A un mes de cumplirse 12 años del atentado que conmocionó a la Argentina, y con la resolución de la Sala II del máximo tribunal penal de la Nación, la AMIA, la DAIA, la Fiscalía y los familiares alineados con las posiciones de lo que fuera la querella oficial, sólo tiene ahora la instancia de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Alejandro Slokar, actual titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) del atentado a la AMIA, le solicitó al juez federal Ariel Lijo la «urgente» detención del ex juez federal Juan José Galeano por delitos que habría cometido en la causa judicial que instruyó sobre el atentado de julio del ´94.
Slokar pidió a Lijo que indague a Galeano y a los ex fiscales Mullen y Barbaccia por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de los cuatro policías bonaerenses encarcelados en 1996 -y hasta 2004- luego de la «versión fraudulenta» brindada por el ex detenido Carlos Telleldín a cambio de 400.000 dólares con fondos de la SIDE.
La sentencia del Tribunal de Casación ratifica, en todo, lo juzgado por el TOF 3 y revaloriza algunos conceptos que deberían de hacer pensar a la dirigencia de la comunidad judía de la Argentina dado que, desde el trabajo de sus abogados tildaron de “injusta, dogmática y arbitraria la postura del tribunal porque, a pesar de trabajar sobre “una versión arquitectónicamente destinada a brindar sustento probatorio a una hipótesis falsa” la querella afirma que “la circunstancia de que la investigación presente irregularidades y actos nulos, no puede implicar, de por sí, que todo se trató de una causa armada con la única intención de someter a proceso a gente que se sabía ajena al hecho investigado”.
¿Por qué se sabía?
¿Por qué se sabía? cabe preguntarse.
Sin hacer un juicio de valor acerca de las acciones irresponsables de algunos actores involucrados en la causa ‘Brigada’ (en la que se juzgaba la llamada conexión local del atentado), en la reconfirmación del fallo de Casación, pueden leerse -por ejemplo- los diversos pasajes:
…”Las irregularidades cometidas en el mes de julio de 1996 y que se detallarán a continuación, constituyeron el punto culminante que permitió demostrar el «armado arquitectónico» de las imputaciones a los policías, a quienes se les reprochó la responsabilidad de la «conexión local» del atentado a la sede de la AMIA.
En primer término, es menester hacer referencia al video del 1° de julio de 1996 que documenta otra de las entrevistas que mantuvieron el ex juez Galeano y el imputado Telleldín.
Al respecto han sido correctas las consideraciones vertidas por el tribunal oral acerca de que esa filmación da cuenta del modo (y el monto) en que se produjo la negociación por la «venta de los derechos del libro», eufemismo utilizado para denominar la declaración indagatoria que Telleldín suscribiría en el expediente imputando a los integrantes de la policía bonaerense la recepción de la camioneta Trafic utilizada en el atentado.
Luego de analizar las pruebas del debate, el tribunal de juicio concluyó que fue el propio magistrado el que estuvo a cargo de la negociación y que cuando se refería al «libro» aludía, en verdad, a la versión de los hechos que Telleldín brindaría en la causa”…
…”Ha sido debidamente acreditado que Telleldín recibió la suma de U$S 400.000, que fue abonada por orden del juez Galeano con fondos aportados por la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cambio de ampliar sus dichos en estos actuados”…
… “el fallo tuvo por acreditado que el defensor del imputado, Dr. Stinfale, y el presidente de la DAIA, Rubén Ezra Beraja, mantuvieron conversaciones extra procesales con el objeto de que el imputado declarara a cambio de obtener recursos para proteger a su familia.
De conformidad con lo requerido por las partes (fiscalía, querellas y defensas) y sobre la base de que los dichos de Telleldín no fueron libres ni espontáneos, el Tribunal Oral decretó la nulidad de la declaración indagatoria por él prestada el 5 de julio de 1996”…
…”Al margen de la actividad irregular desplegada por el juez federal, debe mencionarse la colaboración que en ella les cupo a los letrados actuantes.
En tal sentido, corresponde señalar las reuniones en las que participaron los representantes de la DAIA, Dres. Roberto Zaidemberg (N. de la R.: el mismo que el 10 de febrero de 2005 publicara una carta en el diario ‘La Nación’ defendiendo al entonces juez Galeano antes de su caída en desgracia: “Quieren sumarse a Hezbollah? -decía Zaidemberg-. Entonces sancionen al juez que tiene desde hace 8 años sentencia de muerte emitida por esa organización, pero no intenten engañarnos más. Somos gente honesta que hemos tenido buenos propósitos”) y Marta Nercellas, con el Dr. Marcelo García y su asistido Bautista Alberto Huici. Dichos encuentros fueron grabados sin el consentimiento de los últimos nombrados, y sin notificar a todas las partes. Valga recordar que los querellantes concurrieron a los lugares de encuentro dotados de micrófonos inalámbricos por orden del juez…
Por otra parte, también se celebraron -en la sede del juzgado interviniente- reuniones entre el imputado Telleldín, su defensor el Dr. Stinfale y los representantes de la querella, Dres. Rubén Beraja, Rogelio Cichowolski, Luis Dobniewski y Javier Astigarraga. De estos encuentros cabe resaltar que no fueron notificadas las otras querellas, no participó funcionario judicial alguno y en la causa no se dejó constancia de que se hubieran llevado a cabo ni de los temas que se abordaron.
Al respecto, cabe destacar que estas reuniones pudieron llevarse a cabo solamente con la anuencia del juez federal. Esto muestra cómo funcionarios y abogados intervinientes en la causa se apartaron de las normas procesales para obtener algún dato de interés para la investigación, a costa de que, con tal proceder, se vulnerasen distintas garantías constitucionales”…
… “En mérito de lo expuesto, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE:
Rechazar los recursos de casación deducidos por el Ministerio Público Fiscal y por la querella AMIA-DAIA y Grupo de Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA y en consecuencia confirmar la sentencia impugnada”.
Preguntas
¿Son la AMIA y la DAIA responsables del atentado?: bajo ningún concepto, dejemos esto bien claro. Sin embargo, tanto el fallo del TOF 3 como el de Casación, se desprende que sus abogados, y algunos de sus dirigentes, intentaron instalar, como lo menciona el fallo de Casación, el “armado arquitectónico” para que la causa tuviera presos y culpables, pero nada acerca de verdad y justicia.
¿Por qué fueron partícipes de este armado?
¿Qué oculta la dirigencia?
El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, al momento del atentado, estaba a cargo del ministerio del Interior (el ministro Carlos Ruckauf se encontraba de viaje en los Estados Unidos):
¿Por qué nadie le consultó a Iribarne por los helicópteros que sobrevolaron la AMIA la noche anterior a la explosión?
¿Por qué nadie le preguntó por qué nadie aceptó, en su ministerio, el ofrecimiento del entonces general Balza que había acantonado una brigada de rescate del ejército en Campo de Mayo que habría llegado a la zona del atentado varios días antes que la brigada israelí?
¿Por qué el diario Ambito Financiero entrecomilla “hizo las paces” en la nota donde informa de la visita de Iribarne a la DAIA si ésta organización nunca estuvo enojada con el menemismo (“… la DAIA “hizo las paces” con el funcionario que perteneció al gobierno de Carlos Menem…”)?
¿Por qué no cesan en sus funciones los abogados de AMIA/DAIA luego de haber llevado la causa a este punto sin retorno dentro del ámbito de la justicia formal?
18 de julio de 2006
Los distintos hechos que marcan una aproximación entre la DAIA y el gobierno (Cristina de Kirchner como oradora en el recordatorio por el Holocuasto, la visita de los ministros Iribarne y Taiana -el primero también estuvo en la AMIA-), y el despido de Alejandro Rúa de la UEI AMIA, no marcan un panorama alentador porque el gobierno no se acerca a quienes buscan la verdad -como quedó demostrado en el juicio oral y en Casación-, sino a quienes quieren tener presos para cerrar una de las causas más importantes en la justicia argentina y poder contar una historia plagada de mentiras verdaderas.
¿Podrá el Presidente Kirchner estar en el próximo acto por los 12 años del atentado sin recibir críticas?
Esta, por ahora, es una pregunta con final abierto.
