Mal camino emprendería Israel si van más allá de una mera amenaza las palabras proferidas por Mofaz. Los hechos indican que Hamas sigue respetando la tregua que se impuso desde más de un año, afronta la formación de un nuevo gobierno palestino e intenta romper su aislamiento internacional. Pretender que vaya a renunciar unilateralmente a la violencia o a reconocer sin más el derecho a la existencia de Israel es, aunque deseable, poco realista, al menos por ahora.
Cuando está intentando formar un gobierno de unidad nacional y tecnócrata, Hamas se ha echado encima a Al Fatah al revocar los poderes que la Asamblea Palestina saliente había aprobado para reforzar al Presidente Abú Mazen. Entre estos poderes se cuenta la capacidad de nombrar a los miembros de un Tribunal Constitucional que, en caso de quedar en manos de Al Fatah, podría anular las leyes que apruebe la nueva mayoría. Tales disposiciones fueron aprobadas por el Parlamento palestino de forma ilegítima después de las elecciones palestinas y cuando ya se sabía que las había ganado Hamas.
Las dificultades que tiene Hamas para gobernar son patentes. En la Asamblea, algunos de los escaños están ocupados por fotos de los elegidos, pues se encuentran en la cárcel, mientras que otros participan en ella por videoconferencia porque Israel no los autoriza a salir de Gaza, como en el caso del propio Haniya.
Hamas es una organización terrorista, pero, sin ceder un milímetro en cuanto a no tolerar un acto más de violencia por su parte, no conviene aislarla.
Putin lo comprendió al invitar una delegación a Moscú. La Unión Europea sigue de alguna forma ayudando a los palestinos y, sobre todo, preservando la figura de Mazen como interlocutor, con los poderes que los europeos insistieron que mantuviera cuando Estados Unidos e Israel intentaban vaciar los de Arafat.
Los asesinatos de terroristas, denominados ‘selectivos’ por Israel, también matan civiles inocentes, incluyendo niños. Cuesta creer que la opinión pública acepte tal situación, más aún si Israel continua rechazando cualquier perspectiva de diálogo y negociación con el nuevo gobierno palestino.
En su legítima defensa, la forma en la que se expresa el gobierno israelí se convierte en un instrumento prioritario para plantar cara frente al terror. A veces, unas palabras de más consiguen que el fondo del escenario se nuble hasta el punto que los terroristas aprovechen la situación para permitirse denunciar el carácter sangriento del enemigo.
El derecho de Israel a preservar su seguridad ante la desafiante amenaza terrorista se canaliza a través de los cauces legales previstos en su ordenamiento jurídico. Pero las razones de fondo que asisten al gobierno israelí para defenderse de la violencia corren el riesgo de desvirtuarse y servir, incluso, a los intereses de los violentos por culpa de los excesos verbales de quienes están obligados, en función de su cargo, a obrar con cautela, mesura y con una cierta perspectiva que se extienda más allá de los límites de una mera campaña proselitista.
Después de las elecciones generales del 28 de marzo próximo, Israel y la Autoridad Palestina tendrán que explorar nuevos caminos en una nueva realidad.
Ignorarla no serviría de nada, sino que agravaría más la situación.
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