La crisis generada por la veloz propagación del COVID-19 a nivel global, la cual profundiza la gravedad de la pandemia, no sólo limó los fundamentos sustentadores de la Modernidad occidental y la confianza casi providencial depositada en la razón humana y el desarrollo de la ciencia, sino las enormes contradicciones del modelo económico globalizador predominante. Las consecuencias sociales, económicas y culturales aparecen en el corto -cortísimo- plazo pero las verdaderas afecciones se verán más allá del mediano y largo plazo. Las catástrofes, como las guerras o las pandemias, tienden a inducir y acelerar los cambios en las estructuras sociales decadentes.
No es casualidad que después de tantos años de jugar a los abrazos con ONG, fundaciones y otras yerbas con dinero público, los Estados se hayan puesto al frente de la estrategia para paliar los efectos del COVID 19 en la salud y la economía. Por supuesto, los resultados distan de ser excelentes, pero sin la presencia del Estado, como algunos gobiernos minimalistas lo han intentado, sería mucho peor.
Cada cual a su modo, y muy a pesar de más de 30 años de influencia del Consenso de Washington y los popes de la Escuela de Chicago, los Estados de Bienestar necesitaron un refuerzo de gran vigor económico y humano. Gobiernos de identidades políticas diversas, de izquierda a derecha, trazaron una línea imaginaria como punto de partida: a sabiendas que de esta situación se saldrá en años, el refuerzo hacia los sectores que hacen fuerte al bienestar de la sociedad -como son educación, salud y desarrollo social/humano y servicios sociales- pasó a ser inmediato, progresivo y sostenido en el tiempo. Los sendos recortes que registraron progresistas, neoliberales, demócratas liberales, socialdemócratas o conservadores, desnudaron que el sistema como se concebía debía cambiar y retornar a la vieja idea del Estado de Bienestar como en la era de posguerra, pero ajustando parámetros para el siglo XXI, entendiendo que la sociedad global no era la misma.
Los tipos de capitalismo de bienestar y su decadencia
Hace 30 años, el sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen propuso en su libro más importante e influyente, titulado The Three Worlds of Welfare Capitalism, una tipología para comprender los modelos de Estado de Bienestar.
Allí expuso los que consideraba tres modelos del Estado de Bienestar: uno, el llamado “residual o liberal” vinculado al mundo anglosajón y que apela al mercado como estructura fundamental y que apuesta principalmente por la llamada “inversión social”, propiciado por países como Estados Unidos, Chile y Australia. Otro, el “continental o conservador” asociado a la Europa Occidental en el que el Estado interviene en el mercado pero no sobre la estratificación social, como son los casos de Alemania, Francia o Argentina; y un tercer tipo –al que denomina socialdemócrata- desarrollado sobre todo en los países nórdicos, en el que el Estado interviene sobre la estructura social y que tiene un papel esencialmente no mercantilista de las relaciones sociales.
Esta demarcación de los “tres mundos” sigue vigente hasta el día de hoy con nuevos matices. El “liberal” sigue definiendo su intervención estatal solo cuando el mercado falla, y se observa con nitidez en seguros de desempleo o vejez. El “conservador” sigue manteniéndose fiel a los principios de la seguridad social, a lo asociado con la tradición del empleo formal, la familia nuclear y la dignidad de la clase media, y trata a su vez de dar respuesta a la situación migratoria proveniente de países con gobiernos poco o nada democráticos. Y por último, el modelo “socialdemócrata” mantuvo su dedicación a la universalidad de los derechos sociales, ampliando las edades de intervención, desde una educación más temprana hasta una vejez más extensa y digna, aunque cada vez con menor poder de fuego y con un surgimiento intenso de un aflorado nacionalismo como respuesta a la marea de inmigrantes que amenazan la pax reformista, que comienza a oler a conservadora.
Durante los 30 años de posguerra, capitalismo y bienestar fueron un matrimonio consolidado, prometía libertad y desarrollo, frente al avance del comunismo autoritario e ineficaz. O más bien, el Estado capitalista respondió para evitar caer en el socialismo real, cada vez menos utópico, similar a la época de Bismarck, para frenar el poder en manos de los obreros. Ese período fue el que mayor cantidad de gobiernos laboristas o con tendencia socialdemócrata hubo en la historia.
Sin embargo, los sistemas de salud, educación, pensiones, seguridad y demás se fueron mercantilizando con el tiempo. Los trabajadores de la fábrica pasaban a diferenciarse de los del rubro de servicios y comercio, en términos de salario y protección. Los informales o semiformales flotan entre el imaginario colectivo de las relaciones laborales de antaño, con la esperanza de ser sindicalizados. La tercerización empresarial y la deslocalización produjeron un fenómeno que se creía añejo, el del trabajador sindicalizado pobre, el que ya no cambia el coche cada cinco años o que vacaciona en playa de arena blanca, sino el que no llega a cubrir las necesidades básicas para su reproducción.
Es complejo evidenciar cuándo comenzó la debacle de las prestaciones públicas, ya que son años de mirar para otro lado. Si es directamente proporcional a la fuga de las clases medias hacia la mercantilización de la salud, la educación y la vejez o si este último fenómeno derivó en la atadura con alambres de las responsabilidades estatales. Y no es solo culpa de derechas, porque gestiones de izquierda fueron promotoras del naufragio del viejo capitalismo de bienestar. Los gobernantes en escasas oportunidades envían a sus hijos e hijas a la educación pública, se atienden en el sistema público de salud o usan transporte público y no solo alcanza a ellos, trabajadores estatales, periodistas y referentes de opinión portan su microburbuja donde se declama un Estado presente, pero desde el otro lado de la calle.
La decadencia del Estado de Bienestar también es consecuencia de exigirle cada vez más prestaciones con menos recursos y mostrar atención a la novedad. Posiblemente, se requiera que comience un proceso largo, sostenido en el tiempo de redistribución de la riqueza, donde quienes más recursos tengan “se hagan cargo” de las necesidades del bienestar poblacional en el siglo XXI.
¿Por qué revitalizar el Estado de Bienestar?
Gøsta Esping-Andersen ratifica dos cuestiones inherentes al tema en cuestión. La primera, es que rara vez los mercados son proveedores eficientes de seguridad social colectiva; y la segunda, que una economía capitalista eficiente requiere un Estado de Bienestar.
Esto no es un manifiesto estatista del sector privado, sino una mera intención de enumerar porque se requiere una recuperación de un Estado de Bienestar para el Siglo XXI. La salud, que tanto orgullo da a la población global en estos días, requiere de un sostén -y ampliación-, ya que, al principio de la pandemia, los países con “mejores sistemas sanitarios públicos” de acuerdo con la OMS, como son Francia, Italia y España, se vieron colapsados. En algunas oportunidades, tuvieron que decidir si quitaban la asistencia respiratoria a una persona para dársela a otra más joven.
Por ejemplo, España invierte el 9% de su PBI anual en “sanidad pública”, totalizando alrededor de 3.000 euros anuales por persona. En Italia, los números son similares. En ambas naciones, el gasto ha ido disminuyendo con el tiempo, así como la cantidad de camas y personal. Los centros privados alcanzan la misma cuantía que los públicos. A pesar de ser gratuito para toda la población -residente-, las clases medias y altas utilizan centros de gestión empresarial para resolver su necesidad sanitaria, con la excusa de la excelencia, los menores plazos y la cercanía. En Francia, el sistema de Seguridad Social está financiado en parte por contribuciones obligatorias. Además de los giros del gobierno y las cargas individuales, también se beneficia de tributos del 7,5% realizadas por los empleados y del 13,10% realizadas por los empleadores. El sistema brinda cobertura básica en caso de enfermedad, maternidad, incapacidad, muerte, accidentes y enfermedades profesionales, vejez y para las familias. Se aplica a todos los residentes del país, estén o no trabajando, aunque en algunos casos cubre el 70% y no el 100%. Para el 30% restante, cada vez más franceses contratan servicios privados, sobre todo porque el reintegro puede no aplicarse. El sector privado no puso las ganancias obtenidas en otros períodos para sumarse a la lucha contra el COVID, el esfuerzo estatal fue mayor. Debiéramos preguntarnos cómo recuperar esos sectores que se alejaron de la provisión pública.
A su vez, la educación pública que era sinónimo de igualdad de oportunidades parece anclada en el pasado en confrontaciones políticas, dictado de contenidos mínimos, pero alejada de las nuevas tecnologías, de la innovación y la modernización. La pandemia agrandó la brecha educativa, sobre todo en países menos desarrollados, donde hubo estudiantes que no contaron con conexión a internet y los docentes tuvieron que esforzarse para lograr, al menos, alguna hora de conexión por día o entrega de tarea. La tasa de abandono creció principalmente en la educación de gestión estatal, en la edad de secundaria y en familias con menor cantidad de recursos, por diversos motivos. Todavía, pese a estar en la segunda década del siglo XXI, existe un 40% de hogares con adolescentes sin conexión a internet, un 45% sin PC por alumno y un 30% sin un móvil. El acompañamiento de los padres, madres y/o tutores hacia los niños y niñas en los hogares fue inferior en aquellas de menores recursos que quienes tienen menos necesidades. Además, el contexto dentro del hogar no es de gran ayuda, por falta de espacio, mobiliario, iluminación, calefacción o recursos educativos. Es vital reflexionar acerca de la inversión en educación que realizan los Estados y hacia dónde se dirige, y ver que a lo largo y ancho del globo se subsidia a la gestión privada, y si eso es correcto.
Retos del Estado de Bienestar para el siglo XXI
El Estado de Bienestar para el siglo XXI es un llamado para reducir las inequidades en el acceso a los derechos necesarios para la reproducción en sociedad. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que reforzar la salud y la educación pública es de vital importancia para reducir las brechas de permanencia en el sistema, y que es cada vez más necesario un ingreso universal ciudadano permanente y no múltiples asistencias focalizadas con requerimientos y condiciones. También, que el acceso a las nuevas tecnologías como nueva forma de ciudadanía es imprescindible. Y que los Estados deben auxiliar a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños comercios y a la economía social y solidaria a expensas de las posiciones dominantes en el mercado.
Para llegar a un nuevo capitalismo eficiente y de bienestar, los Estados deben tener políticas universales y ciudadanas. No solo de ingreso, sino de acceso a la pertenencia a una sociedad. Y con esto no planteamos tener el auto más nuevo, el último smartphone o las zapatillas más caras, porque esa es la cara menos necesaria de la cuestión. Planteamos, por el contrario, tener salud y vejez garantizadas; que la educación sea igualadora y permita tener igualdad de oportunidades; que quien más tiene pague más, pero también que todos deben aportar algo para que el bienestar social alcance; impulsar las nuevas tecnologías y reducir la brecha digital y contar con políticas de inversión y desarrollo es pensar en el futuro; y que, de una buena vez, los Estados sean eficientes, para tener bienestar.
