En 1944, poco antes de la finalización de la II Guerra Mundial, los representantes de 44 gobiernos aliados se reunieron en Bretton Woods con el objeto de llevar adelante una serie de acuerdos destinados a prefijar el marco en el que se desarrollarían la economía y las finanzas mundiales durante la posguerra. Dado el estado de devastación de los países europeos, la correlación de fuerzas implicó que los lineamientos centrales fueran impuestos por la delegación norteamericana, encabezada por Harry Dexter White. Uno de los resultados de dicho encuentro fue la creación del FMI, cuyo estatuto promovía la cooperación internacional para la eliminación de restricciones cambiarias, la estabilidad de las paridades y el multilateralismo de los pagos internacionales. Llamativamente, una de las ideas de White, que no fue tomada en cuenta, decía que “los flujos de capitales debían ser controlados, porque de otro modo se volverían una fuerza independiente y destructiva contra las relaciones comerciales normales entre las naciones”.
Sin embargo, y a pesar de los propósitos declarados en el estatuto original, desde sus comienzos hasta el presente el FMI utilizó su influencia como una herramienta a favor de las corporaciones internacionales, especialmente las de EEUU, en perjuicio de los países en desarrollo. Para comprender esto es menester tomar en consideración que el funcionamiento de dicho organismo es inherentemente antidemocrático: en lugar de manejarse con el criterio de que cada Estado soberano tenga el mismo peso, los votos dentro del organismo son función del monto de capital que cada país ha aportado originalmente. En consecuencia, son los países del G-7 quienes en la práctica tienen un peso abrumador de las decisiones del Fondo.
Específicamente, en cuanto a la relación de Brasil y Argentina con el FMI, sus respectivos inicios fueron diametralmente opuestos: mientras que el primero participó en la creación del organismo como socio fundador durante el gobierno de Vargas, y se incorporó el 14 de enero de 1946, nuestro país fue la última república latinoamericana en adherirse. La primera misión del Fondo llegó a estas tierras en 1946 para entrevistarse con Juan Domingo Perón, quien luego de encargar a un conjunto de técnicos el estudio de la propuesta declaró en su estilo campero que “se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo”, para luego decir: “yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda”. Recién el 31 de agosto de 1956, durante la llamada “Revolución Libertadora”, la Argentina adhirió al Fondo y, al año siguiente, en 1957, el ministro de Hacienda Krieger Vasena concretó la primera operación. Ya en aquel entonces el FMI exigía una serie de condicionalidades muy similares a las actuales para acceder al crédito, entre las cuales se destacan: fomento a la inversión extranjera, disminución de la protección arancelaria e industrial, disminución del déficit fiscal, devaluación y liberación cambiaria, eliminación de los controles de precios y restricciones a los aumentos salariales. Posteriormente, como durante la presidencia de Perón, Illía tampoco negociará ningún acuerdo con el Fondo, pero sin llegar al extremo de la ruptura.
Brasil, por su parte, pese a haber participado en la creación del organismo, mantuvo una relación sumamente conflictiva con el FMI durante muchos años. El origen de las tensiones se inicia con un acuerdo firmado con el Fondo en 1958: al año siguiente el gobierno de Juscelino Kubitscheck, que había emprendido un programa de metas cuyo eslogan era “cincuenta años en cinco”, se resistió a adoptar medidas de austeridad monetaria y fiscal, así como a llevar a cabo las políticas exigidas para el control de la inflación, y rompió con el FMI. Asesorado por Celso Furtado e influido por la teoría desarrollista, Kubitscheck declararía “Una única conclusión se imponía, por tanto: la de que el comportamiento (del FMI) obedecía a un esquema secreto, teniendo por objetivo conservar a las naciones subdesarrolladas de América Latina siempre subdesarrolladas”. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, la ruptura de Kubitscheck quedaría como un símbolo de independencia política en el imaginario del país vecino.
La historia de idas y venidas con el FMI, tanto en Brasil como Argentina, conoce un punto de inflexión tras los cambios acaecidos en el capitalismo mundial en la década de los ‘70. Hasta entonces, los empréstitos estaban orientados a solucionar desequilibrios transitorios en el sector externo, siendo la relación con el organismo internacional de carácter circunstancial. Será a partir del masivo endeudamiento de estas economías que la relación con el FMI cambiará radicalmente. El predominio del capital financiero sobre el productivo, propio de los últimos treinta años, reposa en una lógica, enmarcada en los preceptos del Consenso de Washington, consistente en la extracción de renta financiera de los países pobres o en desarrollo. En este marco, el FMI y el Banco Mundial se convirtieron en los representantes a nivel global de las corporaciones financieras, en complicidad con ciertos sectores de las clases dirigentes de los países periféricos.
La presencia del FMI desde mediados de los años ‘70 fue considerablemente diferente en ambos países. La dictadura en Argentina estableció estrechas relaciones con el Fondo, utilizando una importante parte del endeudamiento externo para permitir que grupos económicos llevaran adelante ganancias fenomenales en el circuito financiero, al tiempo que se liberalizaban los flujos de capitales y mercancías en un proceso de desindustrialización de la economía. Por su lado, entre fines de los ’60 y mediados de la década siguiente, Brasil vivió lo que se dio en llamar “el milagro económico”, con tasas de crecimientos cercanas al 10% anual y en el marco de medidas de control del movimiento de capitales y fuertes flujos de inversión extranjera. Pero, a partir de la crisis del petróleo en 1973, procuró no solucionar sus problemas de balanza de pagos a través del FMI, para lo cual recurrió al mercado europeo de eurodólares. En otras palabras, la dictadura brasilera evitó negociar con el Fondo durante las turbulencias sufridas en los setenta, a diferencia de lo ocurrido en nuestro país.
La crisis de la deuda a partir de 1982, que afectó profundamente a América Latina, implicó un nuevo campo de acción para el FMI. A partir de entonces, la solución aportada por el Fondo consistió en la aplicación de los denominados “Planes de Ajuste Estructural” (PAE), que tenían como objetivo reestablecer los equilibrios de la Balanza de Pagos de los países afectados por la crisis y permitir así que éstos cumpliesen con el servicio de la deuda. Los PAE se convirtieron desde la década de los ’80 hasta hoy en la receta única aplicada a todos los países que querían acceder al financiamiento del FMI o a los préstamos del Banco Mundial. Se repiten desde entonces los lineamientos de política económica que hemos descrito para la Argentina de 1957, con algunos puntos adicionales: además de equilibrio fiscal, comenzó a exigirse la existencia de superávit primario; privatización de las empresas estatales; privatización de la banca pública; desregulación de los mercados; reforma laboral.
En este contexto, desde entonces hasta la fecha tanto la Argentina como el Brasil firmaron reiterados acuerdos con el FMI, a través de los cuales el organismo impulsó reformas acordes a los PAE. Así, el Fondo logró la implementación de políticas neoliberales, iniciadas en Argentina durante la dictadura y continuadas sobre todo en los años ‘90, al tiempo que en Brasil dicha tarea recayó en gobiernos democráticos.
A través de estos acuerdos, tanto la Argentina como Brasil se vieron presionados -en complicidad con sectores internos del capital más concentrado- a implementar las reformas del Consenso de Washington, cuyos devastadores efectos son ya ampliamente reconocidos. En este contexto, ¿qué podemos decir de la cancelación de la deuda con el FMI? Dos grandes críticas se han realizado a esta medida: hay quienes sostienen que debería haberse exigido una quita en la deuda, debido a la corresponsabilidad del Fondo con el endeudamiento externo y la crisis. Otros economistas arguyen que dichos dólares pudieron ser usados para planes productivos y mejorar la distribución de los ingresos. Sin embargo, resulta evidente que el mantenimiento de la sujeción al FMI implicaba una gran limitación respecto a las políticas económicas que podían llevarse a cabo. La pregunta es, entonces, ¿usarán el gobierno de Kirchner y el de Lula el margen de acción que tan caro han pagado? Si la Argentina no emprende ciertas reformas fundamentales para consolidar definitivamente la orientación económica del país, la decisión de pagar con reservas habrá sido en vano. Tal como sostiene la última declaración del Plan Fénix: “La reciente cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional constituye una instancia importante en el rescate de la soberanía económica de la Nación. Cabe esperar que la liberación de los condicionamientos que esas deudas imponían a la acción del Estado abra paso a privilegiar la atención de la inmensa deuda social heredada, en el marco de un programa de desarrollo con equidad.”
