Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de civiles fueron asesinados por fuerzas armadas, la comunidad internacional reforzó las leyes promulgadas para distinguir entre objetivos militares legítimos y no combatientes no vinculados. La línea en aquellos días estaba clara: el ejército viste uniforme, es parte de las fuerzas armadas organizadas de una nación, y en general, reside en bases militares lejos de los centros de población. Los no combatientes, por otra parte, llevan ropa civil y viven en su mayoría en áreas alejadas de los campos de batalla.
La guerra de los terroristas contra las democracias ha cambiado todo esto. Los terroristas, a los que no les preocupan las leyes de la guerra, apuntan a no combatientes civiles. De hecho, su objetivo es maximizar el número de muertos y heridos entre los civiles vulnerables, como niños, mujeres o ancianos. Emplean terroristas suicidas, que no pueden ser disuadidos por la amenaza de muerte por encarcelamiento, porque se les lava el cerebro para que crean que su recompensa les espera en el otro mundo. No tienen vuelta atrás.
Los líderes terroristas -que no llevan uniformes militares- se esconden deliberadamente entre los no combatientes. Como portadores de explosivos letales también han utilizado ambulancias, a mujeres que se hacen pasar por enfermas o embarazadas, y hasta a niños.
Al emplear estas tácticas, los terroristas ponen a las democracias en una elección difícil: o permitir que los que planean y coordinan tales ataques terroristas escapen de la justicia y continúen su retahíla de civiles, o atacarles en sus bases, arriesgándose así a matar o a herir a los civiles que utilizan como escudos humanos.
Equiparar el ataque indiscriminado contra civiles inocentes por parte de los terroristas con las consecuencias no intencionadas de intentar combatir el terrorismo sólo anima más terrorismo.
Cuando quiera que un civil fallezca accidentalmente o una ambulancia sea retenida en un control, los líderes terroristas, y aquellos que les apoyan, han explotado las leyes post- Segunda Guerra Mundial para condenar a las democracias por violar el texto de la ley. Algunos grupos de derechos humanos, organizaciones internacionales o iglesias se han unido a este coro de condena, equiparando el ataque deliberado contra civiles inocentes por parte de los terroristas con las consecuencias no intencionadas de intentar combatir el terrorismo -involuntarias por parte de las democracias, pero muy específicamente intencionadas, en la práctica provocadas por los terroristas-. Esto sólo anima más terrorismo, dado que los terroristas reciben un doble beneficio de sus acciones. En primer lugar, se benefician de matar civiles «enemigos». En segundo lugar, se benefician de la condena esgrimida contra sus enemigos. Los derechos humanos son utilizados así para promover los males humanos.
Ha llegado la hora de revisar las leyes de guerra y adaptarlas a las nuevas realidades relevantes. Si su propósito último era servir como escudo para proteger a los civiles inocentes, están fracasando miserablemente, dado que son utilizadas como una espada por los terroristas que apuntan a civiles inocentes. Deberían considerarse bastantes cambios:
· En primer lugar, las democracias deben estar dotadas legalmente para atacar a los terroristas que se esconden entre civiles, mientras se emplee fuerza proporcional. Los civiles que fallezcan mientras son utilizados como escudos humanos por los terroristas se deben juzgar como víctimas de los terroristas que han elegido esconderse entre ellos, en lugar de víctimas de las democracias que pueden haber accionado el disparo fatal.
· En segundo lugar, debe reconocerse una nueva categoría de prisionero para los terroristas capturados y los que les apoyan. No son «prisioneros de guerra», ni tampoco son «criminales ordinarios». Son terroristas sospechosos que operan al margen de las leyes de la guerra, y debería designarse un nuevo estatus para ellos, un estatus que permita ciertos derechos humanitarios, pero que no les trate como combatientes tradicionales.
· En tercer lugar, la ley debe hacerse partícipe de que la línea divisoria tradicional entre combatientes y civiles ha sido reemplazada por un continuum civil. En un extremo inocente se encuentran los que no apoyan el terrorismo en ningún sentido. En medio se encuentran los que aplauden el terrorismo, lo animan, pero no lo facilitan activamente. En el extremo culpable se encuentran los que lo financian, los que hacen Mártires de los terroristas suicidas, los que ayudan a los terroristas a esconderse entre ellos, y los que no informan de los ataques inminentes de los que son conocedores. El derecho debería reconocer este continuo a la hora de tratar con los que son cómplices de terrorismo, en algún grado.
· Cuarto, los tratados contra toda forma de tortura deben comenzar a reconocer las diferencias de grado entre las diversas formas de interrogatorio, que varían desde la humillación y el engaño, por una parte, a la tortura letal por otra. También debe reconocer que cualquier país que se enfrente a una bomba de tiempo terrorista recurriría a alguna forma de interrogatorio que está hoy prohibida por el tratado.
El derecho internacional debe reconocer que las democracias se han visto forzadas por las tácticas de los terroristas a tomar decisiones difíciles con respecto a la vida y la muerte. Las viejas distinciones de blanco y negro deben ser reemplazadas por nuevas categorías, leyes y enfoques que acentúen el equilibrio apropiado entre preservar los Derechos Humanos y evitar los males humanos. Para que la ley funcione, ésta debe ser realista y debe adaptarse a las necesidades cambiantes.
