Los jueces compararon la actuación del aún juez federal Juan José Galeano, a cargo de la investigación e instrucción del proceso, con la de la Santa Inquisición y recurrieron a los fundamentos de la sentencia de la causa contra los ex comandantes de la dictadura cuando recordaron que ni en «aras de la destrucción de un maligno enemigo» las leyes pueden ser ignoradas.
Los magistrados aseguraron que funcionarios del gobierno de Carlos Menem «no colaboraron» con la causa y algunos actuaron con «desidia y falta de interés».
Centraron el análisis en las actitudes desarrolladas por el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex secretario de inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy -a quienes denunciaron ante la Justicia-.
Uno de los mayores cuestionamiento que realizan los magistrados es al gobierno de Carlos Menem. Respecto al entonces ministro del Interior Carlos Ruckauf, dicen que fue totalmente negligente, y semejante consideración hacen sobre el secretario de Seguridad, Hugo Franco, y otros funcionarios.
Por otra parte, el comisario Ramón Verón, Rubén Beraja -actualmente en una prisión VIP-, el represor Héctor Vergez, integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de la investigación – Carlos Soria, Rafael Galván, Carlos “Chacho” Alvarez, José Romero Feris, Federico Storani, César Arias y Melchor Cruchaga- y otros jueces federales, deberán responder ante la acusación de falso testimonio, porque en el juicio oral negaron haber sabido del pago a Telleldín.
Probada la Trafic
Los magistrados dieron por probado que el atentado se cometió con una camioneta Trafic que llevaba una carga de entre 300 y 400 kilos de explosivos. Llegaron a esta conclusión basándose en peritajes, testimonios y las autopsias de los cuerpos en los que quedaron incrustados restos del vehículo.
Sin embargo, el fondo en cuestión para arribar a los fundamentos de la sentencia que absolvió a Telleldín y a los policías bonaerenses, fue la manera «parcial» en que el juez Galeano investigó el caso, armando una obra de ingeniería «con funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires», una hipótesis «arquitectónicamente armada» para encarcelar a los entonces policías acusados.
Galeano está citado para el próximo viernes 5 de noviembre al Consejo de la Magistratura, al tiempo que el también juez federal Claudio Bonadío, estudia un pedido fiscal para indagarlo.
El Tribunal afirmó que Galeano actuó «sostenido políticamente por órganos estatales» que se dedicaron a «cubrir su actividad cuando fue tildada de irregular y delictiva».
Los jueces Pons, Larrambebere y Gordo entendieron que Galeano ordenó a la SIDE que realizara dos pagos de 200.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías el último artilugio para construir una falsa verdad.
Alegaron que Galeano, cada vez que fue recusado, ocultó el pago ante sus superiores de la Cámara Federal, quienes fueron duramente criticados por el tribunal al avalar los fallos del juez.
Las irregularidades del juez Galeano fueron exactamente las que llevaron a declarar la nulidad de la causa, pero aun así los jueces han tratado de responder cada uno de los indicios que sostuvieron los fiscales y las querellas en la acusación.
