A 19 meses de ocurridas las que tal vez han sido las manifestaciones más multitudinarias en la historia chilena, solo comparables a la movilización por la recuperación de democracia durante la dictadura militar, los chilenos hemos tenido la capacidad de elegir un cuerpo colegiado cuya finalidad será redactar una nueva constitución, dándole sepultura así al edificio normativo que dio sustento a un modelo de sociedad y de economía que desvalorizó lo colectivo e hizo del subsidio y una aparente libertad -solo confinada a la posibilidad de elegir- su máximo paradigma. Se terminaría así el modelo en el que el Estado se preocupaba, no de garantizar derechos sociales, sino de solventar con mayor o menor eficiencia el acceso al mercado que proveía dichos derechos y que, en paralelo, resguardaba la libre iniciativa y la capacidad emprendedora.
No cabe duda de que en la postdictadura nuestras condiciones sociales mejoraron. Saltamos de niveles de pobreza cercanas al 50% de la población, a porcentajes en torno al 10%. El país crecía, la democracia se fortalecía y había una cierta sensación de solaz ante los beneficios de una nación que se acercaba al Primer Mundo. Y es cierto, el país avanzó significativamente.
Sin embargo, detrás o bajo esta imagen exitista, comienzan a surgir expresiones que dieron cuenta del desprestigio de una política cooptada por la misma Constitución y sus resguardos (Tribunal Constitucional constituido en una 3º cámara legislativa); la existencia de un régimen de gobierno con un presidencialismo extremo; el descrédito de los partidos; un cierto populismo transversal que devalúa la democracia como forma de diálogo y, por sobre todo, la creciente visibilización de áreas relevantes a las que como Nación dejamos de considerar, como el sometimiento de los Pueblos Originarios y la criminalización de sus demandas históricas; el surgimiento de zonas de sacrificio ambiental; la despreocupación por expresiones de lo distinto o aparentemente minoritario; la captura de los estudiantes quienes, ya devenidos profesionales, debían pagar durante décadas créditos de financiamiento universitario. En fin, las ciudades segregadas en áreas de Primer Mundo contrapuestas a barrios enteros sometidos a las más brutales condiciones de hacinamiento, falta de servicios y ausencia total del Estado, situadas además dentro de un más que relevante problema de seguridad ciudadana fruto de una expansión de grupos de narcotraficantes que terminan dominando áreas completas del espacio territorial. Todo aquello fractura la sociedad, destruye los vínculos comunitarios y nos termina confrontando como país.
Lo que se vio en el movimiento de octubre fue aquello, expresado en múltiples letreros, afiches, consignas, en un ejercicio casi individual en donde cada personal demanda, compartía el espacio público con otros múltiples requerimientos. El aparente individualismo, era la puesta en común de un sentir societal.
Del confinamiento a la elección
La pandemia, en lo aparente, calmó la movilización. La brutal represión policial, la restricción y dificultades de traslado y los confinamientos universales nocturnos, silenciaron la voz en lo público. Pero fue un silencio aparente. El Estado confinó, pero no entendió las dificultades para mantenerse de familias que vivían de su trabajo, en muchos casos en el día a día. Apostó a cerrar las calles, pero no implementó programas de apoyo a las familias ni a los pequeños y medianos emprendedores. Subieron las tasas de desempleo, aumentó la pobreza, crecieron los asentamientos precarios (villas miserias, campamentos) a niveles pre ‘90 y se visualizó el hambre en las calles. La única solución posible fue echar mano a los Fondos Previsionales, con lo que se logró paliar en parte la situación de precariedad y se terminó inyectando los recursos de los trabajadores a una economía muy alicaída.
En ese contexto asistimos a una elección de Constituyentes. El modelo concordado fue contar con un colegio de 155 integrantes, en representación paritaria y con 17 cupos electos por los pueblos originarios. Se acordó una discutida fórmula de los 2/3 para la aprobación de cualquier parte o de totalidad de la nueva Constitución, mecanismo que dejaba al tercio restante, como llave y control de mayorías. El modelo permitía decir al mundo que tendríamos una constitución escrita por todos -todes se decía- y con una derecha asegurada en su rol de contralor frente a los posibles cambios.
El resultado fue demoledor. La derecha solo elige 37 de los 155 integrantes (casi 24%) con lo que queda muy por debajo del tercio requerido y surge en paralelo una inesperada presencia de candidaturas independientes, alcanzando a 48 curules (31%) los que representan expresiones territoriales, temáticas y apartidistas mayoritariamente vinculadas a las demandas de cambio. Los partidos tradicionales del centro y de la izquierda, tienden a mantener su representación, con la baja del otrora significativo Partido Demócrata Cristiano y una presencia relevante de nuevos movimientos de izquierda.
Pero lo que se viene no está claro. Hay por cierto una base amplia que habla de la creación de un Estado Social de Derechos, de una revisión del sistema de gobierno, de la profundización de la descentralización, de instalación de democracias más participativas y del reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, del término de la segregación y violencia contra las mujeres y de la protección del medioambiente, entre otros temas. El fondo que subyace es lo que se ha llamado el fin del modelo neoliberal.
Sin embargo, señalo que no está claro, pues aún no se logra ver en estos primeros días, un acercamiento entre las fuerzas del cambio, que permitan suponer una puesta en común de los temas centrales que orienten este debate. Tampoco se aprecia una suerte de estado de ánimo dialogante, que considere las visiones de las minorías, resolviendo el cómo se debate con una derecha que, aunque busca el resguardo de sus privilegios, seguirá formando parte de la Nación.
Todo esto ad-portas de una elección presidencial, en donde nuevamente los partidos no hemos tenido la altura y claridad para entender que el período que viene -los próximos cuatro años de gobierno- requerirán de la mayor cohesión, acuerdos y gestión de modo de resguardar el debate constitucional, dejando un país en capacidad para iniciar una nueva fase de su vida republicana. Aquello tan cercano, tan a la mano, depende de la generosidad de los liderazgos. Esto aún no se aprecia.
* Expresidente y miembro activo del Centro Progresista Judío de Chile.
