La República Argentina reafirmará allí la voluntad de promover consensos, orientados al fortalecimiento del derecho internacional, la paz y las seguridades internacionales. Estos son valores que asociamos a la democracia representativa, el respeto de los derechos humanos, a un sistema de comercio mundial equilibrado, a una mejor distribución de los beneficios de la globalización y a una democratización del sistema de decisiones en los organismos internacionales. Naciones Unidas debe fortalecer y avanzar en torno a la generación de procedimientos válidos para garantizar la paz y la seguridad a nivel mundial. El informe del Grupo Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, puede ser clave en tal sentido. Sus propuestas tendrán que ser debidamente debatidas y consensuadas para fructificar en decisiones concretas que reflejen y respondan a las diversas perspectivas e intereses de todos los Estados miembros. Estamos convencidos de que no existe alternativa aceptable a la acción multilateral; sólo el debate colectivo y el consenso de una mayoría de países, puede asegurar una acción genuina. La única legitimidad para el uso de la fuerza, debe provenir de las decisiones del Consejo de Seguridad. En virtud de ello, apoyamos los esfuerzos por dotarlo de una mayor transparencia y participación de la comunidad internacional en sus decisiones, sin que ello signifique aumentar los privilegios existentes y el establecimiento de nuevas categorías. La acción del Consejo debe ser innovativa y expresar la voluntad política de la comunidad internacional sin perjuicio de reconocer que siempre la responsabilidad primaria en evitar los conflictos descansará en las propias partes involucradas. Condenamos con firmeza a los actos del terrorismo internacional y sus delitos conexos que tan profundas huellas han dejado en la memoria del pueblo argentino y de otras naciones del mundo asignándole la máxima prioridad. En este combate al terrorismo, resulta imprescindible una activa participación y colaboración de toda la comunidad internacional basada en el respeto al Derecho Internacional. Existe una necesaria vinculación entre el respeto a los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo y debe preservarse el equilibrio entre la defensa que el Estado debe realizar y el respeto de los derechos humanos. Es central para afrontar con éxito al terrorismo, contar con legitimidad en la respuesta y respaldo de la opinión pública internacional. Es necesario entender que esta lógica importa ubicar esta lucha en una dimensión que excede la reacción puramente militar y preponderantemente unilateral. Desde nuestra perspectiva, las amenazas contemporáneas a la paz provienen tanto de la acción criminal del terrorismo como de la proliferación de armas de destrucción masiva, de las violaciones masivas a los derechos humanos como de la ausencia de la participación política democrática. Pero la estabilidad y la seguridad se ven también afectadas por el hambre y la pobreza extremas, por la exclusión social, la ignorancia y el analfabetismo, por la propagación de enfermedades y epidemias y por el daño irreversible al medio ambiente. Por lo tanto, entendiendo que la paz y el desarrollo se refuerzan mutuamente, debemos trabajar en un marco multilateral que promueva sistemas económicos nacionales e internacionales basados en los principios de la justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, responsabilidad e inclusión social. Nuestro compromiso con la paz y la consolidación de la democracia en el mundo, demanda de acciones decididas que nos permitan combatir el hambre, el analfabetismo y la enfermedad, que implican una pérdida efectiva de autonomía y dignidad de las personas y obstaculizan el ejercicio pleno de la ciudadanía. En junio de 2005, la Tercera Reunión Americana de Ministros de Salud y Ambiente, que estamos preparando, trabajará en la evaluación del cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio en la región y presentará sus conclusiones en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas que se llevará a cabo en la Argentina en noviembre de 2005. Sabemos que los problemas vinculados con la desigualdad y la pobreza no podrán resolverse con políticas sociales sólo de carácter asistencial. Aún cuando los planes y programas de asistencia constituyen un recurso necesario, debe evitarse la consolidación de sociedades divididas entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos. En ese marco, es preciso otorgar al trabajo un lugar central en la agenda internacional, vinculándolo con los atributos de libertad, justicia, seguridad y protección, habida cuenta de su carácter de principal vehículo de integración social. El crecimiento económico es una condición indispensable y necesaria pero no suficiente para enfrentar las elevadas tasas de desocupación, informalidad y precariedad laboral que aquejan a nuestras sociedades. Desde el pasado reciente en que muchos de nuestros países vivimos períodos de altos crecimientos con bajas tasas de generación de empleo, alta concentración del ingreso y un significativo aumento en los índices de pobreza e indigencia, es una clara evidencia del error que encierra el mito de que al crecimiento le sigue un derrame inevitable. Por lo tanto, es preciso articular políticas activas que, al tiempo que propicien el desarrollo de los negocios y la inversión productiva, tengan como objetivo prioritario la generación de trabajo decente en el marco de un nuevo paradigma que dote a las transformaciones económicas de un fuerte contenido ético. El trabajo decente constituye el instrumento más efectivo para asegurar un marco de progreso material y humano y debe constituirse en una meta de la próxima década en la comunidad internacional. Las condiciones institucionales propicias para la generación del empleo, son sin duda múltiples y varían de acuerdo con los contextos específicos de cada país. Sin embargo, en los países en desarrollo, la capacidad de los gobiernos democráticos para dar respuesta a los legítimos reclamos de generación de empleo por parte de la sociedad, se ven condicionados por las medidas proteccionistas que limitan el intercambio comercial, especialmente en el sector agrícola. El mundo desarrollado gasta en subsidios a su producción más de 300 mil millones de dólares anuales; esa cifra supera en seis veces la ayuda directa que destinan a los países pobres. Los países más pobres pierden casi 40 mil millones por año por el proteccionismo agrícola de los países desarrollados. El mundo y esa actitud de los países desarrollados, debe cambiar para que de ese modo se pueda impedir que los acontecimientos sigan el actual rumbo perverso. No existe sistema político ni plan económico que pueda tener sustentabilidad mientras subsistan los actuales niveles acuciantes de pobreza y desigualdad. Esto no es algo que vaya a favorecer a un grupo de países, va a favor de la paz y de la seguridad en el mundo. Se suma a lo apuntado, el problema del excesivo peso del endeudamiento externo, el actual diseño de la arquitectura financiera internacional y el papel de los organismos multilaterales de crédito. La década del 90, con excesos financieros a escala global, dio lugar a la expansión de deudas sobredimensionadas en un alto número de países. Para el desarrollo de esos países y para el propio sistema financiero internacional, será importante incorporar de manera expresa el concepto de que el crecimiento económico es la variable central y decisiva en lo que hace a la capacidad de pago y a la sustentabilidad de las deudas. Durante las últimas crisis financieras internacionales, los organismos multilaterales de crédito exhibieron una serie de fallas en la resolución de las mismas. Las soluciones propuestas generaron un efecto contagioso en otros países, lo que magnificó internacionalmente el crecimiento del hambre y la pobreza. El caso de la Argentina resulta paradigmático. Después de aplicar durante la década de los 90 las recetas aconsejadas por los organismos financieros multilaterales, el país sufrió una crisis financiera todavía no totalmente resuelta. En 2002, el Fondo Monetario Internacional incurrió en una severa equivocación en el diagnóstico de la misma lo que lo llevó a cometer importantes errores de pronósticos y recomendaciones de políticas inadecuadas. A partir de nuestra experiencia más reciente y las de otras crisis de endeudamiento, podemos concluir que hubo que dar mayor margen de acción a las autoridades nacionales. Se requiere establecer una relación diferente con el FMI priorizando una solución consistente con la capacidad de pago del país y sostenible en el mediano y largo plazo que preserve los principios de equidad, justicia social, lucha contra la pobreza, el hambre y la desocupación. Debemos promover la reformulación de los puntos de contabilidad fiscal entre la mayoría de los países y, sobre todo, los organismos financieros internacionales, con la finalidad que las inversiones en infraestructura no sean consideradas como gastos corrientes para fines de cálculo de los superávit primarios. Sabemos que los superávit fiscales obtenibles son requisitos para estabilizar las economías y preservar las obligaciones con la comunidad financiera internacional, pero debe entenderse que no cualquier superávit es defendible. Cuando los superávit se logran merced a la eliminación de inversiones en infraestructura física o social, se afecta de tal modo la posibilidad del sustento político y de crecimiento que termina por hacerse de algo virtuoso un instrumento de desequilibrio negativo para el país y negativo para el sostenimiento global de la economía. Del drama de los países sobreendeudados, puede concluirse que las recetas únicas, con pretensión de ser universales y aplicables bajo cualquier circunstancia, tiempo y lugar, resultan ser sólo aproximaciones ideológicas a cuestiones concretas que sólo pueden ser resueltas con realismo, flexibilidad y actitudes proactivas. Nos hacemos cargo de la adopción de políticas ajenas que nos llevaron al peor de los mundos, pero no basta con la simple aceptación por parte de los organismos multilaterales de crédito respecto de su error al aconsejarlas, exigirlas y apoyarlas. Se hace necesario un urgente, fuerte y estructural rediseño del Fondo Monetario Internacional para que pueda prevenir crisis y ayudar a su solución, cambiando el rumbo que lo llevó de prestamista de fomento a acreedores con demandas de privilegio. De otro modo, sólo contará con la capacidad para reclamar teóricas reformas estructurales, sobre cuyos resultados nadie garantiza nada para seguir luego su sucesión de constantes autocríticas. Mientras tanto, en estos países se incrementará la desigualdad a causa de la aplicación de esas reformas y se derramarán lágrimas y pobrezas para los millones de excluidos que esas reformas crean. Ellos harán su mea culpa y nosotros veremos crecer la cantidad de pobres si les volvemos a hacer caso. Por eso decimos que los que más reformas estructurales necesitan son esos organismos internacionales de crédito. En otro orden, apoyamos con decisión las operaciones de mantenimiento de la paz que establecen las Naciones Unidas por medio de los organismos pertinentes. Durante este año hemos duplicado el personal militar y policial acreditado en misiones de mantenimiento de la paz contando en la actualidad con efectivos argentinos en ocho de las dieciséis operaciones existentes. La reciente creación Misión de las Naciones Unidas en Haití, reviste una particular trascendencia. Se trata de la única misión establecida por el Consejo de Seguridad que hoy tiene lugar en suelo americano. La región asumió el compromiso de ayudar al país más pobre de América a retornar al camino del crecimiento y la libertad y garantizar la vida democrática como mecánica idónea para asegurar la dignidad, el desarrollo económico y social y el pleno respeto de los derechos humanos. En este marco, la Argentina reafirma su posición de principio basada en el respeto universal de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La historia de la Argentina explica la firme posición de mi Gobierno en una cuestión que constituye a estas alturas parte de su identidad como nación democrática. Las disputas internacionales deben ser resueltas por medios pacíficos. Las Naciones Unidas han establecido, mediante distintas resoluciones de esta Asamblea General y de su Comité de Descolonización, que la cuestión de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, constituyen una situación colonial especial que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido. El Comité de Descolonización se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido y mucho valoramos su acción a favor de la búsqueda de una solución de esta cuestión. Deseamos reafirmar una vez más la permanente disposición de nuestro país a alcanzar una solución justa, pacífica y duradera de esta disputa de soberanía que constituye una cuestión de la mayor trascendencia para el pueblo argentino. Exhortamos al Reino Unido a dar pronto cumplimiento al llamado de la comunidad internacional y a reanudar estas negociaciones. En el marco austral, nos comprometemos a proteger los intereses de la comunidad internacional en la Antártida asegurando que todas las actividades que allí se desarrollan sean compatibles con el Tratado Antártico y con el Protocolo de Madrid sobre la preservación del medio ambiente. El establecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico en la ciudad de Buenos Aires, es ya una realidad. Agradecemos a quienes siempre apoyaron a la Argentina para esta designación que, sin duda, contribuirá a la consecución de los principales objetivos del sistema del Tratado Antártico. Como Estado amante de la paz y comprometidos con el multilateralismo, la Argentina tradicionalmente ha apoyado la solución de controversias mediante la negociación y el diálogo conforme a los criterios de equidad y justicia. En este sentido, nuestro país respalda plenamente el logro de una paz estable y duradera en Medio Oriente fundada en el inalienable derecho a la libre determinación del pueblo palestino y a un Estado independiente y viable al mismo tiempo que apoyamos el derecho de Israel a vivir en paz con sus vecinos dentro de las fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esperamos que las partes reinicien las negociaciones con vistas a solucionar sus diferencias y den cumplimiento a lo que respectivamente les estipula la hoja de ruta, plan que la Argentina, junto a la comunidad internacional, considera como proceso más idóneo para llegar a la paz definitiva y justa en la región. La República Argentina impulsa la realización de los objetivos sobre la reducción del hambre y la pobreza, el suministro de agua potable y servicios sanitarios, que también fueron temas centrales de la Cumbre del Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo al cumplirse diez años de la Conferencia de Río de Janeiro. La protección de la atmósfera es materia de nuestra especial preocupación, no solamente en lo que se refiere a la capa de ozono, sino también en todas las acciones necesarias para mitigar el cambio climático y contribuir a facilitar la adaptación a los cambios que ya se están produciendo y se encuentran en la raíz de los eventos metereológicos extremos que afligen en especial a los países en desarrollo. En este contexto, en esta preocupación y convencidos de la conveniencia de la pronta entrada en vigor del Protocolo de Kioto, hemos invitado a realizar en Buenos Aires la Décima Conferencia de las Partes en el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático con la intención de ayudar a dar fuerte impulso a los esfuerzos concertados de adaptación. Espero recibir y agasajar a las delegaciones de sus gobiernos en ese evento de alto nivel que tendré el honor de inaugurar en Buenos Aires. Por eso, llamamos desde esta reunión de las Naciones Unidas a tener la fortaleza, el coraje y la decisión de construir un mundo en paz y en justicia y evitar el funcionamiento de normas absolutamente inequitativas como muchas veces pasa en los propios organismos multilaterales de crédito que se terminan convirtiendo en problemas durísimos para muchísimas naciones del mundo y para el crecimiento de la pobreza.
Muchísimas gracias.
