Serán unas 4.000 carillas, que serán entregadas a las querellas en CD, en las que se recorrerá en detalle lo ocurrido en casi tres años de juicio oral y al final, en las últimas 500 fojas, habrá durísimos cargos contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, críticas al aparato judicial y policial del menemismo y obviamente, al juez Galeano, adelantaron fuentes del Tribunal.
Se trata de los fundamentos del fallo del 2 de septiembre último que absolvió por el atentado del 18 de julio de 1994 al reducidor de autos Carlos Telleldín y a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Anastasio Leal y Raúl Ibarra.
La gran incógnita es si los magistrados se animarán a avanzar judicialmente hasta nombrar al mismo ex presidente Carlos Menem, a quien ya aludieron en forma indirecta en un comunicado distribuido el día del veredicto, cuando se consideró que la causa fue armada en base a «oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».
Con los cinco principales acusados ya en libertad, las razones de los jueces catapultarán llamados a declaración indagatoria, apelaciones de su veredicto y una batería de denuncias que salpicarán incluso a ex legisladores como Juan Pablo Cafiero, Carlos ‘Chacho’ Alvarez y Melchor Cruchaga, quienes integraron la Comisión Bicameral de seguimiento de la causa en el Congreso Nacional.
En lo inmediato, el juez federal Claudio Bonadío espera este documento para llamar a indagatoria a Anzorreguy y Galeano por el pago ilegal de 400 mil dólares al entonces detenido Carlos Telleldín a cambio de la confesión en la que involucró a los policías bonaerenses.
Si es confirmado por la Cámara Federal en la causa paralela que investiga las irregularidades del caso, este juez tiene decidido aceptar el pedido que al respecto le hicieron los fiscales Alberto Nisman y Carlos Cearras, explicaron fuentes judiciales.
Pero esto será así siempre y cuando esta pesquisa no cambie de magistrado, y mucho de ello dependerá de lo que los jueces del Tribunal Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo digan en el escrito sobre el ex ministro Corach.
En el veredicto se ordenó investigar su rol en las maniobras previas a la confesión de Telelldín del 5 de julio de 1996 pero no se detallaron los porqués, que se conocerán el viernes.
Bonadío tambalea en la causa debido a que antes de ser juez trabajó como segundo de Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de Menem y por ende no estaría en condiciones de convertirse -ahora- en su investigador y eventual acusador.
En lo central, los jueces considerarán que Galeano colaboró por acción u omisión a la hora de «construir una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender las demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos», como ya adelantaron en su comunicado.
Y la suerte del juez entrará en su recta final: los argumentos acelerarán su llamado a indagatoria en los tribunales de Retiro y también el proceso que ya se le abrió en el Consejo de la Magistratura donde se pretende destituírlo. Galeano está citado por tercera vez para un descargo, esta vez con fecha 5 de noviembre.
En lo que a la causa judicial se refiere, conocer los argumentos de los jueces servirá al fiscal del juicio oral, Alberto Nisman, para apelar ante la Cámara de Casación, principal tribunal penal del país, parte del veredicto: el que absolvió a los policías por una batería de delitos cometidos dentro de la fuerza, más allá de los cargos de «partícipes necesarios» del atentado.
Según Nisman, si bien no se probó que hayan recibido de Telleldín la camioneta que se usó como cochebomba en el ataque, sí pudo habérselos condenado por extorsiones, secuestros extorsivos, falsificación de documentos y otros cargos conexos que el Tribunal también anuló.
En cuanto a la AMIA, la DAIA y los Familiares de las Víctimas, duramente golpeados por el fallo absolutorio, también recurrirán a Casación para intentar rever la decisión de los jueces, algo que llevará meses.
Los fundamentos activarán denuncias judiciales ya hechas contra otros jueces, como el actual camarista Gabriel Cavallo y el federal Norberto Oyarbide, por el rol dudoso que se les atribuye en un episodio donde ambos favorecieron a Galeano: el supuesto robo de un video que contenía una filmación secreta de Telleldín y un también supuesto intento de chantaje del entonces preso Ribelli.
Sobre los ex legisladores de la Bicameral, el Tribunal entendió que deben ser investigados porque omitieron denunciar a Galeano por delitos que conocieron como, precisamente, las grabaciones secretas que hacía el juez con detenidos y, habrá que ver si puede probarse, el pago ilegal a Telleldín.
Del lado de los liberados, los argumentos del Tribunal se esperan para usarlos como base de denuncias penales contra ex funcionarios y querellas civiles en busca de millonarias indemnizaciones por los años -8 en el caso de los policías y 10 de Telleldín- que pasaron en prisión.
Serán unas 4.000 carillas, que serán entregadas a las querellas en CD, en las que se recorrerá en detalle lo ocurrido en casi tres años de juicio oral y al final, en las últimas 500 fojas, habrá durísimos cargos contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, críticas al aparato judicial y policial del menemismo y obviamente, al juez Galeano, adelantaron fuentes del Tribunal.
Se trata de los fundamentos del fallo del 2 de septiembre último que absolvió por el atentado del 18 de julio de 1994 al reducidor de autos Carlos Telleldín y a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Anastasio Leal y Raúl Ibarra.
La gran incógnita es si los magistrados se animarán a avanzar judicialmente hasta nombrar al mismo ex presidente Carlos Menem, a quien ya aludieron en forma indirecta en un comunicado distribuido el día del veredicto, cuando se consideró que la causa fue armada en base a «oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».
Con los cinco principales acusados ya en libertad, las razones de los jueces catapultarán llamados a declaración indagatoria, apelaciones de su veredicto y una batería de denuncias que salpicarán incluso a ex legisladores como Juan Pablo Cafiero, Carlos ‘Chacho’ Alvarez y Melchor Cruchaga, quienes integraron la Comisión Bicameral de seguimiento de la causa en el Congreso Nacional.
En lo inmediato, el juez federal Claudio Bonadío espera este documento para llamar a indagatoria a Anzorreguy y Galeano por el pago ilegal de 400 mil dólares al entonces detenido Carlos Telleldín a cambio de la confesión en la que involucró a los policías bonaerenses.
Si es confirmado por la Cámara Federal en la causa paralela que investiga las irregularidades del caso, este juez tiene decidido aceptar el pedido que al respecto le hicieron los fiscales Alberto Nisman y Carlos Cearras, explicaron fuentes judiciales.
Pero esto será así siempre y cuando esta pesquisa no cambie de magistrado, y mucho de ello dependerá de lo que los jueces del Tribunal Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo digan en el escrito sobre el ex ministro Corach.
En el veredicto se ordenó investigar su rol en las maniobras previas a la confesión de Telelldín del 5 de julio de 1996 pero no se detallaron los porqués, que se conocerán el viernes.
Bonadío tambalea en la causa debido a que antes de ser juez trabajó como segundo de Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de Menem y por ende no estaría en condiciones de convertirse -ahora- en su investigador y eventual acusador.
En lo central, los jueces considerarán que Galeano colaboró por acción u omisión a la hora de «construir una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender las demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos», como ya adelantaron en su comunicado.
Y la suerte del juez entrará en su recta final: los argumentos acelerarán su llamado a indagatoria en los tribunales de Retiro y también el proceso que ya se le abrió en el Consejo de la Magistratura donde se pretende destituírlo. Galeano está citado por tercera vez para un descargo, esta vez con fecha 5 de noviembre.
En lo que a la causa judicial se refiere, conocer los argumentos de los jueces servirá al fiscal del juicio oral, Alberto Nisman, para apelar ante la Cámara de Casación, principal tribunal penal del país, parte del veredicto: el que absolvió a los policías por una batería de delitos cometidos dentro de la fuerza, más allá de los cargos de «partícipes necesarios» del atentado.
Según Nisman, si bien no se probó que hayan recibido de Telleldín la camioneta que se usó como cochebomba en el ataque, sí pudo habérselos condenado por extorsiones, secuestros extorsivos, falsificación de documentos y otros cargos conexos que el Tribunal también anuló.
En cuanto a la AMIA, la DAIA y los Familiares de las Víctimas, duramente golpeados por el fallo absolutorio, también recurrirán a Casación para intentar rever la decisión de los jueces, algo que llevará meses.
Los fundamentos activarán denuncias judiciales ya hechas contra otros jueces, como el actual camarista Gabriel Cavallo y el federal Norberto Oyarbide, por el rol dudoso que se les atribuye en un episodio donde ambos favorecieron a Galeano: el supuesto robo de un video que contenía una filmación secreta de Telleldín y un también supuesto intento de chantaje del entonces preso Ribelli.
Sobre los ex legisladores de la Bicameral, el Tribunal entendió que deben ser investigados porque omitieron denunciar a Galeano por delitos que conocieron como, precisamente, las grabaciones secretas que hacía el juez con detenidos y, habrá que ver si puede probarse, el pago ilegal a Telleldín.
Del lado de los liberados, los argumentos del Tribunal se esperan para usarlos como base de denuncias penales contra ex funcionarios y querellas civiles en busca de millonarias indemnizaciones por los años -8 en el caso de los policías y 10 de Telleldín- que pasaron en prisión.
