A diez años de aquel trágico 18 de julio, los hechos no se han esclarecido y los culpables no están identificados.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional no se realizó la adecuada prevención previa y, además, se encubrió a los autores. El Juez Galeano ha incurrido en inadmisibles irregularidades procesales y, para coronar sus desatinos, solicitó a la SIDE 475.000 dólares para negociar una declaración de Telleldín, que le permitiera procesar a policías bonaerenses. Su gravísima conducta determinó que la Cámara Federal lo apartara de la causa y, actualmente, el Consejo de la Magistratura tramita su juicio político impulsado por varias denuncias.
Los fiscales Mullen y Barbaccia, cuya misión era controlar la legalidad del proceso, conocieron ese pago y lo consintieron y también aceptaron diversas irregularidades, lo que motivó que fueran recusados en el juicio oral sospechados de parcialidad en su comportamiento futuro.
Frente a este panorama judicial tan negativo, el Tribunal Oral Nº 3 -que lleva casi 3 años de prolija investigación y ha escuchado a más de 1.500 testigos- es un ejemplo de la independencia y profesionalidad que esta causa necesitaba.
También ha sido fundamental la inédita decisión del Presidente Kirchner de desclasificar los antecedentes obrantes en la SIDE y de relevar a sus agentes de la obligación de guardar secreto sobre sus actividades. Actualmente, casi 2.000 carpetas de ese organismo son analizadas por familiares de las víctimas, diversas organizaciones y el Secretario de la Unidad Especial -Alejandro Rúa-, y esperamos que de ese examen surjan pistas no exploradas hasta ahora.
No puede obviarse el señalamiento de la responsabilidad de la dirigencia comunitaria judía -especialmente la de la DAIA- cuya participación era imprescindible en el armado de la “versión oficial” , que se unió con fervor a la estrategia manipulada entre funcionarios de Menem, la SIDE, el Juez y los fiscales.
También, vale decirlo, hubo sectores que lucharon dignamente y en soledad contra la impunidad.
En síntesis, está claro que durante años no se buscó la verdad sino que se eligieron los culpables y se construyó cómo llegar a ellos. Es decir, se quiso un culpable que permitiera cerrar el caso y garantizar, así, la no profundización de la investigación.
Afortunadamente, la maniobra no tuvo éxito y la tendencia al encubrimiento se revirtió. Hoy, con más energía que antes, debemos comprometernos en la búsqueda de la verdad porque queremos a los culpables y no a un culpable dibujado.
Solo así las víctimas descansarán en paz, los familiares encontrarán consuelo y los 39 millones de argentinos cicatrizaremos la herida.
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