La argumentación de la Corte israelí allana el camino a que siga la destrucción, puesto que da carta blanca al Ejército para que decida qué los conceptos de «seguridad» según sus criterios. Formalmente, la sentencia ofrece la posibilidad de recurrir a la demolición de viviendas e impone el mandato de publicar con antelación el listado de los inmuebles afectados.
De momento, el jefe del Estado Mayor israelí, el general Moshé Yaalon, aseguró en la reunión semanal del Consejo de Ministros, que «muchas casas ya han sido marcadas para ser derribadas». El coronel Shuki Rinsky, uno de los máximos responsables militares de Gaza, aseguró que si sus soldados están peligro, continuarán destruyendo viviendas «sin previo aviso».
El presidente palestino, Yasser Arafat, denunció que la destrucción de casas «es una cruel agresión». La oficina del primer ministro, Abu Ala, calificó las demoliciones de «limpieza étnica».
Mientras, el primer ministro israelí, Ariel Sharón, intenta otra vez dar una nueva forma a su casi moribundo plan de retirada unilateral de Gaza. Según fuentes cercanas al Primer Ministro, el plan definitivo introducirá «algunos cambios» respecto al que fue rechazado en el referendum.
