Según medios periodísticos, la Sala I de la Cámara Federal dispuso la excarcelación de Bignone y del ex jefe de la Armada Rubén Franco, quienes se encontraban procesados en una causa por sustracción, ocultamiento y supresión de identidad de menores.
Una medida similar fue dictada, además, a favor del ex dictador Jorge Rafael Videla y de los antiguos represores del régimen de facto Santiago Riveros, Antonio Vañek, Jorge ‘El Tigre’ Acosta y Jorge Olivera Róvere.
Estos últimos, sin embargo, seguirán entre rejas por estar involucrados en otros procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos durante ese siniestro período de la historia argentina, cuando desaparecieron 30.000 personas.
Al ordenar la ‘inmediata libertad’ de los criminales, los abogados Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani basaron su resolución en el tiempo que estos llevaban detenidos sin condena.
Bignone cumplía arresto domiciliario desde el 20 de enero de 1999, mientras que Franco fue apresado el 28 de diciembre de 1998.
Los expedientes judiciales por robo de hijos de desaparecidos fueron los que permitieron, en 1998, volver a encarcelar a represores luego de los sucesivos indultos resueltos por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999).
El juicio a las Juntas Militares, en 1985, que tuvo condenas por diferentes delitos de lesa humanidad para cinco de los nueve ex comandantes, dejó abierto un resquicio: el de las acusaciones por sustracción, ocultamiento y supresión de identidad de chicos.
Otro elemento que justificó las detenciones fue el saqueo de bienes de los detenidos-desaparecidos en forma ilegal por la cúpula castrense.
