El Gobierno argentino reconoció su responsabilidad por la “denegatoria de justicia” y “por las consecuencias que surgen de la falta de esclarecimiento” del atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994.
El Presidente Kirchner firmó el Decreto 812 en el que “se reconoce la responsabilidad del estado por el incumplimiento de los deberes impuestos y el quebrantamiento de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” en el atentado a la AMIA.
El Decreto se firmó en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino) y estuvieron presentes, además de los ya mencionados, el ministro del Interior, Aníbal Fernández; el canciller Rafael Bielsa; y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
Memoria activa dijo NO
La organización Memoria Activa rechazó aceptar el resarcimiento económico que el Estado propuso en el marco del acuerdo amistoso logrado entre las partes. Memoria Activa había presentado, en Julio de 1999, una denuncia contra el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.
“En este tipo de organizaciones -explica Enrique Burbinsky, integrante de Memoria Activa- es muy común y habitual que la reparación se establezca por terminos económicos, de ahí la propuesta. Cuando se llega a la situación amistosa que establece un impass hasta el próximo mes de octubre para ver cómo el Estado se compromete -atento a su reconocimiento de responsabilidad- a facilitar las investigaciones, a fortalecer a la Fiscalia como a la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio de Justicia y a realizar todas las acciones correspondientes en los aspectos señalados en el acuerdo.
En las reuniones de cancillería -informa este representante de Memoria Activa- dejamos expresa constancia de que el tema del resarcimiento económico no es un tema de Memoria Activa y que, si el Estado quiere plantear ese punto, debe hacerlo con los familiares y convocarlos a todos sin diferenciación de agrupaciones a las que pertenezcan o conla que estén identificados.
Conferencia de Prensa
A continuación de la firma del Decreto, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Justicia, Horacio Rosatti; Diana Malamud, de Memoria Activa y Víctor Abramovich, Director Ejecutivo del CELS.
Veamos a continuación las declaraciones de cada uno de ellos:
ROSATTI: El objetivo de esta reunión es hacerles saber que, minutos atrás, el Presidente de la Nación ha firmado un decreto -el 812- que lleva la fecha del día de hoy (12 de julio de 2005) por el cual el Gobierno Nacional reconoce la responsabilidad del Estado Nacional Argentino por violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a obtener justicia en el caso AMIA. Lo hace a partir de la aprobación de un acta, que había sido celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en función una presentación que habían realizado “Memoria Activa” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para el Gobierno Nacional este reconocimiento de responsabilidad constituye un punto de inflexión no solamente desde la perspectiva jurídica, pues anteriormente otros Gobiernos no habían reconocido esta responsabilidad, sino desde el punto de vista ético. Nos parece que podemos hablar con propiedad y con seguridad de que hay un antes y un después en el caso de la aceptación de la responsabilidad en este tema tan penoso.
El Gobierno Nacional, entonces, no solamente reconoce su responsabilidad por la denegatoria de justicia y las consecuencias que surgen de la falta de esclarecimiento de los hechos acaecidos hace ya prácticamente 11 años, sino que también se compromete a una serie de acciones muy concretas, la primera de las cuales era, justamente, la aprobación de esta acta, celebrada en Washington, en marzo del presente año, darle la mayor difusión a este reconocimiento de responsabilidad y a tomar algunas medidas, que me permito para ser muy preciso y muy concreto, leerlas sumariamente. Estas son: el Gobierno argentino se compromete a profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal, del ministerio público, encabezada por el fiscal Lipmann, que lleva adelante la investigación del caso AMIA. También a fortalecer la Unidad AMIA, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; tomar medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado, el encubrimiento y la sanción de los responsables, sean ellos exfuncionarios públicos, funcionarios públicos, pertenezcan a cualquiera de los tres poderes. Se comprometen, también, a formular una profundización del proceso de relevamiento de archivos, en el caso AMIA, en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y las Fuerzas de Seguridad; a extender unidades de relevamiento de la Dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios; a crear una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas, como para la recolección y protección de pruebas, en casos criminales, lo que incluye, también, la elaboración de un Plan de Emergencia para Casos de Atentados y se compromete a propiciar medidas, de carácter normativas, reformas normativas, con el objeto de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, de la Secretaría de Inteligencia del Estado; facilitar el acceso a la información de Inteligencia, por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo y promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado. A partir de la firma del decreto, por el cual se aprueban estos compromisos, asumidos en Washington, por una delegación encabezada por miembros de la cancillería, el Dr. Méndez Carreras, y por el Ministerio de Justicia, la Dra. Andrea Walde y el Dr. Alejandro Rúa, a partir de la firma de este acto administrativo, estamos convencidos de que el Gobierno Nacional pone al Estado argentino, por primera vez, en todos estos años, a la altura de su responsabilidad. Esto que pudiera parecer un hecho normal en un país que hubiera funcionado normalmente hoy lo vemos como un caso excepcional. Por eso queremos ponerlo de relieve y destacarlo. Desde el punto de vista del Gobierno Nacional -y siguiendo lo que nos acaba de decir el Presidente de la Nación- este tema para el Gobierno Nacional no tiene un punto de retorno, no tiene posibilidad de retorno, es siempre un camino hacia delante, hacia la búsqueda de la verdad y la justicia. Desde esa perspectiva nosotros seguimos con muchísima atención la evolución de los acontecimientos, a nivel judicial, y el comportamiento de todos los actores, de todos los agentes y funcionarios que participan en ese proceso judicial o en los dos procesos judiciales: uno el que está vinculado con el esclarecimiento del atentado y otro el vinculado con el encubrimiento de los hechos para evitar que se logre la verdad. Dicho esto me gustaría invitar a la Dra. Malamud, de “Memoria Activa”, en primer lugar y luego al Dr. Víctor Abramovich, del CELS, para que expresen su opinión al respecto.
MALAMUD: Para nosotros, desde “Memoria Activa”, pensamos que esto es un principio en lo que tiene que ver con la única posibilidad que nos queda de encontrar verdad en la causa AMIA y con la posibilidad, que esperemos sea una realidad, de que se juzgue y castigue a todos los responsables materiales e intelectuales del atentado en sí y a todas las personas que participaron del encubrimiento que hacen que hoy, a 11 años de la masacre de nuestros familiares, no tengamos absolutamente nada y que la causa AMIA esté prácticamente en foja cero. Pensamos que esto demuestra un compromiso por parte del Estado, que se manifestó ya en marzo, en Washington, y nosotros vamos a seguir atento a todo lo que va a acontecer porque esto es el principio, no es el final de lo que esperamos para la causa AMIA. Con esto quiero decir que esperemos que haber colaborado, tal vez en un granito de arena, a tener entre todos un país mejor y que tantos años de lucha de pronto sirva para demostrar que tuvo sentido todo lo que hicimos. Tenemos una esperanza: que realmente en algún momento podamos ver presos a quienes deban estar presos.
ABRAMOVICH: Desde el CELS compartimos lo que dijo Diana, nos parece que este es un paso sumamente positivo. Este no es sólo un hecho de terrorismo, la causa AMIA, sino que ese proceso muestra la deficiencia, la debilidad de las instituciones democráticas en la Argentina. Me parece que este decreto tiene un valor histórico, es la primera vez que un Estado reconoce su responsabilidad por la falta de prevención, de adopción de medidas efectivas e idóneas para prevenir un atentado terrorista y reconoce, al mismo tiempo, que en esta causa hubo un incumplimiento grave y deliberado del deber de investigación y encubrimiento por parte de los funcionarios del Estado. Nos parece que este es un punto central a considerar y no sólo estamos hablando del reconocimiento de responsabilidad del Estado, sino de una serie de medidas que se plantean en el marco de este proceso, de reformas institucionales que van a apuntar a mejorar, en cierta medida, la capacidad del Estado para prevenir hechos futuros y para investigarlos adecuadamente. Me parece que un punto central en este acuerdo es el relativo a la obligación del Estado, que asume el compromiso de transparentar el funcionamiento de gastos reservados, de la Secretaría de Inteligencia del Estado y facilitar el acceso a información de la Secretaría de Inteligencia del Estado en el marco de procesos judiciales, no sólo el acceso a los documentos, sino también la posibilidad de relevar de su secreto a agentes de la SIDE, involucrados en hechos criminales o que han investigado hechos criminales. Como sabemos esto fue central, en el marco de la causa AMIA, que permitió a los agentes de la SIDE declarar y que permitió comprobar la maniobra, el pago a Telleldín y determinó, en gran parte, administración de la nulidad de la causa. Es también un tema central en algunas causas judiciales, que están actualmente en trámites, por ejemplo, la relativa al Puente Pueyrredón. Aquí hay un tema central: transparentar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia y permitir que cuando esa Secretaría de Inteligencia está vinculada a hechos criminales puedan esclarecerse esos hechos mediante declaraciones de los agentes involucrados esos procesos. Por eso así como la causa AMIA muestra el déficit de las instituciones democráticas, creo que a lo que apuntamos con esta decisión no es sólo a reparar, cosas que son irreparables, porque las muertes son irreparables, sino a transformar esas instituciones y mejorar las capacidades del Estado.
