Salinas pide, en este sentido, que se investigue la posibilidad de que casi todo o parte del dinero defraudado por el banquero Raúl Beraja (que accedió al beneficio de la libertad provisoria bajo caución hasta tanto se lo someta a juicio oral y público como presunto jefe de una asociación ilícita que 198 millones de dólares a miles de ahorristas) haya sido utilizado para evitar un nuevo atentado luego de los cometidos contra la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992, 22 muertos) y la AMIA (18 de julio de 1994, 85 muertos).
Salinas fue contratado como investigador por la propia AMIA, y en 1997 publicó el libro «AMIA, El atentado. Quiénes son los autores y por qué no están presos» (Editorial Planeta) en el que identificó a presuntos partícipes de la operación terrorista con nombres, apellidos y en muchos casos con fotos obrantes en el propio expediente judicial, al tiempo que señalaba como principal sospechoso de haberla organizado al traficante sirio Monzer Al Kassar.
Luego de eso, Salinas hizo otras presentaciones ante el juzgado federal del que era titular el luego removido Juan José Galeano, ante la Comisión Bicameral de seguimiento de las investigaciones de aquellos dos atentados y ante el juez español Baltasar Garzón, pidiendo que se investigara como partícipes del ataque a la AMIA, a estrechos allegados al entonces presidente Carlos Menem y a uniformados y civiles vinculados a la Policía Federal.
‘Mexicaneadas’
En este nuevo libro, que lleva por subtítulo «Armas, drogas y política en América Latina a partir del Irangate» y que ya comenzó a distribuirse en las librerías de Buenos Aires, Salinas sostiene que ambos ataques no estuvieron motivados en fanatismos religiosos sino en ‘mexicaneadas’ en el curso del lavado del dinero sucio, producto del tráfico de drogas y armas, mecánica que también relaciona con el tráfico de oro.
Salinas destaca que, tal como consta en el expediente judicial, en un primer momento la CIA advirtió que los instigadores del ataque a la AMIA eran los mismos que, al día siguiente, ordenaron derribar un avión de la compañía ‘Alas’ en Panamá (20 muertos) en lo que todo indica fue una venganza a causa de una ‘mexicaneada’, en el lavado de dinero procedente de la comercialización de cocaína colombiana.
En este ataque encontró la muerte el joyero Saúl Schwartz, a quien la mafia italiana le enviaba mensualmente una enorme cantidad de manufacturas de oro para su realización (en una mecánica similar a la utilizada de la Argentina por Casa Piana, Refinerías Riojanas y otras empresas) según denunció la justicia italiana a principio de aquel año («Operación Unigold», a mediados de enero de 1994). En esa ocasión, aunque hubo 12 detenidos en Panamá (incluyendo un ciudadano sirio) e Italia, Schwartz fue ostensiblemente protegido por el FBI, señala Salinas.
El libro, que lleva como subtítulo «Armas, drogas y política en América Latina a partir del Irangate», destaca que la justicia de Panamá considera que el atentado del 19 de julio de 1994 está directamente relacionado con el cometido casi cinco años antes, el 27 de noviembre de 1989, contra un jet de ‘Avianca’ que acababa de despegar del aeropuerto de Bogotá (107 muertos), ataque que ya está establecido que fue cometido por el Cartel de Medellín.
Salinas también destaca que «establecido el parentesco del derribo de Panamá con el de Bogotá, todavía queda lo más alucinante: que según un documento de la Comisión Republicana de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos» la investigación del derribo del avión de ‘Avianca’ permitió establecer que «la bomba utilizada era del tipo de las armadas en Medio Oriente a base de Semtex», explosivo que es también conocido como hexógeno o C-4, así como que «el detonador era similar al usado para derribar el vuelo 103 de ‘Pan Am’», es referencia al Boeing 747 de ‘Pan Am’ que el 21 de diciembre de 1988 estalló sobre la aldea escocesa de Lockerbie (270 muertos).
La caída
El Banco Mayo quebró a fines de 1988. Salinas señala que «su caída fue tan vertiginosa que se volatilizaron casi 200 millones de dólares en menos de tres meses.
En efecto: el Banco Mayo cerró luego de haber recibido del Banco central 298 millones de pesos/dólares en concepto de redescuentos como asistencia financiera por iliquidez entre septiembre y octubre de ese mismo año».
«Al momento de escribirse estas líneas, Beraja lleva casi dos años preso y está a punto de ser puesto en libertad provisoria», previó el autor que recordó seguidamente que la asociación ilícita presuntamente encabezada por Beraja está acusada de haber defraudado «casi doscientos millones de dólares» a traves de un banco pantalla con sede en Panamá y las Bahamas, el Mayflower Bank.
El libro, publicado por la editorial Punto de Encuentro, señala que poco después del atentado a la AMIA, personas allegadas a la embajada de Siria sostuvieron que el ataque lo habían llevado a cabo «narcos colombianos por una mexicaneada de doscientos millones de dólares» que «los judíos» (sic) le habrían hecho a Pablo Escobar, el alicaído jefe del Cartel de Medellín muerto a balazos en diciembre de 1993, luego de estar más de dos años prófugo. Y también señala que hace dos décadas que Monzer Al Kassar y los carteles colombianos de la cocaína mantienen estrechas relaciones.
Según señaló Carlos Telleldín ante el Tribunal Oral Federal que lo juzgó como presunto partícipe del ataque a la AMIA y lo absolvió, y ratificó ante Salinas, cuando estuvo preso en dependencias del disuelto Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Policía Federal (DPOC, en Moreno 1417) pudo hojear un grueso documento de inteligencia de la repartición acerca del atentado a la embajada de Israel en el que se señalaba que el mismo había estado motivado en que Beraja y sus socios se habían quedado «con 200 millones de Pablo Escobar, a través del Banco Myflower».
