Neoconservadurismo en Brasil

Del proyecto emancipador del PT a la extrema derecha bolsonarista. Lula libre, ¿y ahora?

Al cabo de dos mandatos de Lula, durante los cuales la pobreza se contrajo en forma notable e inédita, el lawfare logró hacer caer al segundo gobierno de su sucesora Dilma mediante un golpe institucional, así como también encarcelar y proscribir al líder histórico del PT, en un proceso sin pruebas. Ese fue el principio de una profundización exponencial de políticas de corte neoliberal en el plano económico y conservadoras en relación a los derechos sociales que se están llevando a cabo en Brasil a partir del triunfo de Bolsonaro. Ahora que Lula recuperó su libertad, es el único que puede unificar a las fuerzas de centroizquierda para confrontar con una derecha escatológicamente reaccionaria.
Por Ana Krochik Bircz*

La llegada del PT al gobierno en el año 2003 coincidió con una fase espectacular de la economía mundial, con un contexto internacional especialmente favorable para Brasil. Mejoraron los términos del intercambio, las tasas de interés internacionales fueron bajas y, como consecuencia, hubo una mayor liquidez global, un aumento exponencial de los ingresos por exportaciones y se observó un creciente comercio Sur-Sur o intraperiferia, con una importante iniciativa del súper ciclo alcista de materia prima y demanda de China y la expansión asiática en general. Este ciclo provocó un importante avance de los países emergentes que dio origen, por ejemplo, a los BRICS, grupo del cual forma parte Brasil junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Es decir que Brasil fue uno de los países protagonistas de un nuevo orden económico mundial.

El legado de Lula en un país muy desigual
“Si termino mi mandato y todo brasileño desayuna, almuerza y cena, habré cumplido la meta de mi vida”, fue uno de los objetivos expresados por Lula desde su primer gobierno. Brasil sigue siendo uno de los diez países más desiguales del planeta, pero durante los gobiernos del PT lo fue un poco menos. Las raíces históricas de dicha desigualdad son la industrialización tardía, democracias cortas y discontinuas, un largo pasado esclavista de tres siglos que originó una gran cantidad de población analfabeta y sin ciudadanía. Brasil recibió el 35% de todos los esclavos comercializados en el Atlántico y fue el último país en abolir la esclavitud.
Durante los dos mandatos de Lula se crearon 14 millones de empleos y el salario mínimo real aumentó un 53,6%. La pobreza se contrajo apreciablemente. Con el incremento salarial se registraron fuertes tasas de crecimiento del consumo y la demanda, apoyados en el flujo de nuevos tomadores de crédito que creció al ritmo de la formalización del mercado de trabajo, generando un círculo económico de crecimiento virtuoso para la economía, apoyado fundamentalmente en el mercado interno y el consumo. El PT sacó de la pobreza extrema a 36 millones de personas y elevó a 40 millones a la clase media, en un país donde la mitad de la población estaba fuera del sistema. Entre 2003 y 2014, el gobierno del PT se caracterizó por la distribución progresiva del ingreso y el posicionamiento de los trabajadores en el sistema político y económico, como así también del subproletariado campesino y urbano.
El importante aumento del gasto social, a través de programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) representó una lucha contra la desigualdad en la distribución del ingreso con el resultado de una inédita disminución de la pobreza. Si bien los indicadores en los ingresos de la población mejoraron, no fue así en la pobreza estructural porque faltó inversión en infraestructura, cloacas, agua potable y servicios públicos en general.
Luiz Inácio Lula da Silva puso en práctica políticas sociales y económicas que fueron reconocidas y elogiadas por el Banco Mundial y demás organismos, calificándolo como uno de los líderes políticos más importantes de la época. En octubre de 2006, Lula fue reelegido con más de 58 millones de votos que representaron el 60% del electorado. Con la reelección de Lula se avanzó en una estrategia desarrollista. El corazón de este nuevo esquema fue el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y, desde 2007, el PAC Vivienda, que amplió recursos para la urbanización de las favelas. El Programa Mi Casa, Mi Vida, de 2009, contribuyó a la construcción de viviendas populares. También son relevantes los programas: Brasil sin Miseria, Projoven, Programa Territorios de la Ciudadanía, Programa Crecer, etc. El Programa Bolsa Familia (PBF) fue el más importante de todos. En 2003 había en Brasil 3,4 millones de familias beneficiarias y se llegó a casi 14 millones de hogares, con 46 millones de beneficiarios. El PBF es el plan social más masivo de la historia del mundo. El beneficio se otorga prioritariamente a las mujeres, que conocen las necesidades familiares, para generar efectos positivos en términos de género.
La estrategia del PT para la incorporación de la masa de excluidos del sistema se materializó por medio del consumo, lo que permitió también el crecimiento de la actividad privada y el incremento de la rentabilidad para las inversiones productivas. La transferencia fue también a dichos sectores. No se desafió ni castigó la ideología de mercado, ni se buscó la construcción de una lógica social distinta a la del capitalismo.

El golpe parlamentario a Dilma
En enero de 2015, Dilma inició su segunda presidencia. A los tres meses ya hubo grandes manifestaciones en su contra, motivadas por la elevación de los precios del transporte en San Pablo y en Río. Se generalizaron como descontento por la falta de servicios públicos en todo el país y la idea del Estado incompetente se instaló en la población, estimulada por los medios de comunicación. A partir de ese momento, debido a la caída percibida en la popularidad de Dilma, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Neves, hoy preso por corrupción, en alianza con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Eduardo Cunha, actualmente preso por corrupción, y de Temer, acusado por el mismo motivo, vieron en ese entonces la posibilidad de avanzar con la idea del impeachment.
Los diputados que votaron el juicio político contra Roussef también lo hicieron a favor de las políticas económicas neoliberales, las cuales comenzó a implementar Temer durante su gobierno, con importantes reformas estructurales: el techo al gasto público, que congeló los gastos en educación y salud; la flexibilización laboral; la propuesta de reforma del sistema previsional; y las privatizaciones. En el ámbito de las privatizaciones, uno de los casos emblemáticos es el del PRE-SAL que, con la modificación al marco regulatorio, provoca la entrega del patrimonio a las empresas petroleras multinacionales. El descubrimiento petrolífero del PRE-SAL fue un importante impulso y compromiso para la petrolera estatal Petrobras, que actualmente sigue inmersa en una de las mayores crisis debido a los escándalos de corrupción.
La gestión de Roussef no tuvo el mismo éxito que la de su antecesor. La causa más importante fue la situación económica, y por eso, el PT casi perdió las elecciones presidenciales de 2014. Ese año cerró con una combinación explosiva de estancamiento económico y creciente polarización política. Las críticas al gobierno del PT de Dilma, desde los sectores de centroizquierda, se refirieron a que ella optó por el austericidio, con incrementos de tarifas públicas y recortes del gasto estatal, fundamentalmente en las erogaciones sociales y en inversión redistributiva, con la intención de reducir el déficit fiscal, calmar exigencias sectoriales y preservarse de la reprobación de las agencias internacionales calificadoras de riesgo. En ese momento se agudizó la falta de infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda. La presidenta reaccionó a esto con un giro conservador en la política económica, al nombrar a un representante de la banca internacional, José Levy, para el Ministerio de Hacienda. Las consecuencias y los resultados le hicieron perder aún más el apoyo popular.
Los años 2015 y 2016 presentaron un importante retroceso en casi todos los sectores de la actividad económica. Frente a esta situación, Levy insistió en su principal argumento: reducir el gasto público. Es necesario, en este contexto, mencionar los efectos de la actuación de Eduardo Cunha, representante de la bancada evangélica parlamentaria, quien logró potenciar las oposiciones al gobierno de Dilma. Hay que sumarle el pedido de Aecio Neves para un recuento de votos en las elecciones de 2014, bajo la acusación de fraude por parte del PT. También fueron muy importantes las marchas opositoras y los cacerolazos junto a la intensa presión mediática organizada alrededor del escándalo de Petrobras. Todo este cuadro provocó que, en relativamente poco tiempo, la autoridad presidencial de Dilma Roussef se fuera diluyendo, en un momento económico complejo en el que la crítica generalizada hacia la clase política creció por las protestas en Brasil.
De esta manera, Brasil atravesó una profunda crisis institucional y de legitimidad. A pesar de que Dilma fue elegida por el 51, 64% de los votos en segunda vuelta, que representaron 54,5 millones de votos, se gestó un proceso que percibió el descontento y el cambio de humor e incorporó una consigna más amplia que relacionó izquierda y populismo con corrupción. La oposición de derecha se apropió de ese descontento. Dilma no había hecho nada que se diferenciara de lo que hicieron sus predecesores en el tema de la responsabilidad fiscal. En medio del escándalo y la falta de información y claridad, los argumentos para aceptar la destitución de la presidenta, giraron alrededor de la acusación denominada “crimen de responsabilidad fiscal” por haber utilizado el “crédito suplementario”, o sea, la transferencia de recursos de un destino a otro dentro del presupuesto nacional o por una supuesta demora en aprobar recursos para el Banco Do Brasil, para cubrir los préstamos concedidos a agricultores. Se acumularon denuncias diarias dirigidas a demostrar que ocultaba un déficit en las cuentas del Estado para seguir siendo reelegida y sobre la gestión económica de Dilma en general. A pesar de todo lo que se dijo sobre ella no hay acusaciones de corrupción y/o enriquecimiento comprobadas. En el momento del golpe, influyó que Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, estaba siendo investigado por una Comisión de Ética formada por sus pares, acusado de corrupción en gran escala, y Dilma se negó a protegerlo en un proceso en el que fue acusado de recibir sobornos y lavar dinero por el juez Sergio Moro, quien investigaba la corrupción de Petrobras. Cuando Dilma y el PT no votaron a favor suyo en la Comisión de Ética, Cunha activó y luego aceptó el pedido de juicio político que terminó con la destitución de Roussef, el 31 de agosto de 2016.
El pedido de impeachment condicionó las medidas de gobierno adoptadas por Dilma Roussef en 2015. Cunha fue promoviendo e instalando la posibilidad del juicio político en la agenda parlamentaria y también fue un elemento permanente de la agenda mediática y de la agenda judicial. Las “pedaladas fiscais” y las demoras presupuestarias, llevaron a la acusación de “crimen de responsabilidad fiscal” que fue comunicado como motivo de “impeachment”. Hubo golpe porque no fue probado el crimen de responsabilidad que la oposición le atribuye a Dilma.

El lawfare, la investigación Lava Jato y el escándalo de Petrobras
El lawfare, que consiste en maniobras jurídico-legales que promocionan acciones judiciales para desacreditar, deslegitimizar, desprestigiar, desmoralizar e influenciar negativamente en la opinión pública, se puso en práctica en ese período. Las campañas mediáticas contra Dilma y Lula avanzaron, en un principio, más rápido que las causas. La Corte brasileña que avaló el proceso contra Lula, y que dejaría fuera de las elecciones al líder con mayor respaldo en la historia del país, tiene un gran protagonismo, con consecuencias en la región y en el mundo. Las decisiones judiciales tuvieron un carácter proscriptivo y completaron el golpe institucional que comenzó con la destitución de la presidenta Dilma. La absolución parlamentaria y judicial de Temer fue una confirmación de que la lucha anticorrupción pasó a segundo plano, cuando se impuso el cambio de modelo económico y la agenda económica neoliberal. Al asumir, Temer contaba con menos del 5% de la aprobación popular, pero la falta de legitimidad electoral no limitó su autoridad.
El expresidente Lula da Silva, miembro fundador del Partido de los Trabajadores (PT), quien al dejar su cargo alcanzó un índice de aprobación de un 90%, fue acusado de recibir un soborno de la constructora OAS. Según el juez Moro, la OAS sobornó a Lula para que le ayudara a conseguir contratos de Petrobras. El soborno, estimado en 1,1 millones de dólares, se concretó, supuestamente, en un apartamento triplex en la ciudad costera de Guarujà, cerca de San Paulo. Nunca se presentaron las pruebas de que haya sido propiedad de Lula o de su esposa y sí las hay de que era propiedad de la constructora OAS. El apuro del poder judicial por lograr contrarreloj, el resultado que impidiera la candidatura de Lula en las elecciones de octubre del 2018, quedó demostrado al tratar el tema en feria judicial, priorizándolo respecto a otros casos.
La investigación Lava Jato descubre y demuestra un esquema de corrupción probada en los casos juzgados, no como un acto aislado en el tiempo y el espacio, sino como un sistema, con reglas preestablecidas como, por ejemplo, tarifas de coimas en contratos públicos, que se aplicaban en el ámbito de los contratos de Petrobras. El Lava Jato, junto con los importantes esfuerzos para frenar la corrupción, logró una combinación entre poder judicial y medios de comunicación hegemónicos que consiguieron resultados políticos al generar la atmósfera social para que la autoridad presidencial de Dilma Roussef se desacreditara en pocos meses, creando las condiciones para un ilegítimo e ilegal juicio político en su contra.
También incentivó la crisis económica del país porque Petrobras, durante el gobierno de Temer, tuvo que desprenderse de activos y suspender proyectos, dejando lugar al ingreso de nuevos inversores extranjeros en estos vitales rubros. Recordemos que Petrobras es la principal empresa latinoamericana y una de las más valiosas del mundo. Sus inversiones representaban cerca del 40%, con consecuencias multiplicadoras sobre toda la economía de Brasil. Dilma presidió el Consejo de Petrobras desde el 2006. Ella dispuso el marco regulatorio sobre los campos de petróleo del PRE-SAL, la mayor reserva petrolera descubierta en el siglo XXI, y también condicionó la presencia de Petrobras como operadora en un porcentaje.

El futuro distópico del gobierno de Bolsonaro
En las elecciones de 2018, Fernando Haddad y Jair Bolsonaro propusieron dos modelos opuestos para salir de la crisis que vivía Brasil, considerada una de las más fuertes recesiones de su historia. El modelo del PT proponía al Estado como activador, mientras que el otro, el de Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL), ve al Estado como un problema y plantea un ajuste. Su asesor fue Paulo Guedes, un Chicago boy ultraliberal, admirador del modelo chileno. Es el actual Ministro de Economía, con gran poder, que propone reformas pro-mercado, como achicar drásticamente el Estado al reducir las prestaciones. Concretamente, los programas económicos corresponden a dos visiones de Brasil y dos modelos antagónicos. Uno es ortodoxo y el otro es heterodoxo. Los resultados de las últimas elecciones expanden el número de los legisladores en la bancada evangélica liderada por BBB (Buey, Biblia y Bala, en referencia a terratenientes, pastores evangélicos y exintegrantes de las fuerzas de seguridad). También se verificó un desplazamiento de los conservadores hacia la extrema derecha debido, entre otras cosas, hacia la construcción mediática de hostilidad hacia el Partido de los Trabajadores y a la izquierda en general.
La actualidad económica de Brasil nos lleva a analizar las contradicciones entre las promesas de campaña de Bolsonaro y las definiciones de su equipo económico. A lo largo de su campaña electoral y en los días posteriores a su triunfo, hizo declaraciones acerca de su política exterior y su intención de un mayor acercamiento a Estados Unidos, criticó a China y a todos los regímenes asociados con el comunismo y calificó al Mercosur como un bloque demasiado ideologizado. Al igual que Donald Trump mostró su preferencia por las negociaciones bilaterales. Pero China es el principal destino de las exportaciones brasileñas, las cuales le permiten una balanza comercial superavitaria a Brasil y los principales beneficiarios son sectores económicos que conforman el núcleo duro del bolsonarismo como el agronegocio y la minería.
Si bien el conservadurismo cristiano es promotor de estrechar las relaciones con Estados Unidos, los ruralistas son quienes empujan a una mayor apertura comercial para la exportación de commodities. Respecto a la retórica anti-China de Bolsonaro durante la campaña, podemos observar un cambio pragmático influido porque China es el mayor socio comercial de Brasil. Le vende soja, mineral de hierro y petróleo, fundamentalmente. Además, dependen de la inversión extranjera de China, que fue muy importante. En estos momentos, Bolsonaro negocia un acuerdo de libre comercio con China y Paulo Guedes defiende una mayor integración entre los dos países.
Por otro lado, Bolsonaro también generó un gran debate en el tema medioambiente, al enfrentar a la presión internacional y denunciar que existe una campaña globalista que relativiza la soberanía nacional de Brasil en la cuenca amazónica. Según él, esa campaña moviliza a las ONG ambientalistas e indigenistas y a los medios de comunicación para ejercer presiones diplomáticas y económicas pero, a su vez, él también recibe presión del sector agrícola ganadero que expande cotidianamente la frontera de las tierras aptas para el cultivo o el engorde a través de las “queimadas”. Existe un programa denominado Calha Norte (Canal Norte) que consiste en crear infraestructuras estratégicas para la defensa de la frontera norte del país, ganando espacio a la selva.
Bolsonaro asumió con la promesa de orden y progreso. Intentó ser el representante moral de la lucha contra la corrupción. Realizó muchas y cuestionables declaraciones homofóbicas, racistas, machistas, contrarias a la perspectiva de género y reivindicatorias de la dictadura militar. Su discurso y su accionar ¿se mantendrán dentro de los límites de la ley sin restringir libertades y sin abusar del poder? ¿Se puede ser liberal en lo económico pero condicionar y reprimir en lo social y cultural?

Lula Libre
Respecto a la proscripción de Lula, la gran esperanza de Lula y el PT es que la Corte debe resolver si suspende las sentencias de Sergio Moro en función de la falta de imparcialidad del actual Ministro de Justicia. La defensa de Lula confía en que el STF pueda anular todo el proceso luego de que se rebelaron conversaciones impropias entre Moro y el fiscal coordinador del Lava Jato, Deltan Dallagnol, durante el juicio. La difusión que logró transparentar los hechos de corrupción en el marco del Lava Jato, junto con el avance de la destrucción de la estructura delictiva, permitió también que el poder judicial fuera utilizado como un instrumento de persecución política.
“Si me encarcelan, seré víctima; si me matan, seré mártir; si quedo en libertad, seré presidente”, dijo Luiz Inácio Lula da Silva cuando se entregó para ser encarcelado en abril de 2018. Hoy Brasil vive una polarización extrema en la que tanto Lula como Bolsonaro pueden asumir cada vez posiciones más radicales. La libertad de Lula puede ayudar a Bolsonaro a ordenar las diferencias al interior de sus colaboradores y defenderlo del fuego amigo, y de un posible aislamiento que él mismo provoca. Con su principal enemigo libre y amenazante, los seguidores de Bolsonaro pueden olvidar sus muchos errores y torpezas, y recuperar la fuerza de su discurso anticorrupción y anti PT. ¿Cuál será la futura estrategia política de Lula para unir a la oposición? Tal vez Lula decida ir por el centro para captar el descontento hacia Bolsonaro en sectores progresistas. Cuando fue encarcelado, Lula lideraba las encuestas de intención de voto para la elección presidencial del 2018. En la actualidad tiene la oportunidad y es el único que puede unificar a todas las fuerzas de centro izquierda en torno a su figura, aprovechando que Bolsonaro alcanzó una baja muy importante en el porcentaje de popularidad.
Desde el segundo gobierno de Dilma, Brasil está viviendo un cambio de ciclo que interrumpió una década de políticas públicas redistributivas, modificando la matriz productiva del país y comenzando el actual ciclo de neoliberalismo tardío. Vuelven a ser centrales las preguntas sobre cuál es el rol del Estado y el de la justicia, y cuál es el rol de los medios de comunicación y su impacto en la batalla cultural, el sentido común y las creencias.

* Lic. en Economía (UBA). Doctoranda en Ética y Economía de la UNLAM, con tesis sobre el Proyecto Neoliberal en Brasil en proceso.