Ibarra, poco después de conocer la decisión, declaró que se someterá al juicio político pero que no renunciará y que su gobierno seguirá en funciones con todos sus ministros y colaboradores, ratificados por el Vice jefe de Gobierno, Jorge Telerman.
«No se puede alcanzar la verdad sobre la revancha política. No voy a renunciar, voy a seguir buscando junto con la sociedad toda la verdad de lo ocurrido en la terrible tragedia», dijo Ibarra a la prensa, aludiendo al incendio de la discoteca.
Ibarra ya había calificado el juicio político como un «golpe institucional» alentado por sectores de derecha, a los que había derrotado al ser reelegido hace dos años y a los que acusó de haber manipulado el dolor de los familiares de las víctimas.
Los familiares de los jóvenes muertos en Cromañón impulsaron el enjuiciamiento de Ibarra y de otros funcionarios, bajo la acusación de no haber hecho cumplir disposiciones municipales que en esa discoteca se violaban.
Actualmente, están procesados el propietario de la discoteca y una docena de funcionarios, pero la justicia se había rehusado a involucrar a Ibarra.
Hubo denuncias de que el gobierno federal del presidente Néstor Kirchner, que consideraba a Ibarra como un aliado político, había presionado a los legisladores oficialistas para que evitaran el juicio político. Sin embargo, algunos de ellos votaron en contra.
Ibarra, luego de enterarse de la decisión de la Legislatura acusó a la oposición de buscar en él «un chivo expiatorio» para «lavar sus culpas» y afirmó que el juicio político «ya estaba predeterminado».
«Es una parodia -agregó Ibarra- porque, cuando usted tiene una predeterminación, sabe que va por la destitución, y no le interesa la prueba, no le interesan razones ni la búsqueda de la verdad».
