Publicado en La Vanguardia de Catalunya -16 de junio de 2005-:

Justicia en Argentina

Han tenido que transcurrir casi 20 años, pero, finalmente, la Corte Suprema de Argentina derogó el pasado martes (14 de junio) las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, también conocidas como leyes del perdón. Esa normativa, aprobada en 1986 por el gobierno constitucional del presidente Raúl Alfonsín bajo intensa presión castrense y ratificada más tarde, de manera bastante incomprensible, bajo la presidencia de Carlos Menem, dejaba en la impunidad el auténtico terrorismo de Estado que se perpetró en el país austral durante aquellos años de plomo (1976-1983) de los Videla, Viola, Massera y compañía.

Cualesquiera que sean las opiniones que merezcan otras actuaciones del Presidente Néstor Kirchner, nadie puede negarle su compromiso desde que llegó a la Casa Rosada, hace poco más de dos años, de afrontar ese trágico pasado de su país, en vez de ignorarlo. Dado el tiempo transcurrido, ya no tiene sentido hablar de purgas ni de depuraciones en las fuerzas armadas, pero sí de conocer lo que ocurrió con toda exactitud y, en la medida de lo posible, de establecer las oportunas reparaciones. Como afirmó la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, «al fin en Argentina dejarán de convivir los asesinos y los ladrones con la gente común».
Cabe recordar que ese régimen no cayó por la reacción popular ante sus crímenes y su absoluto desprecio por los Derechos Humanos sino, de manera primordial, por la humillante derrota sufrida en 1982 en la guerra de las Malvinas. Su brutalidad represiva corrió pareja con su incompetencia en materia de política económica. Hasta el actual jefe supremo del ejército ha calificado el fallo judicial de «paso necesario».