Han pasado treinta años desde golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas arrasaron las instituciones, se adueñaron del Estado e instauraron la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia para imponer un proyecto económico que anuló las conquistas populares y sentó las bases de la exclusión social. Treinta mil desaparecidos, miles de presos, exiliados y despedidos, son la cifra implacable de la Doctrina de Seguridad Nacional que sustentó la política represiva de la Junta Militar.
Han pasado treinta años y el recorrido por la memoria del tiempo transcurrido ubica en su verdadera dimensión histórica la inclaudicable lucha contra la impunidad que encabezaron los organismos de Derechos Humanos durante la dictadura militar en el país y desde el exilio. Lucha que se fue enraizando a tal punto en la conciencia popular, en estas tres décadas, que ni los intentos de olvidar los crímenes del Terrorismo de Estado con el Indulto y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pudieron doblegar la permanente exigencia de verdad, memoria y justicia.
Esa causa insobornable traspasó las fronteras de nuestro país, logrando que en las Naciones Unidas se reconociera la figura del detenido desaparecido como delito de lesa humanidad.
Han pasado treinta años y en los claroscuros de esa larga historia -desde el Juicio a las Juntas y el informe de la CONADEP a las leyes de impunidad-, ese formidable movimiento por la defensa de los Derechos Humanos encuentra hoy, en la actual gestión de Gobierno, las respuestas a sus demandas.
Así, la renovación de la Corte Suprema abrió el camino a la inconstitucionalidad de las leyes que impedían juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura: con la reapertura de las causas están siendo juzgados más de 300 represores, a quienes se les dictó la prisión preventiva.
La recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), institución emblemática del Terrorismo de Estado, para ser destinada al Museo de la Memoria; la creación del Archivo Nacional de la Memoria, así como el retiro del cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar y las políticas de capacitación en Derechos Humanos en las instituciones militares y de seguridad, son algunos de los actos de este Gobierno que demuestran su compromiso con la causa de los Derechos Humanos.
Estamos ante la oportunidad histórica de desterrar para siempre la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad queden impunes. Porque el Gobierno asumió la lucha contra la impunidad como una política de Estado y esa política es condición necesaria para construir, con el conjunto del pueblo, un presente y un futuro de justicia.
