Ponemos en evidencia algunos puntos positivos, como saber quién tomó la decisión de llevar adelante el atentado, que -con todas las letras- decimos que fue el gobierno de Irán, que utilizó para ello al grupo terrorista Hezbollah, que tuvo el apoyo de miembros de fuerzas de seguridad y de funcionarios y civiles de nuestro país que hoy tenemos frente a los estrados judiciales acusados por sus responsabilidades, algunos de ellos como participes necesarios, que no es un tema menor por cuanto tienen la misma responsabilidad que quienes cometieron el atentado.
Existen también puntos negativos y exigimos que se sigan investigando, principalmente porque estamos convencidos de que existe un complemento a la llamada conexión nacional: no son todos los que participaron los que están siendo juzgados en este momento en el tribunal oral. Hay muchos más implicados de los cuales, lamentablemente, no se tiene una idea clara de quiénes fueron y cuáles fueron sus acciones para poder indagarlos, procesarlos y llevarlos a la justicia.
Desde distintas fuerzas de seguridad y organismos del Estado, funcionarios públicos han hecho lo imposible para tratar de evitar que se tenga conocimiento de lo que ocurrió aquel aciago día. Se han perdido pruebas y no se han puesto a disposición de la justicia para su investigación los medios y los fondos necesarios.
La falta de una toma de decisión concreta desde las más altas instancias nacionales de considerar a estos episodios como una cuestión de Estado, es el hecho más grave y negativo que nos indigna.
Representa una verdadera vergüenza para los argentinos saber que nuestro país ha sido atacado por una nación extranjera y que ningún gobierno tomó medida alguna. Por el contrario, se privilegiaron cuestiones comerciales que terminaron siendo un problema patrimonial por sobre lo que es el prestigio del país y la justicia. Hoy esto debe revertirse.
A lo largo de la investigación hubo una intencionalidad concreta de desviar y de tratar de evitar que se conozca la verdad. Determinamos que estos no fueron errores, sino que están enmarcados dentro de hechos delictivos y deben ser investigados, juzgados y castigados.
En nuestro país, la investigación de delitos de atentados con estas características muestran la dependencia que tiene el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. En la República Argentina no hay policía judicial. El juez que hace la instrucción depende del apoyo del Poder Ejecutivo, que pone a su disposición personal que le responde para que haga la investigación. Ahí es donde nos encontramos con un juzgado dependiente. En este caso fue un grupo de personas efímero: ocho personas que se pusieron a disposición para esta investigación; muchos de ellos están en este momento procesados por haber incumplido con sus funciones como funcionarios, por haber hecho todo lo posible para que se diluya la investigación o que se oriente hacia lugares, hechos, personas o circunstancias que no tienen nada que ver con la verdad, a pesar de que ellos sí la conocían.
Aquí es cuando decimos claramente que hubo participación de miembros de la Policía Federal, de la SIDE, Policía Bonaerense y de funcionarios públicos que colaboraron en esa tarea de evitar que la instrucción vaya por los caminos correctos.
Alertamos sobre aquellos que pregonan que el juicio oral se cae. No es cierto, el juicio no se cae.
El Tribunal Oral tiene como obligación -y lo está realizando como corresponde-, de reproducir todas las pruebas; es decir, no toma aquellas que provienen del juzgado de instrucción como válidas, sino solamente las que en él se producen y como tal todo está volviendo a producirse. A esta altura, hay una gran cantidad de elementos y de hechos que están debidamente probados ante el Tribunal, que hace prácticamente imposible sostener el discurso de que la causa se cae.
Si la causa se cae sería realmente por razones que no tienen nada que ver con la causa en sí.
Está perfectamente demostrado cuál fue la mecánica de la realización del atentado, contra la opinión de muchos que, se llamaban “expertos”, que decían que el explosivo estaba en el container o dentro del edificio. Está debidamente acreditado que fue un coche bomba, una Trafic que le fue retirada a Telleldín y que detrás de eso, se dieron hechos y episodios que tienen que ver con las actitudes y dichos de él y de los policías de la provincia de Buenos Aires, que suman una cantidad de indicios tan fuertes, que es un absurdo imaginarse que esta causa, con todos estos elementos pueda llegar a caerse.
En este nuevo aniversario, a pesar del tiempo que transcurrió, es el momento de reforzar aún más el pedido de justicia; porque si episodios como éste quedan impunes, nuestro país, nuestra sociedad, se va a convertir en inviable.
Es un tema que afecta al país entero y compete a toda la población argentina para que luchemos juntos, para que podamos vivir en una sociedad correcta, para que todos los que habitamos este suelo sintamos que estamos en un país donde podemos desarrollarnos dentro de un esquema democrático, con justicia y con un grado de dignidad que todos nos merecemos.
Al próximo Acto Central de Reclamo y Homenaje todos debemos asistir porque el mensaje de la presencia masiva significa el compromiso de cada uno, y de la población argentina en su conjunto, que no está dispuesta a quedarse con los brazos cruzados esperando que solamente pase el tiempo y que el atentado a la AMIA-DAIA quede impune.
