Convención Interamericana contra el Racismo e Intolerancia (OEA):

La discriminación (en el caso AMIA) como instrumento para sostener la impunidad

La Asamblea General de la OEA, en junio de 2005, encomendó al Consejo Permanente la institución de un Grupo de Trabajo encargado de recibir contribuciones con vistas a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, destinado a incrementar el grado de protección de los seres humanos contra actos de esa naturaleza, con miras a fortalecer los estándares internacionales vigentes y que tuviese en cuenta las formas y fuentes de racismo, discriminación e intolerancia del Hemisferio. Dado su paso por Washington, en ocasión de la reunión por el proceso de solución amistosa con el Estado argentino, Diana Malamud -de Memoria Activa- fue invitada a disertar en una reunión de la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Nueva Sión publica, en exclusiva, su ponencia en dicho foro internacional en la que se expresó sobre la discriminación (en el caso AMIA) como instrumento del poder para sostener la impunidad”.

Como ejemplo grafico de esta utilización tenemos las declaraciones de quien fuera entonces el Presidente argentino, Carlos Menem, inmediatamente de ocurrida la explosión.
Llamó al Primer Ministro israelí para darle el pésame por el atentado, o sea, quiso decir que esto no nos pasó a los argentinos, le pasó solo a los judíos y entonces los argentinos no nos tenemos que hacer cargo, es un problema de los judíos, ergo de los israelíes.
Inmediatamente después del atentado, el gobierno argentino aceptó que venga una brigada de rescate del ejercito israelí a intervenir también en la investigación, y lo que en realidad hizo el gobierno argentino fue fomentar la diferenciación y la discriminación.
Este es el mensaje que llegó a la sociedad desde la máxima autoridad de un país, que se coloca en el lugar de víctima de la masacre y no de responsable por la falta de previsión y la falta de investigación.
Otro ejemplo fueron declaraciones como por ejemplo: “murieron argentinos y murieron judíos”. Estas declaraciones fueron hechas por políticos y periodistas y expresaron crudamente la distinción que existe todavía, en el seno de la sociedad, respecto de ciudadanos de origen judío.
Otro ejemplo fueron las declaraciones acerca de que murieron en el atentado “judíos e inocentes”, como si por el hecho de ser judío o estar dentro del edificio de la AMIA, la víctima se convertía automáticamente en culpable. Se generan así dos categorías: los muertos culpables -judíos- y los muertos inocentes -no judíos-.
Esto provoca, inclusive, una discriminación entre los muertos, a quienes se los castiga a partir de su propia muerte.
Así fue que el gobierno direccionó la opinión publica manipulando la información: si existe un peligro y debe haber responsables, es indispensable que la sociedad identifique a los buenos y a los malos, y el gobierno recibe -entonces- el apoyo del conjunto de la sociedad, que necesita confiar en que alguien la proteja, ya que no protege a los judíos, sí debe proteger a los no judíos, que sí son argentinos e inocentes.
Lo que el gobierno hizo fue ubicar a los judíos en el lugar del culpables, algo habrán hecho para merecer lo que les pasó.
La sociedad se ubicó en un estado de angustia y desamparo, fue necesaria la búsqueda de culpables, fue necesario ponerles cara a los culpables para que vuelva la tranquilidad.
En ese momento el poder debía una respuesta a la sociedad respecto de la causa AMIA, y como no tiene una satisfactoria, inventa una falsa investigación con chivos expiatorios, es decir construye una mentira oficial.

Otra respuesta fue colocar barriles, pilotes de cemento y muros de contención en la puerta de las instituciones judías, estableciendo una marca indeleble que dice “aquí viven judíos” o “pasar por aquí es peligroso, mejor cruzar la calle”.

Esta marca es el primer momento en el proceso del racismo, la discriminación como un acto de separación a los portadores de la marca. Después se los segrega, esto consiste en crear límites espaciales para los movimientos de los portadores de la marca: guetos. Sólo falta extinguirlos.

El claro mensaje del Estado es: “los judíos traen el peligro y es mejor alejarse”. Lo que el Estado no admite es que debía protegernos y evitar que esto suceda, y si sucede, hacerse cargo como Estado y no delegar a los ciudadanos la responsabilidad de cuidarse.

La comunidad judía actuó también en concordancia generando a su vez, en su reacción para protegerse, acciones de discriminación y encierro.

Con la intención de protegerse -ya que quien debía hacerlo no lo hizo- debió desarrollar su propia sistema de protección donde todos los diferentes son, en principio, sospechosos.
Se generó así una discriminación a la inversa. La minoría atacada vio a los otros como enemigos.

La discriminación de la víctima

Otra expresión de la discriminación es la desvalorización de aquel familiar o grupo que tenía o tiene un pensamiento diferente. Esta discriminación se expresa en la descalificación pública por parte de ciertos dirigentes.
Se dice que “está loco, que tiene intereses económicos, que responde un partido político, etc.”.
Otro tipo de descalificación es cuando se expresa que todo lo que hace o dice aquel que tiene dolor, no tiene ningún valor, porque el dolor justifica que la víctima diga cualquier cosa, como si el dolor convirtiera a la víctima en idiota, como si el dolor anulara el valor del discurso.
Esto llega al punto en que la víctima se siente acorralada y tiene necesidad de dar explicaciones, como si fuese culpable de algo, como si debiera justificar su accionar.

Conclusiones y propuestas

Consideramos que a la impunidad y a la discriminación se la combate con verdad y justicia. Si hay justicia, es que hay verdad.
La verdad instruye, clarifica, construye nuevos vínculos sociales.
Esta construcción de vínculos acorta las brechas sociales actuando de modo antidiscriminatorio.

Cuando los gobiernos se hacen cargo de estas situaciones, fomentando que la justicia actúe hasta el esclarecimiento, está reconociendo que la tragedia les sucedió a todos, porque es obligación del Estado garantizar la justicia, para mayorías y minorías pues todos tienen los mismos derechos.

Finalmente, nos permitimos reflexionar acerca de la posibilidad que tienen las minorías sin recursos de acceder a la justicia.
En nuestro caso, luego de persistentes tareas de recolección de fondos, pudimos contratar abogados para ejercer nuestros derechos, financiar los costos de la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.

Pero ¿qué sucede con los que no pueden lograrlo?

Sería importante que la Comisión pensara en instrumentar un mecanismo alternativo que permitiera a todos los ciudadanos la posibilidad de ejercer sus derechos, sobre todo teniendo en cuenta que -en general- una de las problemáticas de las minorías en América Latina es la falta de recursos.