Villaflor fue detenida junto a otras de sus compañeras en 1977 como consecuencia de la infiltración, en el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, del ex marino Alfredo Astiz, quien además de entregarlas y secuestrarlas, participó en las torturas antes de asesinarlas y lanzarlas al mar.
Su cadáver, devuelto a las costas por las olas del mar, fue enterrado sin identificación en un cementerio de la localidad de General Lavalle, a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.
Con la ceremonia culminará la Marcha de la Resistencia, realizada anualmente por la organización como recordación de su lucha de casi tres décadas mediante una silenciosa protesta de las madres de desaparecidos, cubriendo sus cabezas con un pañuelo blanco.
De acuerdo con informaciones de la dirigencia de Madres en la placa -se colocará de cara a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo- se plasmará el nombre, fecha de nacimiento y desaparición, datos sobre su vida y la consigna Juicio y Castigo a los Culpables.
La hija de Villafor, Cecilia de Vicenti, quien concibió la idea sobre el destino final de las cenizas, dijo que no hay lugar que represente mejor su lucha y su vida pública que la histórica plaza.
De acuerdo con fuentes periodísticas, toda la ceremonia obtuvo el respaldo pleno de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno tras una audiencia de Vicenti con el presidente Néstor Kirchner en junio pasado.
Junto con los restos de Azucena Villaflor también fueron identificados -por un equipo de antropología forense, en junio del 2005- los de sus compañeras de lucha Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce.
El hecho fue catalogado como un acontecimiento histórico, pues constituyó la prueba fehaciente para la confirmación científica de los llamados vuelos de la muerte.
Bajo esa denominación se identificó el lanzamiento desde aviones -por parte de represores de la dictadura militar- de los cuerpos de sus víctimas en la desembocadura del Río La Plata.
Este caso está en plena investigación como parte de una de las megacausas reabiertas por la justicia luego de que las leyes de Punto Final (diciembre de 1986) y Obediencia Debida (junio de 1987) fueran anuladas por la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio de este año.
