (incluso cuando niegue su calificación como territorio ocupado) entonces debería ser coherente y boicotear al gobierno estadounidense, la Unión Europea y otras empresas multinacionales que precedieron a B&J sin hacer tanto ruido, como McDonald’s, que no tiene ninguna sucursal en Cisjordania.
La sobreactuada respuesta ante una decisión de poca consecuencia económica o política parece apuntar más a disciplinar al resto del mundo empresarial y disuadir a cualquier empresa futura que considere esta medida. A partir de ahora, todos saben que serán acusados de, como mínimo, “haber cedido” ante el antisemitismo y el terrorismo. Profundizando aún más una crisis innecesaria, Guilad Erdan, el embajador israelí en Estados Unidos, le escribió a los 35 gobernadores de Estados que tienen legislación anti-BDS instándolos a tomar medidas en contra de Unilever por la decisión de Ben & Jerry’s.
Incluso dejando de lado que la decisión no tiene nada que ver con el BDS y que Unilever (que seguirá haciendo negocios en Cisjordania, como con todo el resto del mundo) criticó a la junta independiente de Ben & Jerry’s por el anuncio, la aplicación de esta legislación, contradictoria a los principios de libertad de expresión, implica una injerencia desafortunada de Israel en asuntos de política interna estadounidense y sólo debilita la posición de la comunidad judía en la lucha contra el antisemitismo real, además de distraer de las soluciones reales que pueden llevar a un fin al conflicto. De la misma forma, la decisión de la Autoridad de Kashrut de Australia de remover el helado de B&J de su lista de productos kosher (aunque absolutamente nada del producto, incluyendo su etiqueta de kashrut en el envase, cambió) representa un abaratamiento de la observancia judía en pos del interés político.
Por último, el hecho de que tantos ciudadanos israelíes y miembros de las comunidades judías genuinamente hayan percibido esta decisión como antisemitismo dice mucho de la identidad judía contemporánea. Las formas de transmisión de la identidad y el pasado judío (aquellas que el historiador Salo Baron calificaba como “la visión lacrimógena de la historia judía”), las lecciones extraídas de la Shoá y las formas predominantes de pensar el conflicto entre Israel y sus vecinos, entre otros factores, han contribuido a una especie de reacción reflejo a través de la cual todo es antisemitismo hasta que se demuestre lo contrario. Sin negar que el antisemitismo existe, es indicativo que tantos judíos refuercen regularmente su conexión con su identidad judía y con Israel exclusiva o mayoritariamente en respuesta al antisemitismo (real o percibido), más que mediante una vinculación no patológica con la historia y los desafíos reales del presente. Como señaló el psicólogo social Daniel Bar-Tal, el temor constante a la destrucción y la desconfianza en los demás funciona como barrera psicológica y social ante las posibilidades de arreglo político del conflicto.
La identidad judía basada principalmente en el antisemitismo nos ubica también en un peligroso excepcionalismo: si Israel y los judíos somos siempre las víctimas históricas máximas de la discriminación, entonces no hay crítica legítima que no esté contaminada por el prejuicio antisemita. Vale recordar, por ejemplo, las afirmaciones de Menajem Beguin luego de la masacre de Sabra y Shatila de 1982, según las cuales luego de la Shoá el mundo no podía predicar nada al pueblo judío. Esta forma de deslegitimación de toda crítica lleva a un nivel de exención moral que debería preocupar a todo judío, y que amenaza la idea misma de normalización que sentó las bases de la creación del Estado de Israel. Empleando un concepto tal vez sobreutilizado en la actualidad, se convierte en un desafío, entonces, deconstruir la identidad judía moderna de forma tal que nos permita reflexionar de forma real sobre el daño que la ocupación genera sobre los palestinos, sobre los israelíes y sobre los judíos, liberados del temor a la destrucción inminente que el discurso trágico y las reacciones exageradas imponen.
* Sociólogo (UBA) y Magister en Estudios de Medio Oriente, sur de Asia y África (Universidad de Columbia)
