Durante el gobierno de Menem, y después del atentado contra la AMIA, el Banco Mayo, del que era titular Rubén Beraja, fue beneficiado con préstamos de un Fondo administrado por el Estado, que no restituyó.
Así surge de la denuncia que realizó la Oficina Anticorrupción (OA) en abril de este año, según la cual el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) -una entidad estatal encargada de otorgar préstamos para fortalecer a bancos- concedió a irregularmente créditos al Banco Mayo, perteneciente a Rubén Beraja, entre 1995 y 1998. Cabe recordar que dicha entidad fue suspendida por el Banco Central (BCRA) en octubre de 1998.
El Banco Mayo solicitó 60 millones de dólares como asistencia financiera en agosto de 1995. En noviembre de ese año el FFRE le otorgó 30 millones de la misma moneda. La primera cuota del crédito venció en octubre del ´98, y el Mayo no la pagó.
En junio de 1998 el FFRE volvió a asistir al Banco. En esta oportunidad, el crédito se otorgó para financiar la adquisición del Banco Patricios. En julio de ese año se desembolsaron 30 de un total de 60 millones pautados. Luego siguieron cuatro desembolsos más, agregando más de 16 millones hasta octubre. El último de estos cuatro pagos se efectuó cuando el Mayo ya estaba en mora con la cuota del crédito otorgado en 1995.
Ambos créditos fueron otorgados por la FFRE sin tomar en cuenta que, a tales fines, el Banco Mayo se apartaba de la normativa vigente.
Si bien en junio de 1998 las autoridades conocían que desde 1995 la evolución del Banco no había alcanzado los niveles de solvencia, eficacia y rentabilidad proyectados, no tomaron en cuenta estos datos al asistir financieramente a la entidad en 1998.
El perjuicio para el Estado, por la falta de devolución de los fondos prestados, ascendería a cerca de u$s 70.000.000.
