En las últimas horas, el presidente Kirchner firmó un Acta que no ayuda a superar lo que él mismo consideró la “vergüenza nacional” del encubrimiento del atentado, ni a avanzar un solo paso en su esclarecimiento. Ello después de haber declarado “reconocer” la responsabilidad del Estado por “denegatoria” de justicia y por no haber esclarecido ni las responsabilidades propias ni las ajenas en la masacre de la AMIA.
“Después de tantos años encubriendo sus responsabilidades criminales, el Estado que se negó a ‘hacer’ justicia declara ahora ‘promover un proceso de solución’ y se muestra interesado en la investigación y el esclarecimiento, apenas 24 hs. antes de presentarse ante la Comisión Interamericana para sellar un acuerdo político que no lo condene ni por ‘denegación de Justicia’ ni por su participación en este acto de ‘Terrorismo de Estado’”, declaró Laura Ginsberg.
El “Acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados” consistió en la entrega a la fiscalía -seis meses después de finalizado el juicio oral- de los mismos documentos de la SIDE que la fiscalía y los jueces ya conocían cuando Kirchner mismo decretó hacerlos públicos hace 18 meses. Para colmo, se los entrega a la misma fiscalía que por “razones de Estado” -junto a DAIA y AMIA- se opuso entonces a su conocimiento público.
La mudanza de archivos públicos entre oficinas gubernamentales no significa compromiso alguno de esclarecimiento. Se trata de una nueva maniobra, destinada a despegar a su gobierno de cualquier crítica ante el fracaso manifiesto de tantas promesas anteriores de investigar hasta las últimas consecuencias.
El Presidente sabe que esos papeles no sirvieron ni para acusar a terceros Estados tal como él mismo y sus socios pretenden, ni tan siquiera para acusar a la misma SIDE que él protege por sus probadas acciones ilegales en la causa AMIA.
El Presidente volvió a negar la existencia de archivos secretos mientras que el secretario de la Unidad Especial de Investigaciones que preside la delegación oficial a la reunión con la CIDH reconoció que: “Es cierto que faltan abrir archivos de la SIDE…” (Página/12, 25 de febrero de 2005). Antes aún, el mismo Dr. Rúa informó en Nota UEI 1042/03 del 20/10/03 que su plan de trabajo consistía en investigar los documentos obrantes en la causa “para continuar recién luego con la relevación completa de todas aquellas otras (las secretas) que documenten la labor completa que los distintos agentes de inteligencia realizaron…”.
La existencia de estos archivos secretos también fue reconocida por el Ministro de Justicia en reunión con APEMIA en diciembre pasado, advirtiendo que tenían que pedir permiso a terceros Estados para hacerlos públicos.
El “Acta” firmada y las promesas de futuras leyes y nuevos juicios son la base para llegar a una “solución amistosa” ante la CIDH, con el objeto de evitar una condena al Estado y dar un golpe de gracia a cualquier investigación y castigo a los culpables. Es lo que reclaman y apuran públicamente tanto el Departamento de Estado de Bush como el Primer Ministro de Israel en sus recientes acuerdos con el gobierno argentino.
