A 27 años del Atentado a la Embajada de Israel en Argentina

Una memoria sin justicia

Ante una conmemoración que no logra instalarse en la memoria colectiva de la comunidad judía argentina, a diferencia del Atentado a la AMIA, y frente a un reclamo que se ha centrado en la recordación, se hace necesario focalizar en la exigencia de justicia, apuntando a la búsqueda de los responsables. Bajo la premisa “Y le contarás a tus hijos…”, el pasado lunes 18 de marzo se realizó un nuevo acto en conmemoración al atentado que terminó con la vida de 29 personas, que en esta oportunidad contó con la polémica presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, cuestionado por su involucramiento en el juicio por Encubrimiento del Atentado a la AMIA.
Por Leonardo Naidorf

Otra tarde de sol agobiante acompañó la conmemoración de un episodio trágico que por diferentes motivos no ha logrado asentarse en la memoria colectiva de la comunidad judía argentina, ni conmover un reclamo de justicia como el que sí logró –aún con sus bemoles- el Atentado a la AMIA ocurrido dos años más tarde.

Uno de los efectos más visibles de esta desmemoria se vuelve notoria porque ya son varios los años en que este acto alcanza una baja convocatoria, superada incluso por la del persistente y movilizante acto de la juventud que se realiza en cada víspera.

Las razones de la pobrísima asistencia pueden tener alguna explicación en el horario de la convocatoria, a la misma hora que ocurrió el atentado, cerca de las 14:45 horas, o en la cantidad de años que transcurrieron desde el ataque. Sin embargo, los motivos de peso deben buscarse en factores que son más políticos que anecdóticos. Vaya como contraste el caso del 24 de marzo como fecha que adquiere vigencia por razones políticas antes que de calendario.

En ese sentido, la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, denunciado por Memoria Activa por su involucramiento en el juicio por Encubrimiento del Atentado a la AMIA y la disolución de la Secretaría de la Unidad AMIA, como voz del Gobierno en el último acto, fue tomada por varios sectores como un acto de provocación innecesario.

La organización, a cargo de la propia Embajada de Israel en Buenos Aires, le fue otorgando a dicho evento un carácter diplomático en el que se juegan los intereses mutuos de los países por sobre el reclamo de justicia. Vale recordar que el Estado de Israel tomó la decisión desde un principio de no convertirse en querellante en la causa judicial que duerme en la Corte Suprema. Una posición que les resulta cómoda a los representantes de los gobiernos de turno que recorren sus discursos en lamentos al cielo y evocaciones a la paz entre los hermanos sin mayor registro de la vergüenza que implica no tener la más mínima novedad sobre qué ocurrió hace 27 años en la esquina de Arroyo y Suipacha de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa
A 27 años del primer atentado de terrorismo internacional en América Latina, y sin ningún tipo de avance significativo en la causa judicial que lo investiga, el tono de los discursos del acto, el tono de reclamo, probablemente no fue lo enérgico que corresponde. Los mensajes en tono diplomático no invitan a la sociedad a involucrarse en el reclamo de justicia. La permanente mención a Irán y Hezbollah como responsables y ejecutores del atentado omite hacer foco en las responsabilidades y complicidades locales, necesarias para un atentado de esa envergadura.

La honrosa excepción estuvo a cargo, como siempre, de los familiares de las víctimas en la voz de Alberto Romano, que evocó a Carlos Susevich, padre de Graciela, quien en vida sostuvo la querella judicial y el reclamo en tono firme y bien informado. Romano fue el único que hizo foco en la falta de justicia.

Por otro lado, la encrucijada que atraviesa la comunidad judía en sus manifestaciones públicas es literalmente un callejón sin salida. La detención de dos ciudadanos iraníes que ingresaron al país con pasaportes israelíes falsos, redundó en el refuerzo de las medidas ya de por sí estrictas de seguridad, con abundante personal y vehículos de diferentes fuerzas de seguridad, además del vallado perimetral y el personal encargado de verificar la identidad de los ingresantes. Encrucijada que en el acto de este año se materializó de un modo grotesco, porque el caso de los iraníes –por no mencionar el mismo atentado que nos convocó- actualiza los temores de un ataque, pero aun así se debe considerar que tamaño dispositivo de seguridad funciona como barrera que divide los problemas de “los judíos” con los del “conjunto de la sociedad”. Encontrar alternativas a estas barreras debiera ser un ejercicio político a resolver.

Sin justicia no hay memoria. La narración a una nueva generación de lo que ocurrió el 17 de marzo de 1992 en la esquina de Arroyo y Suipacha no puede ni debe quedar sólo en el recuerdo de lo ocurrido y el deseo de que no vuelva a ocurrir. Es fundamental persistir en el reclamo de justicia que tiene responsables concretos, algunos de los cuales se suben al mismo estrado que las víctimas evocando a la memoria.