Al declarar una “emergencia nacional” con la excusa y objetivo de construir el muro con México, el presidente de los Estados Unidos ha jugado su última carta para concretar una de las promesas clave a sus votantes de extrema derecha, pero de la que también ha hecho un asunto de autoridad y de orgullo personal; del narcisismo que lo define.
Hasta ahora, le ha ido muy mal. Repasemos rápidamente: la firme negativa del gobierno mexicano a pagar el muro, asunto clave de su promesa electoral; luego, la derrota en el Congreso, a la que contribuyeron algunos republicanos; más tarde, la paralización de una parte de la burocracia de Estado, la más larga de la historia, con 800.000 personas sin cobrar salario y, al cabo, otra derrota. Ahora, descontento con el acuerdo alcanzado en el Congreso por republicanos y demócratas, que no incluye la partida para el muro, Trump declara la emergencia nacional…
Es opinión generalizada que las posibilidades de que le vaya mal otra vez son altas. Para abreviar, citemos una fuente respetada: “El presidente quiere usar poderes especiales arguyendo una crisis de drogas e inmigración ilegal en la frontera sur (…). La segunda difícilmente se sostiene con las cifras: el número de familias sin papeles que llegan a la frontera sí ha alcanzado un récord, pero el número de personas que cruzan ilegalmente se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas. Y la primera, la entrada de drogas, tiene pocos visos de frenarse con un muro, dadas las vías que las redes de narcotráfico suelen utilizar para introducirlas en Estados Unidos. Además, el propio concepto de emergencia chirría con una batalla que lleva meses abierta en Washington (…). La Constitución de EE.UU. establece que no se puede utilizar dinero alguno del Tesoro sin una ley del Congreso, pero otra norma de 1976 autoriza al presidente a arrogarse poderes especiales en casos de emergencia. Trump planea usar una orden ejecutiva para el muro, un camino muy controvertido políticamente y plagado de dudas jurídicas.
Ya, el jueves por la tarde, cuando se conocieron sus intenciones, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió en rueda de prensa de que se trataba de una emergencia ‘creada por él’ y dejó la puerta abierta al litigio. (…) El jefe de gabinete, Mick Mulvaney, cifró en aproximadamente 8.000 millones de dólares la partida de la que el Gobierno podrá disponer con esta declaración para reforzar la seguridad en la frontera. En concreto, Trump tendrá acceso a 3.600 millones presupuestados para proyectos de construcción para los militares, 2.500 millones para un programa de narcóticos y 600 millones del Tesoro de fondos de recursos incautados, que se suman a los 1.375 millones que los legisladores republicanos y demócratas sí habían pactado para vallas en la frontera. Lo que no está claro es si este recurso va salir adelante sin tropiezos. Los demócratas pueden tratar de bloquearlo en el Congreso (aunque necesitarían el apoyo del Senado, controlado por los republicanos) o llevarlo ante un juez, algo que también pueden hacer organizaciones sociales o particulares, como ocurrió con el veto migratorio. El propio presidente anticipó una batalla jurídica. ‘Acabaremos en el Tribunal Supremo y espero que tengamos un trato justo y ganemos’, afirmó”. Hasta aquí la cita del análisis del diario El País de España, cuyos datos indican que no solamente se agudizará el ya duro debate político-mediático-social, sino que incluso podría generarse una crisis institucional, incluyendo cierta resistencia militar, ya que fondos que le están destinados irían a parar al muro.
Respecto a las posibilidades de Trump en el plano jurídico, no es difícil inferir en qué basa su confianza de una victoria final en el Tribunal Supremo de Justicia. Con la aprobación de Brett M. Kavanaugh, el último de los dos jueces que él mismo nombró, Trump acabó conformando un Tribunal con preeminencia conservadora.
Pero aún así lo tendrá difícil, porque en Estados Unidos a ningún juez le resulta fácil y sin consecuencias interpretar la ley según su ideología; menos aún un miembro del Tribunal Supremo. No es que nunca haya ocurrido, pero cada vez ha acabado en escándalo. Además, las cuestiones estrictamente legales parecen estar todas del lado de la inconsistencia argumental de la declaración de emergencia nacional. Por otra parte, sobre Trump rondan varios asuntos de justicia de extrema importancia, desde las conexiones rusas durante la campaña electoral, hasta algún asunto privado. Hay varios colaboradores suyos investigados, entre ellos Michael Cohen, su ex abogado personal.
En cuanto a las consecuencias de una nueva derrota de Trump, esta vez ante el Tribunal, irían desde una situación de extrema debilidad presidencial, pasando por una renuncia, hasta un impeachment. Esto sin contar, conociendo al personaje, con sus imprevisibles reacciones.
Pero existe otra posibilidad, aunque hoy parece improbable. ¿Qué ocurriría si a pesar de todas las previsiones actuales, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo le diese razón? En ese caso, no es difícil prever que se abriría un arduo debate jurídico-político a escala nacional, que podría acabar en una crisis del calibre del “Watergate” o peor si cabe, porque también involucraría a la Justicia. La extrema derecha cobraría nuevas fuerzas, ahora apoyada en el pronunciamiento de la máxima autoridad de justicia. Así, no es difícil imaginar fuertes movilizaciones de uno y otro lado y un gran debate mediático en el que los jueces serían exaltados por unos como defensores de la “great América” y acusados por otros de incumplimiento grave de las leyes, o de estar mezclados en los brumosos negocios políticos y personales del Presidente y su entorno. Semejante escenario podría incluso generar enfrentamientos graves.
En fin, que todo parece indicar que Donald Trump se ha metido en su último callejón. Pero no debe descartarse que la extrema derecha estadounidense acabe sino victoriosa, al menos ampliada y fortalecida; crezca en número y ambición. Es lo que está ocurriendo en casi todos los países capitalistas desarrollados: Francia, Alemania, Italia, incluso en Holanda, Suecia y Dinamarca, por no hablar de Polonia, Hungría…
Por último, y en lo que respecta a América Latina, una situación de conflicto como la que enfrenta la administración Trump, podría precipitar una aventura militar en Venezuela, cuestión no sólo de interferir la creciente influencia china y rusa, sino también de desviar la atención de la opinión pública estadounidense de los problemas del gobierno y de exaltar a la derecha nacionalista.
En Venezuela, el “presidente encargado”, Juan Guaidó, se inclina cada vez más hacia el apoyo de una intervención de los EE.UU. Pero en los últimos días ha aparecido una “plataforma ciudadana de defensa de la Constitución”, auspiciada por la izquierda democrática venezolana y liderada por Edgardo Lander, que propone la organización de un referéndum, previo a las elecciones generales y controlado por organismos internacionales. Se trata de neutralizar o al menos disminuir la influencia de EE.UU. en el derrocamiento de Maduro.
Todo y cualquier cosa podría ocurrir en las próximas semanas.
* Periodista y escritor
