Das Neves supone que es inminente que la Justicia llame a indagatoria a los implicados en la red de espionaje ilegal y sostuvo que las carpetas encontradas «son las mismas que hace 30 años atrás hacían que te vayan a buscar a tu casa».
“Yo tengo la sensación que el juzgado federal está actuando con serenidad y habrá una respuesta. Lo que yo vi es muy fuerte y muy grave porque en base a esta información mucha gente murió en Argentina”, sostuvo el mandatario provincial.
El caso de espionaje naval -revelado a la sociedad por información aportada por un marino arrepentido de identidad reservada- fue denunciado en la Justicia por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sobre la sección inteligencia de Trelew, en cuyo ámbito se realizó el espionaje a civiles, todo su personal -unas seis personas- fue puesto en disponibilidad.
Medidas adoptadas
El Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Jorge Omar Godoy, remitió un despacho a distintas unidades navales por el que ordena el inmediato cumplimiento de las siguientes medidas:
• Clausura de las Centrales y Secciones de inteligencia operativa por parte de la autoridad naval de la cual dependen orgánicamente, hasta tanto se realice una inspección administrativa, funcional y operativa, a cargo de comisiones inspectoras constituidas a tal efecto;
• Traslado en comisión del personal de las Centrales y Secciones de inteligencia a los destinos que se indican;
• Dependencia orgánica y funcional de las Centrales y Secciones de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Armada.
La totalidad del personal de la Sección de inteligencia de Trelew -en cuyo ámbito se produjeron los hechos de público conocimiento- fue puesto en situación de “disponibilidad”, a los efectos de facilitar el desarrollo de las investigaciones judiciales y administrativas en curso.
El paso a “disponibilidad” implica para el personal involucrado su desafectación del destino en el que revistaba y su permanencia en espera para una nueva función en servicio efectivo.
Simultáneamente, un total de diez comisiones inspectoras fueron destacadas a unidades de la Armada en distintos lugares del país, con la anticipada finalidad de “verificar y asegurar que las actividades del organismo de inteligencia naval, en todas y cada una de sus dependencias, se desarrollen sin el más mínimo apartamiento de las normas que regulan su funcionamiento”. Dichas comisiones están integradas por oficiales superiores y jefes de la Institución, así como por veedores designados por el Ministerio de Defensa.
El Vicealmirante Benito Ítalo Rótolo, designado por el Almirante Godoy como oficial investigante, puso a disposición del Juez Federal de Rawson, Jorge Pfleger, las investigaciones administrativas que realiza, y le ofreció su colaboración personal y la de personal especializado. El Vicealmirante Rótolo habrá de trasladarse en las próximas horas a la provincia de Chubut.
El Vicealmirante Enrique Salvador Olmedo -nombrado Director de Inteligencia Naval en reemplazo del Contraalmirante Pablo Carlos Rossi- llevó adelante, además, intensas acciones en el ámbito de esa Dirección, sita en el Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada.
Aquéllas conllevaron la clausura preventiva de locales destinados al archivo y manejo de información, el apartamiento temporario de sus tareas habituales del personal que se desempeñaba en ellos y la adopción de exhaustivas medidas de control de procedimientos y documentación.
Las autoridades navales mantienen permanentemente informado al Ministerio de Defensa acerca de las distintas medidas que se instrumentan.
Curiosamente, la fuerza sostiene un eslogan -en su página web- que asombra, y más a 30 años del Golpe: “Una respuesta eficaz ante los desafíos del siglo XXI”.
