La ministra de Defensa, Nilda Garré, autorizó -en las últimas horas del miércoles 22 de marzo- «el pleno acceso a la documentación y bases de datos de las Fuerzas Armadas» con el objeto de agilizar las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar.
La resolución abarca «al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas», como también a «cualquier dependencia o repartición del Ministerio de Defensa», se informó en un comunicado.
Según se consignó, «la documentación quedará a disposición del Archivo Nacional de la Memoria».
En base al decreto 825/05, Defensa instruyó a la Secretaría de Asuntos Militares a que “se garantice el acceso irrestricto a la información sobre los hechos gravísimos ocurridos en nuestro país durante la última dictadura militar”.
“De este modo, la iniciativa se suma a la política del Gobierno de prestar colaboración con las investigaciones acerca de lo acontecido” agrega el decreto.
Antes que la ministro disponga esta apertura de archivos, durante años el entonces jefe del Ejército, Martín Balza, actual embajador en Colombia, también buscó indicios de estos archivos, motivo por el que Balza es tan odiado entre sus colegas de armas.
Pero Balza no pudo encontrarlos, hecho reconocido en una entrevista con Nueva Sión.
