El sistema democrático representativo israelí demanda en la confianza de los ciudadanos – respecto de los cargos públicos – uno de los pilares más importantes de su funcionamiento normal. Tal confianza exige, para mantenerse sana, un esfuerzo muy especial de transparencia, de modo que toda gestión que se realiza de los intereses públicos encomendados, quede libre de toda sospecha. Esta demanda, que ha estado siempre presente en el régimen democrático desde la fundación del Estado, se ha ido tornando mucho más exigente debido a los constantes conflictos bélicos y a los procesos económicos que llevaron a la rápida modernización de la sociedad, dentro de la cual la multiplicación de los canales de información alienta a los ciudadanos a ser más críticos sobre la corrección o incorrección del proceder de sus gobernantes y más sensibles a sus formas de accionar.
Por otra parte, la intensa relación que existe entre los intereses públicos y los privados, a través – entre otras cosas – de la inevitable intervención de la administración burocrática en cualquier intento de regulación de estos últimos, obliga a delimitar más nítidamente los campos respectivos en que unos y otros deben actuar, de manera que no se produzcan indeseables combinaciones, que conducen a la quiebra de dicha confianza, que es imprescindible para que el sistema funcione.
De la compleja situación actual, salta a la vista que durante la corta historia de la Knéset, muchos dirigentes de diferentes partidos políticos, no han sabido asimilar de forma suficiente los principios y las normas que deben regir el comportamiento de ellos mismos y de todos aquellos que se dedican a la gestión de la acción pública. Ese accionar obliga a una constante intervención de la Corte Suprema de Justicia, que en más de una oportunidad tuvo que anular leyes promulgadas por el Parlamento, afirmando que éstas contradecían los derechos básicos de la ciudadanía. Además, hace trabajar horas extras al Fiscal General del Estado, cuyos preocupantes informes y advertencias sobre el pésimo funcionamiento de las instituciones públicas, son tomados en cuenta por los diputados sólo en escasas situaciones.
Esta arraigada norma de acción, condujo a que parlamentarios se abstengan de regular diversos aspectos relacionados con el modo de proceder que debe seguirse en la gestión pública. De esta forma, a lo largo de setenta años desde la independencia del Estado, y muy especialmente después de la Guerra de los Seis Días, la ocupación de los territorios y las ambiciones personales, han ido formándose en la Knéset y en los Comités de Acción de los principales partidos políticos, sindicatos o entes municipales, entre otros, cuerpos normativos que, una vez evaluados, demostraron su inaptitud de proceder de forma transparente, su indiferencia ante la opinión pública y una total falta de interés y predisposición por tratar de modificar tales normas de conducta.
Cualquier ejemplo esporádico deja de serlo cuando se transforma en una norma general.
Así, Israel llega hoy a una triste realidad donde, al parecer, todo está permitido. Ese es el ambiente reinante donde un presidente puede ser encarcelado por violación, un primer ministro detenido por soborno, un ex ministro de Justicia condenado por acoso sexual, varios ministros y diputados que acuden casi diariamente a las oficinas de investigacion de la Policía, una docena de intendentes municipales acusados de corrupción, chantaje y abuso de autoridad y una lista interminable de funcionarios públicos – desde nuestro mismísimo primer ministro, pasando por miembros de la Dirección General Impositiva hasta los del Seguro Social – esperando su turno en Tribunales.
La ciudadanía israelí, que recientemente decidió que una persona acusada de graves delitos pueda ejercer sin problemas el cargo de primer ministro, está actualmente sumergida en una oscuridad institucional y en su más grave crisis de liderazgo de los últimos años. Correspode a la Knéset, a los organismos académicos, a las organizaciones por los derechos humanos, a la prensa y a la opinión pública en general, debatirla y, en su caso, hacer todo lo que corresponda para enmendarla, teniendo en cuenta que sólo la transparencia y un estricto régimen de incompatibilidades, con las correspondientes sanciones, podrán evitar la mezcla de intereses públicos y privados, que con extremada frecuencia se da en la gestión de las acciones públicas. Sólo así será posible devolver la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes.
Louis Brandeis (1856-1941), eximio juez de la Suprema Corte de los EE.UU y uno de los principales precursores del sionismo en la comunidad judía norteamericana, dijo en uno de sus famosos veredictos, que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes, y recomendó que las acciones institucionales «se lleven a cabo a la luz del sol».
Si la dirigencia israelí no decide poner proa al sol, seguirá estrellándose contra el pesado asteroide de la corrupción y pondrá en peligro la misma integridad del Estado democrático hebreo.
