Buenos Aires, 14 de noviembre de 2005
Las declaraciones del fiscal Nisman son una estafa
¡No a la prescripción de la causa AMIA!
1.- Los fiscales Nisman y Burgos presentaron ante la opinión pública la identidad del supuesto conductor suicida que habría atentado contra la sede de la AMIA.
Lo hicieron pocas horas después de recibir el respaldo del presidente Kirchner y de los representantes del Comité Judío Americano (AJC), que anunciaron que «esperan grandes avances» de la tarea del fiscal Nisman y que respaldan la necesidad de insistir con el pedido de captura de los iraníes supuestamente implicados en el ataque.
Los anuncios, presentados como novedosos por su “seriedad” y “progresos” en la investigación del atentado a la AMIA, persiguen “judicializar” lo producido por el SIDE y las afirmaciones de los servicios de inteligencia extranjeros.
Pero esto no tiene nada de novedoso: “judicializar” este crimen político es lo que vienen haciendo desde hace 11 años y es precisamente lo que embarró cualquier posibilidad de esclarecerlo. El esfuerzo por “judicializar” -construir pruebas en base a dichos caprichosos o inferencias de esos dichos, que permitan ajustar la realidad a estas nuevas “evidencias”- tuvo su punto culminante durante el fracasado Juicio Oral, cuando absolvieron al primer eslabón de la cadena de responsabilidades criminales denominada “conexión local”, integrada por policías y funcionarios de los Servicios de Inteligencia.
Ya entonces, los jueces no se atrevieron a condenar -ni pudieron explicar- las probadas responsabilidades de los funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de esos mismos Servicios en tanta “judicialización”, fabricación, ocultamiento y destrucción de pruebas.
“Previsto para poner un punto final… el fallo no pudo evitar la abrumadora evidencia de la acción delictiva del propio Estado, aunque se propone no sancionarla. Es parte de los intentos que desde el Poder Judicial se vienen haciendo para rearmar al Estado con una nueva interpretación jurídico-política que, en este caso, legitime los “principios” y acciones ilegales de sus propios servicios de seguridad”.
2.- El juez Canicoba Corral -a cargo de la causa llamada “AMIA residual”- aprovechó los anuncios para reivindicar abiertamente no sólo a los fiscales y su equipo, sino también al ex juez Galeano.
La asociación no fue inocente ni casual…
El fiscal construye las pruebas como antes lo hacían Galeano y sus socios, los fiscales Müllen y Barbaccia (jefes del mismísimo Nisman durante el juicio oral que consagró la impunidad) y las querellas de DAIA, AMIA y Familiares.
Nisman juega con las palabras presentando sus certezas como “pruebas”, después de reconocer que no pasan de ser “inferencias” que surgen de la declaración de un hermano del suicida que “nunca había dicho que su hermano participó en el ataque contra la sede de la AMIA”… (La Nación 10/11/05).
La construcción de la prueba se completa con los especialistas de la Policía Federal que dieron su OK al comparar el identikit realizado hace 11 años con la foto del joven libanés, mientras la testigo que dijo haber visto al atacante no pudo reconocer espontáneamente su foto (Perfil, 13/11/05). Vale la pena señalar que el identikit que se publica ahora no es el que se divulgó hace 11 años ni el que se le mostraba a la testigo en las audiencias del Juicio Oral.
“Todo esto en conjunto nos da la certeza. Si además le sumamos la información de un servicio de inteligencia colateral, es un indicio más para llegar a esta conclusión” (La Nación, 10/11/05).
Las afirmaciones de Nisman y Burgos son extremadamente graves y contrastan con la realidad de los hechos. Presentar como novedoso viejos procedimientos, viejos métodos y viejos objetivos, es una nueva estafa a toda la sociedad.
3.- Lo novedoso de esta campaña no está en la información misma, conocida desde hace varios años. Lo “nuevo” es el uso que el gobierno hace -en el actual contexto internacional- de su declamado compromiso de esclarecer el atentado.
Kirchner se muestra preocupado por lograr “avances” asociado a las organizaciones del lobby judeo-americano y a las autoridades norteamericanas y del FBI, que apenas disimulan sus presiones por alinear al Estado tras las políticas criminales de Bush-Blair y Sharón contra el “Eje del Mal”. Estos socios internacionales van a cobrarse caro su aporte para no inculpar al Estado argentino por este acto de terrorismo de Estado y contribuir para no condenarlo siquiera por su ya reconocida responsabilidad en el encubrimiento agravado y deliberado de este crimen.
4.- Esta estrategia tampoco es nueva, y surgió como necesidad para superar incluso las diferencias entre las partes, ante el evidente fracaso del Juicio Oral que todas ellas apoyaron en septiembre de 2004.
La base la perfiló el American Jewish Committee (AJC) que, sin vueltas, le hizo saber al gobierno Kirchner que “si bien es importante descubrir quién fue responsable en Argentina por obstaculizar la investigación… dicho proceso no debería convertirse en una distracción”. Lo más importante es centrarse nuevamente en la conexión internacional, particularmente siguiendo los rastros que involucran a Hezbollah y a los estados que la apoyan, Irán y Siria.” (“En el onceavo aniversario del atentado a la AMIA, el AJC insta a la Argentina a concentrarse en la conexión internacional”. American Jewish Commettee, 14-07-05. Subrayado por APEMIA)
El gobierno Kirchner eligió esta estrategia…
Con su reconocida sensibilidad, el Canciller Bielsa y sus socios locales de DAIA-AMIA, tuvieron “la idea de establecer una nueva estrategia que involucre a la Cancillería, a la Policía y a la Justicia para reponer los exhortos (ya rechazados por INTERPOL contra los iraníes) el año que viene” (Clarín 29-09-05).
Se pretende -de paso- superar las viejas y nuevas disputas (con Bielsa en julio pasado y ante la CIDH en octubre) que afectaron la relación entre autoridades nacionales y sus socios locales de DAIA-AMIA, Familiares y Memoria Activa.
Las declaraciones y promesas de perseguir e inculpar a los responsables locales, de reforma y limpieza judicial, los pedidos de perdón y los papeles firmados reconociendo responsabilidades propias ante la misma Comisión de DD.HH. de la OEA… son una nueva estafa.
Potenciados por estas estrategias, la dirección de la DAIA le reclamó a Kirchner que encabece una campaña internacional contra Irán, que «denuncie y exija sanciones en todos los foros internacionales contra un Estado que ha perpetrado un deleznable crimen masivo en nuestro país» (INFOBAE 12-11-05).
En un acto de cinismo sin par, el mismo grupo que de Menem para acá es cómplice y sostén de la impunidad del Estado, busca ahora salvar las responsabilidades políticas y jurídicas locales, encabezando una campaña mundial contra el Mal: «No puede haber impunidad jurídica para los criminales y sus cómplices ni impunidad política para un Estado terrorista» (INFOBAE 12-11-05).
Así hablan estos provocadores. Sus declaraciones merecen la condena y el repudio de toda la población.
5.- Para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales en este ataque terrorista de Estado, o más modestamente, de sus reconocidas responsabilidades de encubridor, el gobierno cuenta con la firme determinación de Israel y de los Estados Unidos. La próxima visita del canciller israelí (a comienzos de diciembre) se inscribe en esta perspectiva, abonada en el pasado reciente por las visitas de la senadora Cristina Fernández, del ministro Aníbal Fernández y del canciller Bielsa a Israel, o las de varios ministros y del Vice Primer Olmert a la Argentina. En los próximos meses será el turno del presidente Kirchner para visitar Israel.
El American Jewish Committee (AJC) -y otras organizaciones como el Centro Wiesenthal- facilitan estas relaciones y “cuidan” la buena imagen argentina. Así lo confesó el Director del AJC al mostrarse conforme con el informe Nisman: “Él me pidió auxilio. Me dijo que trabajaría para cambiar esa imagen.” (Clarín 12-11-05).
6.- La declaración de los fiscales tiene un contenido político inequívoco y cuenta con el respaldo de sus mentores. Lo menos importante del anuncio es del orden de lo jurídico.
Aún así, en el caso de dar por probada la afirmación de Nisman, no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento del atentado porque -salvo para el espíritu del burócrata- “certificar” el nombre y la culpa del muerto no aclara el carácter de los vínculos entre el Estado nacional y su grupo político de pertenencia, en este caso el Hezbollah. Nada dice acerca de cómo hizo ese joven que no hablaba español (o su grupo) para coordinar su acción criminal y el uso de helicópteros, explosivos y vehículos, con la no menos criminal participación de la Policía Federal, de la Bonaerense, del SIDE, y de los funcionarios de los tres poderes del Estado tibiamente aludidos por el fallo del Tribunal Oral Nº 3.
No sólo no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento: retrocederíamos infinitamente, porque con el “responsable” muerto se cierran las actuaciones y -de paso- el Estado se ahorra tener que declarar la prescripción de la acción penal o reconocer el atentado como de “Lesa Humanidad”.
Si Nisman creyera en sus propias investigaciones debería inculpar al Estado nacional que necesariamente dio cobertura criminal a la acción terrorista, y que ya reconoció que -al menos- le dio cobertura jurídica cuando el mismísimo Nisman era miembro del equipo de fiscales que sostuvo la impunidad.
Tampoco aclara si ahora, que conoce la identidad del muerto, el fiscal-burócrata piensa al fin perseguir la confesada (y probada) responsabilidad de los funcionarios de Estado.
Es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas para comprender que la masacre de la AMIA no fue el producto de un solitario hombre-bomba suicida, sino el producto de los intereses y vínculos políticos entre los Estados que hace pocos días se pusieron de relieve en la Cumbre de las Américas y en la reiterada vocación del presidente Kirchner de acompañar las políticas terroristas de Bush, la OTAN y Sharón.
7.- Mientras declama su preocupación por el esclarecimiento, la estrategia del gobierno de Kirchner es dejar que la causa AMIA prescriba en pocos meses más, el próximo 18 de julio.
Para entonces, el gobierno se declarará impedido de perseguir -incluso formalmente- cualquier responsabilidad criminal así como cualquier otra falta correccional vinculada al atentado a la AMIA.
La afirmación hecha por el Director del AJC de que “Kirchner asumió el compromiso de evitar que puedan prescribir las investigaciones relacionadas con la causa AMIA, pues son consideradas como delitos de lesa humanidad” (La Nación, 12-11-05), carece de todo sustento y es ajena a las preocupaciones de los fiscales.
Por su parte, el Poder Ejecutivo ya adelantó que esto sería cuestionable. El Poder Legislativo no tomó siquiera alguna medida declarativa.
Los familiares y amigos de las víctimas nucleados en APEMIA repudiamos la estafa de Nisman, las maniobras del gobierno de Kirchner, del Comité Judío Americano (AJC) y del Departamento de Estado, y exigimos la inmediata renuncia de los hombres de la SIDE en la justicia: Alberto Nisman y Alejandro Rúa, la apertura de los archivos secretos del Estado y su entrega a una Comisión Independiente.
Hacemos un llamado especial para que nos acompañen, difundan y se sumen a organizar una campaña masiva, aportando vuestras ideas y reclamando JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES
¡No a la prescripción de la causa AMIA!
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2005
