Informe de la SIP sobre Argentina:

Solicitan apertura y respeto a la prensa

La SIP criticó duramente la situación en Argentina, en particular el manejo que hace el Gobierno de la publicidad oficial y lo que describe como una reticencia de las autoridades a suministrar información a la prensa.
El presidente de la SIP, el peruano Alejo Miró Quesada, dijo que el Gobierno «no acepta (a los medios de comunicación) como interlocutores válidos entre la sociedad y el gobierno».
En su informe final, la SIP reclamó al gobierno argentino «que adopte una política de apertura y respeto por la tarea de los profesionales de la prensa».
«La publicidad oficial debe ajustarse a pautas técnicas que garanticen la optimización en el uso de los recursos de los contribuyentes que aseguren los mejores resultados en los objetivos publicitarios perseguidos y que a la vez constituya una garantía de transparencia y desechen todo tipo de sospechas de que la publicidad oficial se está utilizando para premiar o castigar a medios y periodistas».
La SIP, por otra parte, dispuso «rechazar por improcedentes y falsos todos los ataques proferidos por el presidente Néstor Kirchner contra la SIP, la misión y algunos de sus miembros».
Una misión de la SIP -que visitó recientemente Argentina- fue duramente criticada por el Gobierno, incluido el Presidente Kirchner, quien dijo que el organismo servía los intereses de los dueños de los diarios.
El informe sobre Argentina manifiesta «total respaldo y confianza al ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, su solidaridad al subdirector de ‘La Nación’, Claudio Escribano, y con los medios de prensa uruguayos atacados por el jefe del Poder Ejecutivo argentino».
La SIP dedicó un párrafo aparte a la situación en la provincia de Neuquén, donde dijo haber constatado «la discriminación informativa a la que están sometidos el diario Río Negro y otros medios de comunicación y periodistas».
El organismo dispuso «exhortar al poder ejecutivo de Neuquén a que aplique una política informativa abierta y amplia, que favorezca el derecho del público a la información pública en poder de los poderes públicos de la provincia».