Como prueba de ello, la causa contra Gualtieri, informó La Nación, se inició a partir de que sus hombres olvidaron un container lleno de explosivos: «La causa comenzó hace tres años, cuando un paisano halló un contenedor lleno de explosivos y detonadores que los constructores del gran acueducto del río Colorado habían abandonado en un paraje desolado».
Página/12 cita a la fiscal pampeana, Marta Fernández de Odasso, que explicó que «la investigación demostró que el empresario (Gualtieri) no tenía autorización oficial para la tenencia de explosivos en esa provincia, y también estableció que los 861 detonadores (abandonados) encontrados eran de origen chileno» y que Gualtieri no los importó legalmente (esto es, que los contrabandeó).
Lo más grave es que en el expediente judicial está perfectamente acreditado que los efímeramente detenidos Haddad padre e hijo, dueños del volquete que se depositó frente a la puerta de la AMIA 3 minutos antes de su voladura, compraron ingentes cantidades de explosivos similares a los utilizados en la voladura de la AMIA.
Y que jamás tuvieron permiso en regla para transportarlos (lo que constituye un delito federal) ni pudieron justificar su utilización: realizaron muchas explosiones exclusivamente como ensayo. Y lo hicieron en el departamento pampeano de Puelén, (cuya cabecera es 25 de Mayo), es decir en territorio pampeano y muy cerca del río Colorado.
Detenidos a pedido de siete fiscales, los Haddad (de origen libanés, católicos maronitas, relacionados con partícipes del contrabando de armas hacia Croacia) fueron instantáneamente liberados por Galeano luego de nerviosas gestiones hechas por el entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf.
