El Informe señala que el resultado acumulativo de las reformas estructurales en América Latina, en las pasadas dos décadas, ha sido un aumento en la desigualdad. Las políticas de reformas fueron diseñadas con la expectativa de que tasas más altas de crecimiento serían suficientes para generar beneficios sociales. Pero hasta ahora ellas resultaron en consecuencias negativas a largo plazo.
Argentina y Venezuela estuvieron entre los países que sufrieron incrementos en la desigualdad de manera más rápida en la década de 1990.
También se han incrementado, en América Latina y el Caribe, las desigualdades en el acceso a los recursos y las oportunidades. El desempleo aumentó de un 6,9% en 1993 a un 9% en el 2002. Muchos trabajadores se ven forzados a recurrir a la economía informal donde las condiciones son -a menudo- inhumanas y los salarios bajos. Las divisiones entre economías formales e informales promueven una sociedad segmentada, incrementan las tensiones sociales y disuaden a los pobres de participar en el proceso de desarrollo.
La brecha entre ricos y pobres
Una característica distintiva de las desigualdades entre países es la amplia brecha en los ingresos entre hogares pobres y ricos. Durante la década de 1990, el 10% de los hogares ricos recibía ente un 30 y un 45% de los ingresos totales. Por contraste, el 40% de los hogares más pobres recibió solamente un 9 a 15%.
La desigualdad entre países también está en aumento.
Los niveles de ingresos per cápita en América Latina y el Caribe han disminuido a ritmo constante, comparados con el ingreso promedio per cápita de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Entre 1980 y el 2001, los niveles de los ingresos per cápita han descendido de un 18% a un 12,8%, ilustrando el más rápido crecimiento del ingreso per cápita en los países ricos y ampliando la brecha de la desigualdad.
Las políticas de comercio actuales afectan las perspectivas para la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. Las prácticas proteccionistas y los subsidios agrícolas en los países desarrollados han llevado a la baja en la productividad agrícola y, sucesivamente, en los ingresos agrícolas. Actualmente, América Latina y el Caribe imponen un impuesto del 8,5% a las importaciones no agrícolas de los países industrializados, pero sus propias importaciones agrícolas están sujetas a un impuesto del 20,4% en los países industrializados, perpetuando la pobreza rural.
Hay una larga historia de desigualdad de América Latina y el Caribe con la posesión de los recursos concentrados en las manos de la elite minoritaria.
El Informe sugiere que en países como Brasil, Guatemala y Bolivia, la raza y el origen étnico continúan siendo determinantes de las oportunidades, como las poblaciones indígenas o afro-descendientes tienen ingresos que son un 35 al 65% más bajas que las de los hombres blancos, y tienen muchas menos posibilidades de acceso a educación y vivienda.
A pesar de la expansión económica que experimente un país, es mucho más probable que la reducción de la pobreza se lleve a cabo en países en los cuales los gobiernos han implementado políticas y programas que promuevan la igualdad, incluyendo iniciativas para mejorar el acceso a los recursos, el ingreso, la educación y el empleo.
