Se trata de un tramo en la zona de Tulkarem, próximo al asentamiento judío de Alfei Menashe, que dejó de hecho encerrados en un enclave a más de mil campesinos palestinos cuyas tierras fueron expropiadas para levantar la valla.
El Gobierno y las autoridades militares “tendrán que buscar otra solución” afirman los jueces en su fallo. Las demandas de los palestinos fueron presentadas por abogados de varias organizaciones de Derechos Humanos, que ven en el fallo “una victoria” de su gestión y “un nuevo precedente de gran importancia para futuras demandas”.
El dictamen del Tribunal, conformado por nueve jueces, también tenía previsto sentar su posición acerca de un dictamen de la Corte Internacional de La Haya, que hace 14 meses declaró ilegal la construcción de la valla en tierras palestinas.
La opinión de los 18 jueces de esta corte internacional, cuya jurisdicción recusó entonces el Gobierno de Israel, fue solicitada por la Asamblea General de la ONU, a la que el pasado jueves 15 de septiembre dirigió un mensaje el primer ministro, Ariel Sharón, luego de haber transcurrido tan sólo 4 días de la retirada militar israelí de Gaza.
El ministro de Exteriores, Silvan Shalom, declaró que esa valla “no tiene ninguna finalidad política y podrá ser mudada según sea el resultado de las futuras negociaciones de paz con los palestinos”. Los magistrados israelíes, aparentemente, no se refieren en lo que ha trascendido de su fallo al carácter legal o ilegal del muro, como lo hizo la Corte de La Haya, sino, simplemente, a los perjuicios que esa obra causa a los demandantes palestinos.
