La impunidad implica una nueva (segunda) violación de la ley penal porque, entre otras cosas, las leyes están hechas para ser cumplidas. En gran medida la seguridad social y el derecho de las víctimas quedan conculcados cuando ella es y el derecho deja de ser. Impunidad implica no justicia. Además, alimenta. No resulta polémico reflexionar sobre que la explosión de la Embajada de Israel, y sus nulas consecuencias judiciales, allanó el camino de la reiteración y sobrevino la idea del atentado a la AMIA.
En este punto es preciso formular una distinción. El ataque a la Embajada sugiere social y legalmente un abrumador delito de sentido extraterritorial. La idea se robustece al intervenir como instructora -con tranco tan cancino como irresoluto- la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien el atentado ocurrió en Buenos Aires pareciera tener un destinatario: Israel o los judíos.
El de la AMIA fue, en cambio, un atentado contra el pueblo argentino. Por un lado, dañar al máximo a una tradicional institución judía; por el otro, sembrar la muerte, sólo muerte, sin distinciones, en el pueblo todo. Entre los 85 muertos y la multitud de heridos, hay más apellidos no judíos que judíos pero si se hubiera buscado únicamente atentar contra una institución judía, volarla en fin, el hecho se hubiera planificado para un día antes, el 17 de julio de 1994 que fue domingo. Es decir que sus autores no podían ignorar que un lunes, minutos antes de las 10 de la mañana, el edificio de la AMIA estaría poblado por empleados, buena cantidad de público y que la onda expansiva del explosivo llevaría al deceso de un número indiscriminado de transeúntes, tal cual ocurrió.
Se trató de matar, sin distinción, al mayor número posible.
Quienes trabajaban, y hoy trabajan en la AMIA, son judíos de nacimiento pero tan argentinos como cualquiera por origen u opción.
Ni los gobiernos de Menem o de la Rúa recogieron al ferocísimo golpe como asestado a la carnadura nacional. Las agencias de ideologización y la opinión publicada se encargaron, de modo avieso, de separar al pueblo argentino de la victimización de que había sido objeto. Se dio por supuesto que fue un golpe contra la comunidad judía, y así hasta hoy, e instaló velozmente la idea de que la explosión de la AMIA fue un problema que tiene como recipiendarios a los judíos de Israel y de Buenos Aires…
Tatuajes en el alma
Cierto es que los judíos detentamos una suerte de herencia histórica especialísima, un tatuaje en el alma, con respecto a persecuciones y muerte. La Inquisición vuelve hacia nosotros con distintos ropajes. Y hemos desarrollado, frente a la inhumanidad de tanto infortunio, contenidos éticos de unión y hermandad, aunque las formas de las demandas nos dividan y subdividan y nos enojemos unos con otros por el volumen que imprimimos al intento.
En este caso, empero, el registro del dolor se ampara y recurre al mandato bíblico: ”La justicia, la justicia, perseguirás…”
De olvidos y desavenencias
A Menem lo favoreció la apropiación del suceso por víctimas judías. Al fin se trataba de un terrorismo importado de Medio Oriente y no vernáculo. Es posible que ya tuviera certezas de quiénes eran los autores materiales y ello le sirviera para moverse en el “juego que más le gusta”…
En materia penal, frente a un hecho de tamaña y crapulosa envergadura, era preciso conocer los motivos, las causas que lo engendraron para entender y dirigir con precisión, y sentido, a la investigación.
Las causas del estallido de la AMIA se determinaron, de inmediato, como ajenas al país en abstracto y a su autoridad máxima, en concreto.
Se detuvo y procesó a figuras de la llamada conexión local, pero no al o los ideólogos del hecho y a sus concretos autores materiales. Y aparece con claridad que se registró un amplísimo operativo de inteligencia que decidió la impunidad y la apariencia de justicia. A ello obedeció el silencio artero, la desviación y no realización de pruebas, la inasistencia cuasi burlona al juez de la causa.
Cuando Galeano eleva las actuaciones al tribunal de juicio oral, formula una amplia disquisición sobre la renuencia de las instituciones policiales de la Capital y la provincia de Buenos aires, a responder sobre sus investigaciones y los resultados. Olvida varias cosas:
Primero que los jueces no solicitan, ordenan.
Segundo, que si no fue obedecido tenía la posibilidad de:
a) pedir el procesamiento del funcionario por el delito de desobediencia y
b) allanar la repartición en busca de los elementos que se le escamotean y discutir después, si fuera preciso, sobre la inconstitucionalidad de ciertos privilegios.
En cuanto a la SIDE explica: ”Por sus especiales características, era el nexo adecuado para obtener información del exterior que gravitara definitivamente sobre la solución del caso”. Obviamente se incluye en el concepto las “estrechas relaciones” con servicios de inteligencia de Medio Oriente y de otros países que también han sufrido atentados. Se trataba de conocer las actividades de grupos minoritarios, de fundamentalistas, que hacen del terror un ejercicio político asentados en la frontera de nuestro país.
De todos modos, señala Galeano, que e la SIDE no sabía trabajar en colaboración con la investigación y el sumario judicial. A su criterio no tenía experiencia pues en el caso de la Embajada no fue requerido por la Corte Suprema, y ello “generó inconvenientes que debieron subsanarse, principalmente en todo aquello que se vincula con la actividad de investigación cuasi-policial y la forma de plasmarla en un sumario”.
Investigar la investigación
El caso AMIA, merece ser sometido a una suerte de investigación sobre la investigación… para fijar la actitud o actividad judicial y aquello que aparece en el expediente como inconcluso, los motivos de las demoras, las deficientes informaciones, lo no informado, las vías muertas, las desobediencias judiciales explícitas en especial de funcionarios de la SIDE, comenzando por su jefe. Estudiar también las circunstancias históricas y políticas que se vivían en el país en cada momento del curso omisivo de las pruebas y las razones políticas que se opusieron para ahondar las imprecisiones por las que ciertos funcionarios no podían ser llamados a declarar o , de hecho, no lo hacían.
Después, por decreto, dejó de ser obligación la carga pública que implica comparecer como testigo, y un tan largo como acuciante etcétera…
Averiguar, en fin, a quién o quiénes benefició (y en qué sentido) el silencio cómplice. Es muy posible que alguna investigación periodística nos lleve dentro de unos años a conocer el porqué y las causas íntimas por las que las instituciones retacearon su colaboración o informaron al juez de manera equívoca, las razones, en fin, de aquellos que debían proporcionar certezas pero prefirieron y, en su caso, por qué motivos, “cuidar sus canongias”, cerrar los ojos y sellar los labios, en la obediencia a ciertas lealtades… Y allí, entre esos escombros morales, encontraríamos el significado del misterio de las “razones de Estado”.
La SIDE y las dudas
Todo ha ingresado en lo paradójico. El juicio oral lo es. Semeja una enorme escenificación sin público. De vez en cuando es procesado alguien por falso testimonio pero el hecho más alevoso y mortal en la historia criminal del país, se columpia en la inconmensurable pereza que recuerda a aquello de “Por el camino del ya voy… se llega a la casa del nunca”. Hasta los abogados más optimistas han advertido que es muy difícil que alguien “se quiebre” y que es un riesgo pensar con y desde los deseos.
La resolución del poder político pretende, ahora, levantar el “secreto de Estado” y todo converge hacia la SIDE. Se entiende que su documentación secreta quedará a la mano de quienes sean parte del juicio. A sus funcionarios y ex funcionarios, convocados como testigos, se les da oportunidad de que hablen a calzón quitado, que digan lo que saben y se involucren en el juicio, a partir de su ex jefe, Anzorregui.
Claro está que la duda se suscita al pensar que algún servicio de contrainteligencia de la institución haya amañado las cosas y los documentos aparezcan retocados o no sean los reales. Saber si quienes han de declarar se han librado de sus lealtades políticas o están sellados por ellas. Si con sus palabras, en fin, intentarán apartarse de cualquier mal ejercicio de la función, encubrimiento y desobediencia al tribunal de instrucción…
Habrá que estudiar cuidadosamente la documentación y preparar baterías de preguntas significativas, contundentes. El secreto, como en tantos casos, significa oscurecer, cerrar cortinas metálicas a la información de la justicia y se requiere convicción, fuerza y pericia para demostrar las luces que aparecen en los extremos del túnel.
La SIDE es una de esas instituciones que pagamos los contribuyentes para que nos investigue… y su característica esencial es la de ser idéntica a sí misma. De modo circular, kafkiano, sus personajes (funcionarios) nacen, crecen, se reproducen y mueren para volver a nacer, crecer y así… Tampoco, por razones de arcana índole, existe -como existió en su momento- un consenso de países involucrados de que se descubra hasta las raíces lo ocurrido. Israel ha perdido el voltaje de sus primeros intentos. Y ello nada tiene que ver con el ‘corsi et recorsi’ de los cansinos y aburridos tiempos procesales.
Por el camino del ya voy…
Frente a otro luctuoso aniversario como ya es cruel tradición, detona el fuego de artificio de alguna “abertura política” que ayude a la investigación: en el caso se ha ordenado que la SIDE abra sus puertas y exhiba la desnudez de todas las pruebas posibles. No se trata del directo de la autocrítica sino de un hecho elocuente, porque queda en muchas manos que trabajan en el juicio allegar y efectuar interrogaciones que proporcionen respuestas también elocuentes a los encargados de juzgar.
Ello podría resultar de gran utilidad toda vez que quien ocupó la primer carga pública en el país -valga como ejemplo- ha sido señalado como recibiendo una alta suma dineraria en dólares, por no involucrar a Irán en el hecho criminal. ¿Dirán algo relevante los funcionarios que irán a declarar…?
Mi mesurado pesimismo no me permite despejar un interrogante en acción. Es que creo que nada impide que los ex funcionarios e incluso los actuales, utilicen la política del turiferario que tiñe las cosas del color de su interés. De tal modo se desplace la verdad y los indicios vehementes que determinen a los autores morales y materiales del deleznable delito. Se trata de declarantes avezados que saben que pueden quedar comprometidos penalmente.
Por lo demás, tiempo han tenido para transitar varias veces y volver a transitar, por lo atajos, “por el camino del ya voy…”
