De alguna forma, Irak también estará bajo la lupa del escrutinio, con el mundo atento a los sucesos para ver si su nueva clase gobernante puede ir más allá de la política y los prejuicios y es capaz de juzgarlo objetivamente.
Saddam y siete funcionarios de su depuesto régimen están en juicio acusados de ordenar en 1982 la masacre de casi 150 personas de la aldea chiíta de Dujail, tras un atentado frustrado contra la vida del ex hombre fuerte de Irak.
Si el abogado de Saddam, Jalil al-Dulaimi, logra su objetivo, entonces la audiencia del miércoles será, como se espera, suspendida por cuestión de procedimientos y le seguirá un largo período de inactividad.
El abogado dijo que se reunió con Saddam durante 90 minutos, el pasado martes 18, pero no brindó detalles del encuentro.
«Argumentaremos en contra de la legitimidad de la corte como lo hemos estado haciendo a diario. Afirmaremos que es inconstitucional e incompetente para juzgar al presidente legítimo de Irak», señaló al-Dulaimi.
Si Saddam y sus hombres son declarados culpables, enfrentarán la horca.
Los fiscales están preparando otros casos para presentarlos en el juicio de Saddam y sus funcionarios, entre ellos el de la Operación Anfal, una represión militar sobre los curdos a fines de la década de 1980 en la que fallecieron unas 180.000 personas; el envío de fuerzas para acallar las revueltas curdas y chií en 1991; y la muerte de 5.000 curdos en un ataque en 1988 con gas venenoso en el poblado de Halabja.
Si se emite una condena a muerte en el caso de Dujail, se desconoce si efectivamente será ejecutada sin importar si Saddam está involucrado en otros juicios. Puede apelar un veredicto sobre Dujail, pero si la declaración de culpabilidad y la sentencia no son canceladas, la sentencia debe ser cumplida en un período de 30 días. Se podría conceder un aplazamiento para permitir que otros juicios sigan adelante.
Sin embargo, el primer ministro Ibrahim al-Jaafari, un chií que se opuso activamente al gobierno de Saddam durante años que pasó en el exilio, se mostró ansioso por ver que se cumpla la sentencia, cualquiera que esta sea.
«Aquí no estamos tratando de descubrir lo imposible», dijo. «Es suficiente (juzgar a Saddam) sobre lo acontecido en Dujail y Anfal. El tribunal es justo y abierto, él tiene un abogado defensor y el veredicto será equivalente al tamaño del delito».
El hermano mayor de al-Jaafari y otros cinco familiares cercanos fueron ejecutados por el régimen de Saddam en las décadas de 1980 y 1990.
Sin embargo, destacó que la eventual ejecución de Saddam no le causaría satisfacción personal.
«Trato de olvidar lo que sucedió a mi hermano y mis primos. No se trata de venganza ni de malicia personal», dijo al-Jaafari en un encuentro de dos horas y media con la prensa durante el «iftar», la cena que rompe el ayuno diario durante el mes de Ramadán.
Las claves del proceso
Estas son las claves del proceso en el juicio a Saddam Hussein:
¿En qué delitos están imputados?: Están acusados de la matanza de 143 chiíes en 1982 en la ciudad de Dujail, al norte de Bagdad, donde un convoy en el que viajaba el dictador había sufrido un atentado fallido. Según los testimonios y documentos reunidos por el Tribunal, 96 personas, entre ellos mujeres y niños, fueron ejecutadas en el mismo pueblo luego del atentado. El resto murió como resultado de las torturas. Además, 400 de sus habitantes fueron deportados a la región de Samawa y 200 de ellos permanecieron presos durante cuatro años sin que se formulasen cargos contra ellos.
¿Qué otros cargos existen contra Saddam?: Autoridades iraquíes informaron de que el depuesto presidente iraquí será juzgado por 12 cargos. Entre ellos figuran el asesinato de figuras religiosas en 1974; el gaseo de los kurdos en Halabja en 1988; el asesinato de miembros del clan barzani en 1983; el asesinato de miembros de la oposición política en los últimos 30 años; la campaña de exterminio de los kurdos entre 1987 y 1988; la represión en 1991 de kurdos y chiíes y la invasión de Kuwait en 1990.
¿Existen suficientes garantías democráticas?: Diversas organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la escasa independencia del Tribunal y su capacidad para adaptarse a los estándares internacionales de justicia.
Así, Human Rights Watch y Amnistía Internacional manifestaron su malestar por los límites impuestos a los acusados para montar su defensa, la influencia política sobre el Tribunal y el uso de la pena de muerte como condena. Denuncian que, según los nuevos estatutos del Tribunal, que no han entrado oficialmente en vigor, el acusado puede ser condenado a «satisfacción» de los jueces. Es decir, la culpabilidad no tiene que ser demostrada «más allá de la duda razonable», como exigen muchos estatutos judiciales.
Además, el principal abogado de Sadam, Jalil Dulaimi, se ha quejado en repetidas ocasiones del escaso acceso que tiene a su defendido y de que la documentación del caso se le entregó en septiembre por lo que no ha tenido tiempo suficiente para estudiar las más de 800 páginas de pruebas que se presentan.
