La sociedad despertó sorprendida cuando después de diez años y de un juicio oral de tres, los culpables son tan ignotos como a las 9 horas 54 minutos del 18 de julio de 1994.
Sin embargo, hubo formas de interiorizarse de otras hipótesis. Voces solitarias que investigaron y cuestionaron “LA HISTORIA OFICIAL”: Jorge Lanata, Joe Goldman, Juan Salinas, Gabriel Levinas, el mensuario Nueva Sión y Horacio Lutzky, entre otros, buscaron caminos diferentes y patentizaron en forma dramática el encubrimiento perpetrado por el juez Galeano que instruyó la causa.
En 1997, Laura Ginsberg gritó en la calle Pasteur que la conexión local del atentado era el Estado argentino. Como Emile Zolá, cien años atrás, afirmo: “Yo acuso al gobierno de Menem – Duhalde de encubrir a la conexión local que sirvió para matar a nuestros familiares”.
Las autoridades comunitarias corrieron a pedir perdón a los principales artífices del encubrimiento. En años siguientes, asociaciones de familiares como Memoria Activa y APEMIA clamaron con distintos tonos y modulaciones que la investigación era un gigantesco fraude.
A la vista, y con la indiferencia de una sociedad que vivió una fiesta ficticia y padeció la resaca, se plantaron pruebas, se borraron otras, se destruyeron elementos vitales, se desecharon senderos que podían complicar al poder como la llamada “pista siria”, se buscaron culpables ficticios, enmarcados en el despiadado conflicto Menem – Duhalde.
En una confluencia de azarosas circunstancias históricas, a Israel y a Menem les convenía desechar la pista siria. Al primero porque estaba negociando un acuerdo de paz con su vecino. Al riojano, porque posiblemente sabía que el atentado era una represalia por promesas impagas efectuadas con liviandad durante la campaña electoral de 1988/1989, regada con generosos fondos del Medio Oriente. Algunos de los sospechosos de la pista desechada estaban vinculados a personajes significativos de su entorno. Como emblema individual de esta alianza estratégica, el embajador Avirán terminó vinculado a negocios poco claros con el gobierno. El mismo gobierno que, según declaraciones del Brigadier Antonietti en el juicio oral, nunca trató la investigación del atentado en reunión de gabinete.
Se le pagó a un imputado, Telleldín, para acusar a policías bonaerenses, siendo Ribelli el de mayor graduación, como traslado de los culpables del atentado al territorio de Duhalde. Las escenas fueron grabadas por el propio juez sobornador y difundidas por Jorge Lanata ante el horror de las autoridades comunitarias y de muchos “progresistas” que consideraban que el alejamiento del juez encubridor derrumbaba la causa por la magnitud de la misma.
En diez años, hubo un encubrimiento poderoso y gritos contra ese encubrimiento. Hubo familiares que denunciaron el accionar de los sucesivos gobiernos, de Galeano, de la DAIA, los que se quedaron afónicos clamando por una justicia inexistente. Y hubo quienes, en su dolor, confiaron en una representación comunitaria sin comprender que los traicionaban o se los canjeaba (su dolor y sus muertos) por redescuentos y salvatajes bancarios.
Una sentencia aleccionadora
La sentencia del Tribunal Oral Federal número 3 revela, en principio y con la salvedad de estar pendiente el conocimiento de las fundamentaciones, equilibrio y valentía.
Los inculpados son en su inmensa mayoría impresentables. Pocos hubieran llorados por su suerte. De manera que un fallo que los condenara hubiera atenuado la presión social y aportado merecidos elogios. Pero no había pruebas, o las obtenidas se habían realizado contra todas las prescripciones legales.
El Tribunal optó por las garantías constitucionales. Eligió la justicia. Esa que se extravió en los laberintos de la impunidad instrumentado por Galeano con el apoyo de la SIDE, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras. Todo con la instigación activa de Carlos Menem y sus muchachos (Corach, Ruckauf, Anzorreguy, Franco, Antonietti). Continuados magníficamente en el entramado de la impunidad por De la Rúa y Duhalde.
Pero por primera vez en diez años se acierta claramente, evitando perejiles y enfocando la luz sobre la cúspide del poder. En un lenguaje descarnado, se traza una síntesis de una década inolvidable por sus consecuencias depredadoras. La conclusión más categórica es que entre el gobierno de Carlos Menem, a través del ex Ministro del Interior Carlos Corach, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon Muller y José Barbachia y el más importante dirigente de la comunidad judía -Rubén Beraja-, construyeron una pista falsa, para lo cual pagaron a un imputado con el objeto de entregar a la sociedad casi dos docenas de culpables con el fin de dejar la impresión de que la masacre quedara aclarada.
En otra parte de la sentencia se afirma: “El doctor Galeano se apartó de la búsqueda de la verdad real, incurriendo en comportamientos contrarios al ordenamiento legal, proceder en que colaboraron, sea por acción u omisión, distintos organismos de los tres poderes del Estado, otorgándole sostén político y/o encubrimientos a su actuación irregular e ilegal”. Se solicita que se sortee un juez que investigue a Corach y Anzorreguy por haber sido parte del plan mediante el cual se arregló con Telleldín y se le pagó.
Lamentablemente, el fallo no extiende la investigación a Menem, Ruckauf, Duhalde y De la Rúa. Pero resulta evidente que una investigación seria llegará hasta ellos. Para lo cual Néstor Kirchner debe abrir todos los archivos.
La sentencia da por cierto la Trafic, de la que dudan casi todas las investigaciones periodísticas exteriorizadas en libros.
En cuanto a los absueltos, sería conveniente que junto a sus abogados no se presenten como émulos virginales de la Madre Teresa de Calcuta.
La Argentina desconcertante
Los jueces federales constituyen una calamidad similar a los jueces desplazados de la Suprema Corte. El juez que tiene que investigar a Juan José Galeano es Claudio Bonadío que fue segundo de Corach y a quien le debe su promoción a magistrado. Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, es una versión muy parecida a la de Galeano. Por eso una Comisión Independiente, con figuras insospechadas, sin que quede obviada la responsabilidad del Estado y del gobierno, con todo el apoyo de las instituciones estatales, es una alternativa posible. Debería hacer lo que Galeano no hizo. Investigar, ahora partiendo desde el encubrimiento. Tirar de ese hilo hasta determinar quiénes y por qué lo hicieron. Y lo que debe quedar claro, absolutamente claro, es que el primer responsable es el Estado argentino.
En medio del desconcierto y desconocimiento de buena parte de la población, las instituciones comunitarias con la bandera de la solicitud de los familiares realizan una confusa convocatoria a la Plaza de los Dos Congresos.
La DAIA está en manos de los herederos de Rubén Beraja. Su vicepresidente, en reemplazo de Gilbert Lewi con licencia por tiempo indeterminado, es Jorge Kirszenbaum un ex abogado del Banco Mayo. La abogada de la DAIA y de Beraja, la doctora Marta Nercellas, acudió hace dos semanas al Consejo de la Magistratura para alegar a favor del juez Juan José Galeano. Fue la misma institución que se opuso oportunamente a la petición de la apertura de los archivos de la SIDE.
Muchos de los cómplices del encubrimiento, y una parte importante de los familiares de las víctimas convocan a un acto por la justicia, contra la impunidad y -según algunos de los convocantes- en rechazo al fallo absolutorio del juicio oral.
Este último argumento es un mal camino que sólo es funcional para el intento de blanqueo de los cómplices comunitarios del encubrimiento.
Nadie mejor que un judío, para saber que nunca se deben buscar chivos expiatorios. Hay milenios de experiencia acumulada, hay inagotables historias reiteradas para infringir a otros, sin las pruebas suficientes, las injusticias padecidas en otros contextos, en otras geografías.
Deben encontrarse a los ejecutores y encubridores reales, más allá del enorme vacío y angustia que significa estar a diez años del atentado con las manos vacías.
El fallo del Tribunal Oral Federal número 3 destapó, para todos los argentinos que quieran, ver la impunidad de una década.
Los paraguas que intentan recrear la escenografía del multitudinario acto del 21 de julio de 1994, son la instrumentación de un símbolo, el dolor de los familiares debajo del cual intentan cubrirse los dirigentes que traficaron con su dolor.
La colectividad judía debe desembarazarse de los dirigentes que fueron socios de la impunidad activa.Debe movilizarse para cambiar la forma precaria de elección de sus autoridades. Que sea por voto directo y no por institución. Y mientras tanto, convocarse por Justicia y admitiendo que la sentencia del Tribunal es un buen punto de partida.
Los familiares deben superar algunas divisiones absurdas, reconociendo las legítimas, y coincidir en tres o cuatro puntos básicos que permitan un accionar común al margen de las instituciones de la comunidad, hasta tanto estas se depuren.
Como bien lo ha afirmado el periodista Ernesto Tenembaun, la colectividad debe proceder como lo hizo en la década del treinta con la Zwi Migdal, un grupo dedicado a la prostitución de mujeres. Los apartó al punto que les negó la posibilidad de ser enterrados en sus cementerios.
Hay demasiadas miserias en ésta historia. Hay demasiados canallas libres. El principal imputado social es un ex Presidente prófugo de la Justicia.
Mientras los encubridores, difícilmente los ejecutores, estén lejos de la sentencia de la justicia, mientras no reciban las penas que merecen, los 85 muertos de la AMIA permanecerán insepultos. Sus familiares padecerán un duelo eterno. Y la Argentina estará sometida a ser víctima de la impunidad activa.
