Argentina:

Corte Suprema de Justicia completa

La abogada penalista Carmen Argibay Molina juró como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juramento, al que asistieron el ministro de Justicia nacional Horacio Rosatti y el bonaerense León Arslanián, se tomó en la sala de la Cámara Federal donde se realizó el juicio a las juntas militares de la última dictadura militar.

La doctora Carmen Argibay Molina (64 años) juró (el jueves 3 de febrero) como nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, completándose la renovación del alto tribunal encarada por el Presidente Néstor Kirchner. La Corte volvió a tener nueve miembros y contará con dos mujeres por primera vez en su historia.
Argibay Molina, debió enfrentar durante el proceso de aprobación de su pliego duros embates de distintas organizaciones católicas integristas por su condición pública de “atea militante”.
La abogada penalista juró “por la Patria y el honor” ante el titular de la Corte, Enrique Petracchi, en medio de un cerrado aplauso en la sala de audiencias de la Cámara Federal en el Palacio de Justicia de Buenos Aires.
Al juramento asistieron el ministro de Justicia nacional Horacio Rosatti, quien destacó que la nueva Corte “está integrada por juristas” y es “independiente”. No obstante estas declaraciones, la oposición criticó a Kirchner de armar una Corte tan adicta a sus planes como la que se sospecha funcionó durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Poco antes de la ceremonia de asunción, Argibay se abrazó largamente con su madre, de 85 años; con Arslanián y con Ricardo Gil Laavedra, ambos ex jueces del juicio a las juntas militares realizado en el mismo recinto del juramento.
Entre los temas que deberán abordar los nueve jueces figura el arbitrar sobre el congelamiento de depósitos bancarios aplicado en el 2002 que desatara un conflicto entre los ahorristas que exigen su dinero y el Estado, que obligó a los bancos a devolverlos en bonos y en cuotas en moneda local depreciada.
También el tribunal tiene en sus manos avalar, o no, la anulación que hizo el Congreso de las leyes que amnistiaron a militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar (1976 y 1983).