Una redada de inspecciones lanzada por el gobierno de la capital argentina incluyó a unos 270 talleres textiles como reacción ante un incendio, el pasado jueves 30 de marzo, en uno de ellos donde fallecieron 6 bolivianos, entre ellos 4 menores.
Ese caso puso al descubierto una situación ya ciudadanos del barrio porteño de Caballito sobre las condiciones infrahumanas en que esas personas trabajaban y vivían en el mismo edificio del taller.
Allí, como refirieron testigos y medios de prensa, la jornada mínima era de 16 horas, los salarios apenas llegaban al equivalente a 100 dólares mensuales y vivían con sus familias en el mismo espacio, donde permanecían encerrados entre rejas.
Según dijo al diario ‘La Nación’ el ministro de Producción del ejecutivo capitalino, Enrique Rodríguez, en los locales clausurados las familias vivían en pésimas condiciones de salud y habitabilidad, “la mayoría alojada en cuartos de dos por dos metros y dormía junto a las máquinas de coser”.
Remarcó que en sólo dos barrios, Floresta y La Paternal, se cerraron 12 de esas fábricas o talleres y en todos los casos los bolivianos estaban empleados clandestinamente y no poseían documentación filiatoria.
Se estima que los 300 bolivianos detectados bajo estas condiciones infra humanas representan sólo un 7,5% de los por lo menos 4.000 que, se estima, viven en semejante situación de esclavitud en otros 1.600 talleres dispersos en la ciudad.
