Saal Jabara, de 42 años, trabajaba de taxista. Conducía una furgoneta en la transportaba a obreros palestinos hacia sus lugares de trabajo. Cinco viajaban con él el lunes 26 de septiembre por carreteras secundarias de Cisjordania pegadas a los asentamientos judíos de Itamar y Elón Moreh.
En un cruce, Saal observó a un hombre que parecía pedir ayuda. Según testigos presenciales, detuvo su coche, bajó la ventanilla, se dirigió en hebreo a su interlocutor (Yehoshua Elitzur, de 33 años, residente en Itamar) y -sin mediar provocación alguna- recibió un balazo que acabó con su vida.
Yehoshua se entregó horas después a la Policía. Reconoció ser el autor del disparo y dijo haber apretado el gatillo de su M-16 en defensa propia: “La furgoneta iba a gran velocidad hacia mí, quería atropellarme” dijo.
La Policía israelí no creyó demasiado en su versión. Tanto fue así que solicitó al juez que ordenara su encarcelamiento. Pero el magistrado de Kfar Saba no lo consider{o oportuno y decidió poner al colono sólo bajo arresto domiciliario: “Nunca antes se había visto envuelto en incidentes semejantes, no hay por qué pensar que volverá a hacerlo” dijo el juez.
La Fiscalía pidió una revisión del fallo del juez. Diputados y organizaciones de derechos humanos israelíes han puesto el grito en el cielo: “No puede ser que la muerte de un palestino salga tan barata” expresaron.
Tan barata como la vida de Saleh Ibrahim Balalo, de 47 años, natural de Yenín, un enfermo mental abatido por no “respetar” el toque de queda del Ejército israelí en el campo de refugiados.
Balalo se convertía, así, en el primer muerto del quinto año de la Intifada.
