El proyecto de la dictadura pinochetista tuvo tres focos: uno, eliminar el sentido de lo colectivo desacreditando lo político y las instituciones sociales; dos, instaurar una jamás probada experiencia económica neoliberal y; tres, destrozar el ideario gestado durante el siglo XX, que culminó en la Vía Chilena al Socialismo implementada por Allende. La estrategia usada fue de represión a partidos y dirigentes sociales, un discurso que sembró el temor y la desconfianza que desarticuló el entramado social y, finalmente, la redacción de un nuevo cuerpo constitucional.
El mayor impacto generado por dicha Constitución -vigente hasta nuestros días- fue la creación de un sistema en donde la gestión política dejó de tener sentido. Los amarres legislativos e institucionales generaron un “modo de hacer” en el cual cualquier acto político, cualquier implementación de un programa de gobierno, solo es posible si su estructura filosófica, social y económica se enmarca en principios constitucionales regresivos en lo valórico y fundamentalistas en lo económico. Para ello existe un Tribunal Constitucional, el cual devuelve las cosas a su “cauce natural” mediante la anulación de leyes que buscan fortalecer el mundo sindical, dotar al Servicio Nacional del Consumidor de mayores herramientas para el cumplimiento de sus funciones, o derogar la Glosa presupuestaria que permitía implementar la gratuidad para la educación, entre otras iniciativas.
Así, a 30 años de terminada la dictadura, se evidencia el sinsentido de la política y los políticos, en donde éstos se justificaron convirtiéndose en “clase”, clase política, que defendió sus intereses, ocupó el poder, copó el “mercado público del trabajo” y las prebendas surgidas del ejercicio administrativo del Estado. Mientras las demandas ciudadanas quedaron reducidas a subsidios y bonos, y aún con una disminución de algunos parámetros de pobreza, se vislumbra un sector de ingresos medios con una vulnerabilidad jamás vista, todo en el marco de una sociedad que dejó lo colectivo imponiendo un individualismo triste y agresivo.
El resultado está a la vista: nuestros representantes políticos reciben honorarios que superan en más de 30 veces el sueldo mínimo; un sistema que avala el que solo el 1 % concentre el 30% de las riquezas del país y, como contrapartida, una mayoría de los chilenos con niveles de endeudamiento inverosímiles, solo con la finalidad de sustentar consumos básicos o el financiamiento de la educación universitaria con pagos de deuda que superan los 20 años.
Por su parte, el sistema de pensiones genera ingresos considerablemente menores al sueldo mínimo, lo que, sumado a una exclusión y vulneración, lleva a que la población adulta mayor presente la tasa de suicidios de nuestro país más alta.
En fin, la desconexión de lo político muestra lo que implica vivir en Chile: agua, luz, carreteras, educación y salud privatizadas, y colusión de gerentes de farmacias y supermercados, cuyo único castigo los constituyen cursos de ética básica.
La explosión
Fue todo aquello lo que explotó el 18 de octubre. A partir del impulso de los estudiantes, se evidencia el cansancio con esa clase política, el descrédito de las instituciones, un hastío de lo individual, expresión de un abuso que ya no se detiene, sumado a una presidencia y mundo político, incapaz de reconocer la fractura con la sociedad.
Sin embargo, a esta manifestación y demanda ciudadana, solo se la ha enfrentado con represión, la que retrotrajo a la policía y militares a sus temibles actuaciones ochenteras, con una estela de vejaciones sexuales, mutilaciones oculares, torturas y una efectividad igual a cero para dar cuenta de los saqueos e incendios posiblemente vinculados a un narcotráfico que se moviliza en un espacio de impunidad, tal vez garantizada por algunos políticos y miembros de las FF.AA.
A todo ello se le suma una estrategia dirigida por el Presidente Piñera, que declara la guerra a un “enemigo poderoso y de maldad sin límites” que se enfrenta a los “verdaderos chilenos que desean la paz”. Así, a los unos se les aplica un paquete de medidas represivas que criminaliza la protesta social, y a los otros se le propone una agenda social que apunta -está por verse- al sector más vulnerable, dejando pendiente los desafíos en educación, pensiones, salud y legislación laboral, entre otros.
El resultado de este período está en las calles. El espacio público ha sido el receptor de una ciudadanía convulsionada que ha ido desde la esperanza en un reencuentro de millones que recuperaron, aún de manera incipiente, ese entramado social que se creía perdido, hasta la ira por la represión ejercida por una Policía que enfrenta la movilización ciudadana, la que ha demandado mejoras en educación, en salud, en el sistema de pensiones, y una causa feminista, base de la igualdad social, la que en el último tiempo se fortaleció, no solo a nivel nacional, gracias al colectivo de Las Tesis.
Así, por primera estamos siendo testigos de un despertar social que está rompiendo los paradigmas impuestos por pocos. Es un despertar que, presentando un destino desconocido, ha tenido costos altísimos con resultados de muerte, torturas y mutilaciones por parte del Estado. La única certeza es que, pase lo que pase, dado el devenir histórico del cual estamos siendo testigos activos, ya nada podrá volver a ser normal.
* Arquitecto U. de Chile. Expresidente Centro Progresista Judío.
** Arqueóloga. Arqueología Histórica Santiago (@arqueologiahistoricasantiago)
