La polémica ley oficialista de reforma del Consejo de la Magistratura, aprobada el pasado jueves 23 de febrero, por la Cámara de Diputados, ya ha sido objetada ante la Justicia.
Por un lado los colegios de abogados agrupados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estudia presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad centrada en la violación al artículo 114 de la Constitución Nacional que postula que «el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal».
El diario ‘La Nación’ señala que el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Jorge Curto, explicó que, además, la futura presentación se centrará en que la nueva norma vulnera otro mandato constitucional como es el sistema republicano de gobierno.
Y el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez, agregó que comenzaron a estudiar y diseñar la medida que elevarán a la Justicia. «Hemos calificado este proyecto de inconstitucional y ahora que se aprobó la ley tenemos que ser coherentes con nuestros actos».
Por su lado el abogado Ricardo Monner Sans ya presentó una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo pidiendo que se declare «inconstitucional» la norma aprobada, pues «agrede la concepción ideológica» de la Carta Magna y «debilita aún más la independencia del Poder Judicial”.
La denuncia, que recayó en el juzgado a cargo de la jueza Clara Do Pico, sostiene que la reforma «devuelve a cualquier oficialismo de turno la llave central para la elección de los jueces” y solicita que se cite como «terceros interesados» para que formen parte del reclamo al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; al Colegio Público de Abogados, a la Asociación de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
