Desaparecidos judíos durante la dictadura en Argentina

Se presentó el Informe de la Comisión Israelí

La presentación del informe de la Comisión Interministerial Israelí para el estudio del tema de los desaparecidos judíos durante la última dictadura militar en la Argentina y la promesa de tratar próximamente el tema en el Parlamento, retira -con décadas de retraso- un manto de silencio que se había depositado por los gobiernos israelíes y la dirigencia de la comunidad judeo-argentina, alrededor de un tema espinoso: La desaparición de cerca de 2.000 judíos durante los años de la dictadura, un número más de 10 veces mayor -proporcionalmente- al porcentaje de judíos en la población argentina. Según los resultados de la investigación de la comisión oficial, confirmados por Pinjas (Pini) Avivi, quien encabezara la Comisión desde su creación, “Israel hizo por salvar vidas, pero podría haber hecho mucho más”.

Por Shlomo Slutzky (Desde Israel)

En una sala colmada con más familiares de desaparecidos en la Argentina que por parlamentarios israelíes, se presentó el pasado martes 1 de julio el informe de la Comisión Interministerial para el estudio del tema de los desaparecidos judíos durante la última dictadura militar en la Argentina. Padres, hermanos e hijos de desaparecidos en la Argentina, a los que durante años este corresponsal acompañara en sus fallidos intentos de recibir respuestas de las autoridades israelíes, fueron invitados a recibir -por fin- legitimación a unos de los mandatos que dieron origen al Estado hebreo: ser un refugio nacional para los judíoos perseguidos en la Diáspora.
Oscar Jaimowitz, hermano de Graciela Jaimowitz -que fuera secuestrada y desaparecida en la ciudad de Córdoba en los comienzos de la dictadura militar- ya vivía en Israel cuando sus padres le informaron del secuestro. El Martes, en la sala de la comisión parlamentaria, Oscar Jaimowitz no encontraba su lugar: Acaso sentarse con el resto de los familiares o junto a los miembros de la Comisión, a la que fue sumado como representante de las familias que viven en Israel. Un tanto sorprendido por la cantidad de periodistas, comenta que no esperaba tal repercusión: “Durante años el tema se mantuvo en un perfil bajo, los medios israelíes no le dieron mayor relevancia, el parlamento fue acallado por la Cancillería o la Oficina del Premier con la excusa que “levantar la voz en contra de los militares argentinos puede costar la vida de quienes esperamos salvar por caminos silenciosos… Es increíble que hoy -si bien tarde- se avale oficialmente gran parte de lo que siempre clamamos”.

“Podríamos haber hecho más”

“Podríamos haber hecho más” Nos confirma Pinjas Avivi, subdirector de la Cancillería israelí para América Latina, futuro Embajador israelí en Turquía y quien sirviera como Cónsul israelí en Buenos Aires entre los años 1978 y 1981, en plena dictadura militar.
“Actuamos sin ordenes o indicaciones claras, sin preparación para el trato con los ciudadanos locales que solicitaban la intervención israelí por sus familiares. Hoy está claro que podríamos haber hecho más y quizá, también logrado salvar a más de los que salvamos”, confiesa Avivi.

Datos del Informe

El informe de la Comisión, ofrece datos concretos acerca de lo que hasta ahora eran solo rumores o leyendas casi míticas:

– La Agencia Judía (el organismo no gubernamental cuyo objetivo es fortalecer a las comunidades judías en el Mundo y ayudar a promover la inmigración a Israel) logró, gracias a la valiente y algo suicida acción particular de su representante en Buenos Aires, Dani Recanatti, salvar a cerca de 500 ciudadanos argentinos, la mayoría, judíos y sus familiares, ofreciéndoles la posibilidad de emigrar a Israel y de allí seguir su camino libremente.

– Otros 80 judíos, que se hallaban detenidos en cárceles argentinas, recibieron la “opción de emigración” hacia Israel. Parte de los ”salvados” decidieron quedarse a vivir en Israel y otros decidieron seguir migrando, regresando algunos a Argentina, para morir en manos de los militares que estaban aún en el poder.

La presentación del informe elaborado tras tres años de investigación y después de recabar testimonios inéditos en Argentina, Israel y otros países, ya obtuvo varios resultados efectivos:

– La prohibición de la entrada a Israel de militares argentinos (retirados y en ejercicio) acusados de violaciones a los Derechos Humanos, la decisión de incluir los estudios de Derechos Humanos en el programa obligatorio de los aspirantes a la carrera diplomática, la promoción de la inclusión del tema en el sistema educativo israelí y en una autocrítica del Parlamento israelí, que callara por orden -o insinuación- de su gobierno durante los años de la dictadura militar en Argentina.

La Comisión

La Comisión Interministerial Israelí fue creada a consecuencia de las presiones de organismos de derechos humanos y de familiares de desaparecidos judíos que habitan tanto en Israel como en Argentina. En nombre de estos últimos, organizados en la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en la Argentina -creada a iniciativa del psiquiatra Marcos Weinstein, padre de Mauricio, secuestrado y asesinado en 1978 y único ciudadano israelí desaparecido en la dictadura argentina- fue nombrado Efraim Zadoff, a quien muchos ven como el “motor” de la comisión investigadora israelí.
Zadoff, un historiador israelí oriundo de Argentina, conoció casualmente en una visita en la Argentina a Marcos Weinstein en el año 1998. Weinstein le relató a Zadoff acerca de sus fracasados intentos de conseguir apoyo de la Embajada israelí -como judío y como ciudadano israelí (Weinstein y su familia poseían pasaporte israelí tras haber vivido unos años en Israel), en su batalla por lograr justicia en el caso de su hijo y el de otros judíos.
Zadoff se incorporó a la Comisión como representante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en la Argentina, coordinando -como historiador- el trabajo de investigación que fue presentado el martes 1 de julio en Jerusalem. Para la realización de la investigación, Zadoff logró el permiso especial de las autoridades israelíes para leer los archivos de la Cancillería y otros organismos oficiales, antes del término de los 30 años reglamentarios de secreto.