Desde el gobierno nacional ya tendrían delineado un plan de asistencia para cuando se termine la cuarentena. Eso ha manifestado el presidente Alberto Fernández en una nota con la prensa. Se trata de un «Ingreso Universal Básico (UBI)» o «Renta Básica Universal (RBU)», que se entregaría cuando termine el estado de emergencia sanitaria a aquellas personas consideradas en situación de alta vulnerabilidad debido a la pandemia del coronavirus que obligó a decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Si bien aún no está confirmado, el universo de la Renta Básica Universal sería bastante menor que el del Ingreso Familiar de Emergencia. Mientras que el IFE llega a nueve millones de beneficiarias y beneficiarios, el RBU alcanzaría sólo a tres millones de personas, ya que estaría dirigida a personas desempleadas, titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo.
La Renta Básica Universal alcanzaría un salario mínimo, vital y móvil (que actualmente serían $16.875). Esa cifra se situaría por encima de la Canasta Básica Total para un adulto (equivalente a $13.942), aunque para una familia de cuatro integrantes se necesitarían $43.811, por lo cual, dos personas con ingresos universales exclusivamente serían pobres.
Este tipo de medidas genera diversas implicancias en un país como el nuestro, donde cinco millones de trabajadores se desempeñan en el sector informal y los no asalariados superan los 5,5 millones; donde los monotributistas registrados suman 1,6 millones; y los autónomos casi 400 mil personas.
De aquí se desprende que sumando 3,5 millones de cuentapropistas, hacen una fuerza laboral informal de 8,5 millones. Por lo tanto, más del 50% de los trabajadores no posee formalidad completa de su puesto de trabajo. Estos números explican, en gran parte, que una de cada dos familias esté cobrando el IFE, orientado a personas en situación de vulnerabilidad económica y social.
Estos datos no son más alentadores si reflexionamos acerca de la economía en negro en su totalidad. Algunos tributaristas afirman que entre el 45% y el 55% del total de lo producido en el país se realiza de forma informal o semiformal y que la recaudación de la totalidad de la masa impositiva no supera el 40%.
En sí mismo, la informalidad en la economía es un problema. Es difícil llegar a las pymes que operan en negro pues los beneficios clásicos no les sirven: no pueden acceder a créditos bancarios o estímulos estatales, las exenciones impositivas no les son aplicadas. Pero estos pequeños emprendimientos son clave para sostener puestos de trabajo y changas, lo que tampoco ofrece un panorama alentador para el ordenamiento económico del país. Los trabajadores en la informalidad cobran, en promedio, un 45% menos que uno formal por la misma tarea, sin contabilizar aportes jubilatorios y obra social, entre otros.
El dilema que se planteará en adelante es si la economía del país, con alto grado de informalidad, es capaz de brindar un ingreso universal, y si el mismo es realmente universal, o si resulta otra política focalizada, con todo lo que conlleva, además de posibles cuestionamientos u observaciones que se puedan realizar.
Qué es la Renta Básica Universal y por qué se plantea como solución a la pobreza
Se puede definir de distintas formas. Eso es porque con el tiempo la idea fue mutando, se fue poniendo en debate, y fue absorbida por pensadores y/o intelectuales de izquierda a derecha. No es casualidad que tanto Bernie Sanders como Donald Trump, hayan deslizado como una solución a la pobreza friccional esta política pública.
Para la Organización Europea por el Ingreso Básico Universal se trata de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. La Red Renta Básica, a la cual pertenecen prestigiosas personalidades como Daniel Raventós, José Noguera y David Casassas, la define como una renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiada por impuestos o por otros medios y no sujeta a otra condición que la de ciudadanía o residencia.
En este sentido preciso, no debe confundirse la Renta Básica con los diversos subsidios condicionados propios del Estado que existen actualmente. Las distintas asignaciones podrían quedar más allá de la existencia de esta política, no necesariamente se debe concentrar toda la cuestión monetaria en un solo haber. Pasaría a ser un sueldo mínimo garantizado de alguna u otra manera para garantizar un piso de ciudadanía.
Ese carácter de salario colectivo permite elementos solidarios tales como la instauración de edades de jubilación más tempranas para quienes hayan realizado trabajos insalubres, la fijación de pensiones mínimas, la transferencia de recursos hacia empleos cuya actividad correspondiente se encuentra en declive (minería del carbón, por ejemplo), la atribución de cotizaciones para el personal de cuidado, etcétera.
La disminución de la pobreza a través de métodos de transferencias de ingresos podría solucionar algunas necesidades básicas insatisfechas pero no todas. Los problemas estructurales de las familias con esta problemática podrían continuar si además de obtener recursos económicos, no se aplican sendos planes de urbanización de barrios y localidades, mejora de los sistemas de educación, salud, transporte, tratamiento de residuos sólidos, entre otras.
Ideologías políticas y Renta Básica Universal
Después de la Segunda Guerra Mundial se extendieron una amplia gama de Estados de Bienestar. Durante esa etapa, los grandes capitales se valorizaban con la producción industrial y el sistema fordista, el empleo alcanzaba a casi toda la población económicamente activa. Pasada la era dorada, es decir, a fines de los ’60, se exacerba la deslocalización de la producción de empresas transnacionales en regiones donde los salarios en dólares son realmente bajos y los derechos laborales meramente inexistentes. El crecimiento pasó a reducirse, la demanda de fuerza de trabajo disminuyó en los países centrales –o en desarrollo, como el nuestro- y a medida que el desempleo se elevaba, comenzaba la flexibilización laboral, la caída del salario real y la exigencia de rebaja de impuestos. El desmantelamiento del Estado de Bienestar llegó de la mano de la focalización de la asistencia, comenzaba la era de trabajadores desprotegidos, con ingresos menores a sus necesidades. Algo no estaba funcionando, al menos, para los sectores bajos.
Es así como surgen las ideas de un ingreso ciudadano vital. Y ya hay experimentos para comprobar su efectividad, aunque estos no sean extrapolables a otras regiones del planeta. En el año 2015, el primer ministro finlandés de corte conservador, Juha Sipilä, anunció la implantación, de forma experimental durante los años 2017 y 2018, de un proyecto piloto de RBU evaluable en 2019. Proponía un presupuesto de 20 millones de euros, unos 560 euros mensuales, para 2.000 desempleados registrados en 2016. Se eligieron al azar dos grupos: uno experimental y otro de control, uno recibía fondos y los otros no.
Los resultados de la prueba arrojan luces y sombras. No aumentó la empleabilidad ni la disminuyó, pero mejoró la salud, sobre todo mental, por la seguridad que ingresa dinero al hogar. Del grupo de receptores el 22% se consideraban deprimidos, frente a los no receptores que se consideraban en un 32%. Además, los receptores estaban satisfechos con su vida en un 73%, frente a los no receptores que lo están en un 68%. El crecimiento sucede en la movilidad, para buscar empleo o satisfacer necesidades. La conclusión de este experimento social es que siempre el RBU es positivo pero no es mágico y las mejoras son leves.
En Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau, de izquierda, se aplicó un método similar a mil familias, el cual todavía no tiene resultados conclusivos pero sí algunos adelantos de los impulsores: la salud mental de los receptores mejora notablemente, disminuye la desesperanza frente a la falta de ingresos y al futuro de corto plazo, aunque dicha renta no signifique el reemplazo de un ingreso laboral ni la dignidad que un empleo conlleva.
Bloqueos y marchas a la medida
La resistencia a este tipo de medidas abarca a gran parte del abanico político global, por diversas complejidades de los sistemas. El financiamiento, la excesiva burocratización del Estado, la descentralización (o no) de los fondos y de la política distributiva son parte de las rigideces de la democracia liberal. La ideología política no está atada a la aprobación o no al RBU, sino una comprensión de la realidad distinta. Que multimillonarios globales están de acuerdo con financiar el Ingreso mínimo no es casual, porque registrarían un mayor consumo por ingreso de población al sistema, del cual la habían marginado.
Es un cambio de paradigma. Y uno de los dilemas es el financiamiento. Para arrancar un simple análisis, una medida de estas características podría costar miles de millones de moneda local, si se realiza de forma realmente universal; es decir, no ser una política focalizada más. Si solo se aplica a las personas en situación de pobreza de ingresos sería menos, pero igual muy oneroso. También si con el RBU se condensan todos los subsidios y ayudas del Estado a la población vulnerable o si se suma. Y si para financiarlos se van a cobrar más impuestos varios. Son debates para los congresos y los ministerios de economía, pero son temas a plantear profundamente.
La sociedad capitalista mutó, hay trabajadores pobres, población que posiblemente nunca consiga empleo pero tiene derechos por ser ciudadano a una vida digna. La ortodoxia económica no ha funcionado, sino todo lo contrario, es necesario un Estado que garantice libertades.
También es clave entender que el Estado no puede seguir siendo paternalista, sino universalista: las filas en los comedores, los repartos de bolsones, la prebenda, tiene que dar paso a una oportunidad única e histórica que es el piso de dignidad. Pero que con esto no alcanza, se requiere generar un cambio estructural para crecer y desarrollarse, un piso de estructura que garantice servicios básicos de calidad.
