Se suma a esto el vicio de clandestinidad con que se ha obrado tanto en la elaboración, sanción y promulgación de la ley, esto es en el Legislativo y en el Ejecutivo. Este debió haberla vetado por mera y elemental rectitud jurídico-política. Se han aprovechado los tiempos y los modos para tomar por sorpresa al público y a la judicatura, algo en que son diestros los sombríos rábulas de la partidocracia. Esta clandestinidad ha permitido eludir la discusión en el los recintos de ambas cámaras y ha impedido el debate de la opinión pública general y especializada. Los propios jueces y las propias Cortes y Superiores Tribunales de las provincias, como así las facultades de Derecho y otros medios académicos, han sido tomados por sorpresa y sacados del juego esencial de la democracia.
Se ha visto en esta ley, con razón, un acto normativo nocturnal y subrepticio. Y una nueva amnistía encubierta, como si la Argentina no tuviera ya la experiencia del Punto final y la Obediencia Debida.
Que entre las causas que van a quedar extinguidas esté la relativa a las presuntas irregularidades en el manejo de las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz agrega un hedor insoportable e incompatible con la vida republicana. Esa sola circunstancia bastaba para que un impulso primario de decencia cívica impusiera el veto de la ley.
No se puede sino coincidir, con la afirmación del camarista Gabriel Cavallo en el sentido que esta ley supone una tremenda gravedad institucional.
Las vastas gentes con sensibilidad ética se sienten burladas, atropelladas y anonadadas por este golpe artero contra la Nación.
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